El uno es acusado de una masiva fuga de presos en Cúcuta y el otro es un desertor del proceso de paz con la Farc que volvió a tomar las armas, al tiempo que ambos, hoy, son responsables de la grave situación de orden público en Norte de Santander.
A Alfred, máximo comandante del frente de guerra Nororiental del Eln y a Andrey, cabecilla de las disidencias de las Farc, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, les dio un mes para entregarse al declararlos objetivos militares.
Revisando los expedientes surge la peligrosidad de Alfred, investido por la fuga de 70 presos de la cárcel Modelo de Cúcuta, en 2000, el asesinato de dos sacerdotes y dos civiles, en Convención, y en la muerte de varios militares y policías en emboscadas con explosivos y hostigamientos armados en Ocaña y El Carmen.
Ese prontuario habla por sí solo de que Robinson Navarro Flórez no representa ninguna opción de paz, puesto que siempre actúa como un dinamizador de la violencia en el nororiente del país, en donde opera esa estructura armada ilegal bajo su mando.
Este cabecilla, a quien se le conoce, igualmente, con el alias de Francisco, nos muestra la prevalencia de las facciones guerreristas dentro del Eln, como ha quedado confirmado con su degradado accionar bélico en la guerra del Catatumbo, desde mediados de enero del año pasado.
Y en ese mismo campo de batalla se encuentra Carlos Eduardo García, del frente 33 de la disidencia de las Farc, a quien la Jurisdicción Especial para la Paz:(JEP) expulsó porque "desertó del proceso de paz" con esa antigua guerrilla.
Lo coincidente entre estos dos factores que agitan el conflicto armado en la región, es que la paz no es su meta, si recordamos esta notificación de Andrey al presidente Gustavo Petro en su intento de avance de diálogos dentro de la 'Paz Total':
"Entrega de armas no habrá mientras no se avance en los objetivos de quitarle la vigencia a la lucha armada".
En este momento dicha política gubernamental no dio frutos, la región catatumbera atraviesa una de sus peores crisis humanitarias y de violencia, la inseguridad en Norte de Santander también se desbordó y, finalmente, la gente votó por una estrategia de lucha sin cuartel contra las organizaciones criminales, la reanudación de bombardeos, las fumigaciones de cultivos ilícitos y el sometimiento de los violentos a la justicia, la reactivación de todas las órdenes de captura, la revocatoria de las prebendas a las estructuras armadas ilegales y coordinación con la Fuerza Pública para hacer efectivas las detenciones.
En la región creció el hastío por los secuestros, la extorsión, los atentados terroristas, las hostilidades contra la población civil y el poderío en combatientes, armamento y control territorial que hoy muestran esas estructuras ilegales.
A partir del 7 de agosto de 2026 llegará entonces el desmonte del modelo de negociación de la paz para introducir el sistema de presión militar y judicial sobre los grupos armados organizados y las bandas criminales obviamente, dentro del marco constitucional, el respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.
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