Buscar alternativas para ayudar a las familias a paliar el problema inflacionario que les está impactando el presupuesto, debe de ser tenido en cuenta por los gobiernos nacional, regional y municipal.

En abril de este año el Área Metropolitana de Cúcuta autorizó aumentar el pasaje del transporte urbano en $400, en dos tramos, para llevarlo hasta los $2.600, como ya se está cobrando y a $2.800 en agosto, como lo tiene previsto la norma expedida por esa entidad.

El propio DANE, en la pasada medición de la inflación en Cúcuta, encontró que el reajuste en dicho servicio público tuvo un reflejo negativo sobre el bolsillo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el pasado mes reseñó un comportamiento al alza del 7,76 % en el grupo de transporte urbano, precisamente como consecuencia de ese reajuste en buses y busetas  y de la elevación de la carrera mínima en los taxis.

Un elemento que los  miembros del equipo técnico y económico del Área Metropolitana y de los municipios que integran la zona deberían tener muy presente es el dato del DANE: resulta que la categoría  del transporte dentro de la canasta familiar de los habitantes de la región muestra una inflación anualizada del 22 por ciento.

Este tendría que  entrar a ser un elemento adicional de contraste y análisis para medir los impactos de estos reajustes que no solamente deben contemplar los estudios de costos que presentan los transportadores, sino también medir la misma capacidad de pago de los usuarios   midiendo asuntos como ese de la inflación, el desempleo, la pobreza monetaria y la caracterización de quienes utilizan el servicio.

Por ponerle un nombre, en el momento de ir a tomar esta determinación, debería tenerse en cuenta una visión más global contrastando pro y contras, que en últimas deberían arrojar resultados más allá de un frío reajuste del valor del pasaje, es decir, tomar decisiones de apoyo a los pasajeros.

En este sentido, los municipios metropolitanos con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander tendrían que empezar a manejar una estrategia de tarifa diferencial que incluya recursos del balance social (que es una de las maneras también de medir la eficiencia de los administradores de la cosa pública).

Resulta interesante que se escuchara a los miembros de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) de la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona, quienes han expresado tener “2.800 razones para exigir la tarifa diferencial”.

Hay que ver todas las aristas,  pero no simplemente decir que los municipios no cuentan con dinero para entrar a respaldar un pasaje especial para el estudiantado. La puerta debe permanecer abierta para buscarle una salida favorable a  este pedido, en donde  ‘todos pongan’.

Incluso, noticias procedentes de Bogotá señalan que dentro del recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo se incluyó una proposición para cofinanciar  la tarifa de transporte público para unos 2.6 millones de estudiantes en Colombia. Habrá que esperar para conocer cómo operaría este esquema.

Por lo tanto, en Norte de Santander nada se pierde en la búsqueda de una alternativa que conlleve a darles un ‘subsidio de transporte’ a los alumnos de bachillerato, universidades e instituciones técnicas de  los estratos bajos, para que por factores económicos no se vayan a quedar por fuera del sistema educativo, cuestión que traería consecuencias mas graves para nuestra población.

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