En América Latina y el Caribe hay aproximadamente unos 6,9 millones de venezolanos con vocación de permanencia en estos países, pero en el mundo son alrededor de 7,9 millones convirtiéndolos en el segundo desplazamiento más grande del mundo. De este grupo, Colombia concentra a 2,84 millones de migrantes provenientes del vecino país, siendo la nación de la región que mayor número de venezolanos ha recibido.

Más allá de la documentación de las cifras, que son importantes, en el análisis hecho en el estudio ‘Gestión migratoria en Colombia: perspectivas, enfoques y legados (2022-2026)’ hay que resaltar que durante estos últimos 10 años el país tuvo que reconocer el cambio de la naturaleza de la diáspora venezolana, la cual pasó de ser una población transitoria para convertirse en una población con vocación de residencia a largo plazo.

El mayor desafío para Colombia es que ya no solamente es un país receptor, sino que ahora además de trabajar en procesos de regularización debe apostar por políticas de Estado que permitan integrar a una población que permanecerá en la nación y que participa en sus sistemas educativo, laboral, sanitario, financiero y de protección social.

Según el corte citado en el estudio, de los 2.844.498 venezolanos con vocación de permanencia en Colombia, unos 2.318.691 estaban en condición regular y 525.807 en condición irregular. Esto equivale aproximadamente a 82% en condición regular y 18% en irregularidad.

“El 18% restante se encuentra en condición irregular, pasando de 520.574 personas en enero de 2026 a 525.807 en abril del mismo año, lo que representa un aumento del 0,21%, asociado, entre otros factores, al flujo migratorio inverso registrado en 2025 a través de la región del Darién en la frontera colombo-panameña”, detalla el documento.

Colombia en esta nueva etapa de la migración venezolana, debe ahora trabajar en reducir esta  irregularidad, cuyos números indican que en el país este grupo de migrantes pasó de 289.000 a 525.807 desde junio de 2023 hasta el 2026.

A otra cifra que hay que ponerle especial atención es a los 333.897 venezolanos que cuentan con pre-registro activo de certificación de trámite de PPT, y están en proceso de regularización, pero aún no cuentan con ningún documento que los regularice.

En el estudio se logró identificar tres situaciones de relevancia detrás de la irregularidad de esta población; la primera de ellas es que muchos que fueron titulares del Permiso Especial de Permanencia (PEP) no cumplieron con la inscripción en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV); así como personas que ingresaron regularmente pero excedieron el tiempo autorizado de permanencia; y personas que ingresaron por las trochas.

Y cuando el documento precisa que las dimensiones de la diáspora venezolana en Colombia es de carácter permanente se basa en las cifras, pues el país tiene 2.844.498 venezolanos con vocación de permanencia, una población que se mantiene en los 2,8 millones desde 2023. Esto significa que la migración venezolana ya no puede analizarse únicamente como una emergencia humanitaria o un fenómeno de frontera, porque es una población asentada, con familias, niños, trabajadores y proyectos de vida construidos en el país.

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Luego del PPT ¿qué?

Colombia consiguió importantes avances en materia de regularización de esta población, y la implementación del ETPV fue vital para lograrlo, porque más de 2,3 millones de venezolanos recibieron el Permiso por Protección Temporal (PPT) y cerca de 1,96 millones mantienen actualmente este documento vigente.

Sin embargo, a este progreso en regularización le siguió el reto de que poseer un documento de identidad no necesariamente significa estar integrado. El estudio indica que el ETPV abrió la puerta de acceso a derechos y servicios, pero que persisten los obstáculos para acceder plenamente al sistema laboral, de protección social y financiero, sobre todo a este último.

Según la medición citada en el documento, el 29,5% de los venezolanos no se encuentra afiliado a salud, mientras que el 57,3% carece de productos financieros y el 57,8% reportó dificultades para acceder a los servicios financieros.

Este panorama también es preocupante en materia laboral, porque apenas 45.797 personas aparecen afiliadas a pensiones y 6.095 a riesgos laborales.

Colombia avanzó en entregar documentos, pero todavía tiene pendiente garantizar que este documento se traduzca en oportunidades reales para esta población.

El 28,5% de los venezolanos en Colombia son menores de 18 años, lo que representa una demanda permanente de educación, salud y protección. La medición citada registra además 330.725 niños, niñas y adolescentes sin vinculación educativa formal y más de 87.000 beneficiarios del ICBF durante 2025.

La situación de Norte de Santander y Cúcuta

En este escenario, Norte de Santander ocupa un lugar estratégico, porque la región no solo concentra a la población venezolana residente, sino que funciona como el principal corredor de  movilidad fronteriza del país.

Entre enero y abril de 2026 se registraron 12.125.639 movimientos pendulares, equivalentes al 86,7% del total nacional. Las entradas y salidas fueron prácticamente equilibradas: 6.053.938 entradas frente a 6.071.701 salidas.

En el análisis de la información hecho en el estudio se muestra que a nivel territorial, los mayores volúmenes de venezolanos se siguen registrando en Antioquia, Norte de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, La Guajira, Cundinamarca (incluida Bogotá) y Santander, que en conjunto concentran el 54,5% de esta población residente en el país.

Mientras que a nivel urbano, se observa que Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Cartagena y Maicao concentran el 51,5% del total de la población migrante, lo cual confirma que la migración venezolana tiende a asentarse principalmente en ciudades capitales y municipios fronterizos estratégicos.

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Estos datos hacen que Norte de Santander y Cúcuta presenten una realidad fronteriza diferente a la que se vive en el resto de Colombia, porque es un territorio de vocación de permanencia, pero también de tránsitos, entradas y salidas constantes a través de los puentes internacionales binacionales.

La pregunta ya no es solamente cuántos venezolanos están en Colombia ni cuántos lograron regularizarse, sino qué pasará con los que aún no han sido regularizados y tienen vocación de permanencia, y qué política implementará este nuevo Gobierno para esta población, que representa la segunda minoría más grande del país.

En este estudio se sugiere en términos de gobernanza migratoria una gestión sustentada en enfoques integrales, intersectoriales y multinivel que articulen las funciones de control y seguridad con la protección de derechos, la integración socioeconómica y la coordinación entre instituciones y territorios.

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