O sea que ahora la carrera mínima de los taxis es una imposición de la mancha amarilla en el área metropolitana de Cúcuta y la cual ese gremio subirá cada mes o cada quincena, en una clara operación de especulación y de violación de las normas vigentes.
Y no es que estemos contra este servicio de transporte público individual de pasajeros que cómo consecuencia de actuaciones nada santas las administraciones municipales pasadas desbordaron los cupos hasta llegar a los 8.500 o más, porque el número exacto ni siquiera se conoce.
Pero los habitantes de los municipios metropolitanos no pueden admitir que un mes después de haberles autorizado subir a $6.000 ahora ilegalmente eleven el valor a $7.000, maniobra que terminará afectando el presupuesto familiar de sus usuarios y de la región en general.
Con esa acción que motivará nuevos movimientos inflacionarios bruscos, Cúcuta junto con Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander quedan con una de las carreras mínimas más caras del país, similar a la de Santa Marta.
Y como la excusa alegada fue el alza mensual de los combustibles, bueno es decirles a los taxistas que sus colegas samarios pagan el galón a $11.947, mientras que a ellos aquí les cuesta $10.225, por ser subsidiado.
Pero demos una vuelta por otras ciudades para ver cómo está esa relación. En Bucaramanga el galón de gasolina quedó en $11.920 y la mínima en taxi vale $6.200.
En Medellín el galón está en $12.111 y la mínima en $6.300. En Pereira la gasolina vale $12.154 y la carrera mínima $5.000. Y en Ibagué un galón de combustible cuesta $12.118 y la carrera mínima $5.500.
Este comparativo de valores frente a otras ciudades es una carta para rebatir la determinación, sin piso jurídico, de subirle a la tarifa mínima, desconociendo las regulaciones existentes.
Además, aquí se debe dejar muy en claro, porque los antecedentes lo demuestran, que otro paro de taxistas ni es la solución ni se debe permitir, puesto que las nueve horas del bloqueo protagonizado por ellos, el 26 de enero de este año, le ocasionaron perdidas por $7.900 millones a la economía cucuteña.
Bien pueden los miembros de ese gremio enviarles comunicaciones al Ministerio de Minas para que el cupo del cupo del combustible subsidiado, en Norte de Santander, cubra realmente todo el mes, y también podrían pedirle a la clase parlamentaria que gestionen la posibilidad de que la gasolina que llega a las fronteras no tenga el acelerado ritmo de aumento que en el resto del país.
Ahí puede ser posible acudir a la figura del Estado Social de Derecho para que así como estas regiones receptoras han soportado y tenido un ejemplar manejo en la crisis migratoria venezolana, pues nada mejor que un alivio al bolsillo. O insistir en que se cambie la fórmula para definir el precio de los hidrocarburos.
Pero mientras alguna de esas acciones se logra, las autoridades gubernamentales locales no pueden ser débiles ni permisivas, porque de lo contrario corremos el riesgo de que cada cual hace y decide lo que quiere. Se tiene que hacer respetar la ley y ratificar que la carrera mínima en taxi es de $6.000 como se determinó oficialmente hace un mes y que los mil pesos del ‘alza amarilla’ son ilegales y especulativos y dañinos para todos en esta parte del país.
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