De llegar a la Presidencia de la República, una de las medidas que adoptaría Abelardo de la Espriella en materia de política internacional es la revisión de la permanencia de Colombia en entidades multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
 
 “Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, manifestó el candidato en entrevista con Luis Carlos Vélez, a través de su canal de Youtube, Vélez en la Mañana, en alianza informativa con Canal 1,  Acento Colombia y La Opinión.

El candidato explicó que su propuesta estaría vinculada a una revisión de compromisos internacionales y al análisis de los recursos que Colombia destina a entidades multilaterales. Según expuso, esos fondos podrían ser utilizados en programas y proyectos dentro del territorio nacional.

El anuncio no tardó en generar reacciones a favor y en contra, toda vez que Colombia no solo es miembro fundador de ambos organismos, sino  también porque tanto la ONU como la OEA han sido pilares en los procesos de paz, actuando como garantes, mediadores y verificadores clave. 

Reconfiguración de prioridades soberanas

Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, experto en Estado, conflicto y paz, señala que la decisión de De la Espriella es una señal de madurez soberana que el país ha tardado demasiado en escuchar. 

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Aseguró que la propuesta “no es un suicidio diplomático, sino una reconfiguración de las prioridades soberanas del Estado colombiano”.  

Afirmó que el argumento de fondo del candidato “es inobjetable”, en el sentido de que ambos organismos han acumulado décadas de retórica multilateral sin que sus intervenciones hayan alterado sustancialmente las condiciones estructurales de violencia, pobreza y fragmentación territorial que afectan a Colombia. 

Refirió que, en el caso de la OEA, Colombia ha sostenido un financiamiento cuya contraprestación se ha reducido, en la práctica, a misiones de observación electoral y a pronunciamientos que, lejos de contribuir a la estabilización del conflicto armado interno, con frecuencia han operado como plataformas para la interferencia política “disfrazada de cooperación técnica”.

Sobre la actuación de la ONU, manifestó que la entidad ha desplegado mecanismos de verificación y acompañamiento que, en el contexto del Acuerdo de Paz de 2016, no han impedido el rearme de las disidencias, la expansión territorial del Eln ni la consolidación de economías de guerra en regiones enteras del país.

Negó que un eventual retiro de Colombia de estos organismos dejen aislado al país de la comunidad internacional y sin mecanismos de cooperación para enfrentar el conflicto interno. Al contrario, sostuvo que bajo ese argumento se ignora la profundización que ha tenido el conflicto armado en los últimos años, cuando ha habido mayor integración multilateral. 

“El Eln, el Clan del Golfo y las múltiples facciones disidentes de las Farc no reconocen ni a la OEA ni a la ONU como instancias vinculantes; operan sobre lógicas de territorialidad, financiamiento ilícito y coerción poblacional que ningún pronunciamiento de Ginebra o Washington ha perturbado siquiera marginalmente”, expresó.

Avance en reconocimiento de derechos humanos

Frente a esto, Carlos Ramos, abogado, defensor de derechos humanos y docente universitario, respondió que “no es cierto” que no haya habido cambios a partir de la incidencia de estas organizaciones en el país. 

Resaltó que Colombia ha avanzado en reconocimiento de derechos a partir del acatamiento de las decisiones y recomendaciones emanadas de estos organismos. 

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 Por ejemplo -afirmó el analista- en materia de derechos de las mujeres y de las víctimas, la jurisprudencia constitucional ha incorporado los estándares interamericanos sobre violencia de género y sobre verdad, justicia y reparación, que hoy son columna vertebral del ordenamiento colombiano.

Ramos cuestionó duramente la idea del candidato de Defensores de la Patria y observó que “solo los déspotas y los dictadores denuncian la Convención Americana” y recordó, como ejemplo, el caso de Venezuela en 2012, cuando el régimen de Hugo Chávez denunció la Carta de la OEA.

Asimismo, aseguró que “ningún gobernante denuncia el sistema para proteger derechos, sino para librarse de un control que le incomoda. Pretender que Colombia salga de las Naciones Unidas no tiene un solo precedente serio en el continente y va en contravía del orden constitucional”. 

En su concepto, quien busca salir de ese sistema no pretende resolver la pobreza ni la violencia estructural, sino quedar a salvo de un control que un día podría alcanzarlo a él.

¿Inocuidad frente al conflicto actual? 

Uno de los reparos más recurrentes que existe alrededor de la labor que cumplen los organismos multilaterales en Colombia, tiene que ver con la inocuidad de sus intervenciones en el actual contexto del conflicto armado en el país. 

“Preocupa cómo en los últimos años ha habido una violación sistemática de los derechos humanos y nadie ha hecho nada”, le dijo a La Opinión un defensor de víctimas del conflicto del Catatumbo, el cual se refirió al asesinato de más de 187 líderes sociales en 2025.  

El líder social quien habló a condición de reservar su identidad, advirtió que pese a la presencia activa que vienen teniendo la ONU y la OEA en el país desde 2016, “la afinidad de estos entes con organizaciones afines a grupos de izquierda, además del tratamiento desigual en la defensa de los derechos humanos de la población civil y los miembros de la Fuerza Pública, ha afectado su reputación”. 

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“En ese orden de ideas, sería factible que se revise el funcionamiento de estos organismos y se tomen decisiones que nos sirvan a todos los colombianos pues, si bien es importante mantener su presencia, es fundamental que sea imparcial, por el bien de la población civil”, precisó el líder.

Al respecto, Carlos Ramos señaló que la lógica del multilateralismo no es dar por terminado el conflicto o derrotar militarmente a los grupos armados, al indicar que “sería como pedirle al Código Penal que acabe con los homicidios”. 

Reiteró que la función de la ONU y la OEA es establecer cuándo el Estado ha violado los derechos de sus ciudadanos, prevenir esas violaciones, ordenar que se repare a las víctimas y fijar garantías para que el horror no se repita, pero también de agresiones extranjeras.

Reconoció que “el multilateralismo está en crisis y corresponde crear un nuevo orden que no deje a los habitantes del planeta desprovistos de garantías para la defensa de sus derechos”.

Sin embargo, Carlos Ramos manifestó que mientras eso sucede “hay que preservar el existente, para evitar quedar expuestos y sin amparo frente a nuestros derechos fundamentales”.

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