Un crítico panorama se registra en Colombia con los cada vez peores hechos de violencia de género, muchos de los cuales se encajan dentro del feminicidio. Las últimas situaciones registradas así lo demuestran.

Está el caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años, quien tras permanecer desaparecida durante cuatro días, su cuerpo fue hallado con signos de violencia extrema, y a la cual le extrajeron el bebé de ocho meses.

Esa violencia despiadada y extrema, en donde se advierte el ensañamiento, tortura y uso de métodos sanguinarios, hiela la sangre y exige que la justicia lleve al banquillo a los autores de hechos de esa naturaleza.

Pero si este crimen sigue rondando a los colombianos, ahora ocurrió otro que prueba no solamente la intolerancia sino el intento de obligar a la mujer a hacer lo que personas cercanas le exigen que debe hacer.

Es el hecho de Sayuris Nayleth García Asís,  a quien le quitaron la vida, en una discoteca, por haber rechazado la pretensión de su agresor de salir a bailar con él.  

Situaciones como las precisadas, indican que el peligro de agresiones contra las mujeres las acechan a toda hora y en cualquier lugar, requiriéndose la toma de otra clase de acciones, desde el punto de vista preventivo y educativo.

Lo lógico, claro está, es que esta clase de ataques sean castigados con todo el peso de la ley, con el propósito de evitar que se caiga en el campo de la impunidad.

Y en ese sentido, los organismos investigativos y los jueces deben actuar para la aplicación de las máximas penas señalada en el Código de Procedimiento Penal, porque no puede haber ninguna clase de  contemplación.

Por ello es indispensable actuar de manera pronta, exhaustiva e imparcial con el propósito  establecer las responsabilidades individuales, los contextos y factores de riesgo que rodearon estos sucesos.

Este tipo de asesinatos de mujeres por razones de  género le hacen mucho daño a la sociedad. Hay que contener que los hombres, bien sea porque son parejas o lo fueron de sus víctimas o tienen cercanía familiar, las agredan, o que ellas sean objeto de ataque dentro del conflicto armado, por la venganza o por razones de sometimiento.

La misma Defensoría del Pueblo les pidió a instituciones como la Fiscalía que evalúen en los hechos de feminicidios  las “conexiones con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales, y examinar las condiciones que hicieron posible la violencia”.

Es igualmente necesario que se adopten nuevas acciones para prevenir la violencia de género como aquella de actuar ante las primeras señales de riesgo.

Sobre estas situaciones violentas contra la mujer, enero y de marzo de 2026 se registraron 129 noticias criminales relacionadas con feminicidios. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, de este total, 15 casos fueron consumados, mientras que la cifra de tentativas de feminicidio asciende a 114 incidentes.

Escenarios de esta naturaleza preocupan, porque el subregistro termina jugando en contra de la propia seguridad de las afectadas que deciden no denunciar. Esta es una razón más para impulsar la cultura de reportar ante la Fiscalía o la Policía actuaciones que pongan en peligro su integridad.

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