La notificación de la  Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos de que en el país están siendo gravemente afectados por la violencia los líderes que integran las Juntas de Acción Comunal, debe elevar la preocupación frente a las amenazas que se ciernen sobre esta clase de liderazgos.

El país debe hacer algo porque las denuncias recibidas hasta el momento por ese despacho de Naciones Unidas ascienden a 151 en el presente año, correspondiendo 47 de estos crímenes a labores comunitarias desarrolladas por las víctimas.

Al Gobierno nacional con su coalición del Pacto Histórico que siempre ha pregonado la defensa de los líderes sociales y cuyos miembros cuando eran oposición en otros mandatos criticaban y se definían afines a quienes luchan por las comunidades, le corresponde hacer más para proteger la vida y la integridad de ellos.
Por eso dentro de la política de Paz Social es requerido que este punto tenga un tratamiento especial porque es lamentable que ese conteo mortuorio siga sin detenerse en las regiones colombianas.

Fue  contundente lo dicho desde Cúcuta por una lideresa que participó en el Congreso Comunal de Derechos Humanos y Paz: “pedimos que nos vean, que nos escuchen, que nos cuiden, queremos lo mejor para nuestras veredas, corregimientos, municipios, pero muchas veces, por alzar la voz, terminamos siendo los malos en una historia mal contada y no queremos ser un número más en la lista de líderes asesinados y amenazados, queremos paz y libertad”.

No puede ser posible que cada seis días sea asesinado un líder social en Colombia, como lo muestran las cifras, siendo un indicativo desalentador porque muestra que los distintos agentes generadores de violencia los tienen en la mira.

El constante ataque contra quienes en los barrios o veredas luchan por sus comunidades con el fin de buscar el bienestar común y que las entidades de gobierno cumplan con los compromisos que les competen debe ser repudiado, pero también contenido y castigado ejemplarmente.

Es que los comunales corren también el peligro adicional de la delincuencia enquistada en los sectores urbanos y rurales, como por ejemplo los microtraficantes, porque al ellos oponerse al expendio de sustancias psicoactivas y denunciarlos ante las autoridades, de inmediato los consideran sus enemigos.

A lo anterior hay que añadir los ataques contra quienes se desempeñan como líderes ambientales y luchan por la preservación del ambiente, la protección de los bosques y rechazan la minería ilegal por los daños que ocasiona en los ríos, quebradas y otros ecosistemas. Y  qué decir por los líderes de Derechos Humanos y de las comunidades étnicas y campesinas que igualmente están en el ojo de la criminalidad.

Un reporte sobre los resultados de la Operación Themis,   se registran hasta el momento 114 detenciones por esta clase de crímenes selectivos, entre los que se encuentran 30 señalados miembros de las disidencias de las Farc, otros 26 que harían parte del Clan del Golfo, de los cuales a su vez 18 serían cabecillas y mandos medios de ese grupo criminal.

Contra estas organizaciones y los detenidos es indispensable que la justicia actúe con prontitud, evite  la impunidad y se hagan las respectivas denuncias ante la comunidad internacional por esta tipo de asesinatos que golpean y debilitan el tejido social de las comunidades.

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