Un primer gran desafío por el terremoto puso a prueba al recién posesionado gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que recuerda lo sucedido en otros tiempos cuando sucedió la pandemia o la tragedia de Armero, entre otros episodios.

La capacidad de reacción inmediata, la coordinación, la planeación, la definición de acciones y la búsqueda de recursos financieros muestran que el Estado colombiano cuenta con la solidez indispensable para desde la institucionalidad poner en marcha las determinaciones y órdenes gubernamentales.

Hechos como el de un terremoto nada ni nadie los predice, pero en cambio sí constituyen una especie de prueba de fuego para  conocer las capacidades de quienes están al frente de los destinos de la vida nacional para entrar a definir las medidas de emergencia para atender a los damnificados y a las regiones devastadas por el movimiento telúrico.

Se ha visto en estas horas de dolor, al nuevo gobierno  adelantando las tareas requeridas para una difícil situación como la que se vive en los departamentos de Chocó, Valle, Risaralda, Quindío y Caldas, que fueron sacudidos por el sismo.

Igualmente se hicieron anuncios sobre la aplicación de la emergencia económica, bajo cuyo marco se incluye un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Sobre este punto, vendrá entonces la necesaria claridad sobre los planes que se pondrán en marcha para la inversión de esos recursos y el urgente cuidado para  que la acechanza de la corrupción no los vaya a resultar afectando. 

En ese sentido, el propio titular de la cartera de Hacienda ha expresado el Gobierno deberá garantizar que los dineros destinados a la emergencia sean ejecutados de manera adecuada, teniendo en cuenta que irán a la cuestionada Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Pero mientras Gómez afirma que el récord de esa institución “no es bueno”, lo cierto es que el desastre natural le acaba de dar la opción al nuevo gobierno de demostrar que sí es posible imponer la transparencia en medio de la crisis.

La compleja situación que en estos momentos afecta a Colombia, nos ofrece la oportunidad de asestarle un duro golpe a las prácticas corruptas que  envuelven a instituciones como la mencionada, mediante una gran operación gobierno-comunidad-organismos de control para que cada peso y cada dólar verdaderamente vayan a  solucionar lo ocurrido.

Y lo otro se relaciona con la cada vez más creciente solidaridad nacional e internacional para las ayudas a los damnificados y a las zonas urbanas y rurales que sufrieron fuertes afectaciones como consecuencia del fenómeno natural.

De diferentes maneras ha surgido esta gran labor. Por un lado están los rescatistas, entre quienes se encuentran los ciudadanos voluntarios al igual que los miembros de los cuerpos de socorro que siguen en su lucha contra el tiempo para rescatar a quienes han sobrevivido entre las víctimas.

Y están las campañas a las cuales se ha vinculado el sector privado y la ciudadanía en general con el propósito de ayudar a mitigar lo sucedido, mientras se activan las grandes acciones de reconstrucción, reubicación y solución definitiva.

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