La canciller Claudia Blum reveló que la Ley de Fronteras que está para estudio del Senado traerá múltiples beneficios para esta región del país, en el entendido que contribuirá de manera determinante en la reactivación económica de los municipios limítrofes.
Desde su posesión como responsable de las relaciones exteriores del país, Blum no se había referido en aspectos concretos sobre su gestión con esta frontera, pero en una entrevista exclusiva para La Opinión habló sobre la crisis migratoria.
La ministra de Relaciones Exteriores también se refirió al papel de la Cancillería en la coordinación del apoyo de cooperación internacional, la reapertura de la frontera y la ausencia de consulados que ofrezcan atención a los nacionales cuando lo requieran, entre otros temas.
¿Cuál fue el desenlace de las toneladas de ayuda humanitaria que se almacenaban en Tienditas?, ¿Finalmente se entregó todo a los migrantes?, ¿Qué pasó con los medicamentos?
¿Qué mecanismos ha aplicado la Cancillería para lograr una verdadera integración de la población migrante en el país?
Desde 2015, Colombia ha recibido la mayor migración de su historia: 1,8 millones de venezolanos que llegaron buscando una nueva vida en nuestro país. Hemos promovido su regularización gradual con instrumentos como los Permisos Especiales de Permanencia. Así mismo, la Registraduría ha expedido registros civiles para más de 510 mil migrantes adultos y jóvenes, nacidos en Venezuela e hijos de colombianos. Se trabaja en convalidación de títulos, formación técnica y bancarización, para su inserción económica. Actualmente, 360 mil niños venezolanos estudian en las instituciones públicas y 187 mil están en el programa de alimentación escolar. Más de 62 mil niños fueron atendidos en el último año por Bienestar Familiar. Adicionalmente, más de 800 mil venezolanos han sido atendidos en nuestro sistema de salud.
¿De la convocatoria hecha por el Gobierno Nacional para conseguir apoyo para la atención de la crisis migratoria qué se ha logrado este año?
Acompañamos la Conferencia de Donantes de mayo pasado. Este año, se han financiado USD126 millones en cooperación para Colombia, dentro del Plan Regional de Respuesta que cubre a 17 países. Seguiremos trabajando para lograr más apoyo externo, pues los retos son enormes y superan nuestras capacidades nacionales.
Según organizaciones de Derechos Humanos de Norte de Santander, entre 2016 y 2019 la desaparición forzada transnacional ha campeado en esta frontera. Se habla de 61 desapariciones de personas a manos de bandas criminales que operan en estados fronterizos como Táchira, Zulia, y Norte de Santander. Familiares de las víctimas denuncian que la Cancillería no se ha apersonado de esta situación y tampoco tienen a dónde acudir a indagar por sus familiares desaparecidos, debido a que no hay relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. ¿Hay algún diálogo sobre estas desapariciones con el Gobierno de Caracas?
Es importante que los familiares de las víctimas de presuntas desapariciones acudan a los órganos competentes en esta materia, en particular a la Fiscalía General de la Nación, para que se inicien y desarrollen todas las investigaciones del caso.
¿Cuáles son los requisitos que se requieren para la apertura de la frontera que se tiene proyectada para el próximo 1 de noviembre?
¿En qué va la Ley de Fronteras y de qué manera se va a favorecer Norte de Santander y la frontera con esta ley?
Este Proyecto de Ley lo presentamos entre el Gobierno y varios congresistas, ya fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes y está en estudio en el Senado. El proyecto contiene medidas para mejorar la planeación del desarrollo en la frontera, y la articulación con los planes nacionales de desarrollo. Además, incluye acciones para mejorar la interacción de autoridades nacionales y territoriales, apoyar la reactivación económica y la participación de sectores privados y sociales de la frontera en las políticas que los impactan.
Todas estas medidas benefician a Norte de Santander. De manera más específica, destacaría los mecanismos como las Zonas Especiales de Intervención Fronteriza, que permitirán adoptar medidas excepcionales cuando factores externos afectan la estabilidad de una frontera, situación que claramente se vive aquí por la crisis multidimensional de Venezuela. Y también podrá ser de interés el impulso a la conformación de asociaciones entre entidades territoriales de frontera para el desarrollo de proyectos comunes.
Además, de esta reforma legal quiero resaltar que también estamos impulsando el proyecto de ley de Política Integral Migratoria que impactará favorablemente al Norte de Santander.
¿Cuál es la situación actual de los consulados colombianos en Venezuela, siguen cerrados, cómo se está garantizando la atención de los ciudadanos que permanecen en el vecino país?
Desde febrero de 2019, cuando el régimen ilegítimo de Maduro rompió relaciones diplomáticas y consulares con Colombia y expulsó a nuestros servidores con un plazo de 48 horas, debimos cerrar los 15 consulados que funcionaban en ese país. Para mantener la atención y asistencia a nuestros connacionales creamos 4 puntos de atención en frontera, en Maicao, Villa del Rosario, Arauca y Puerto Inírida, que apoyan las necesidades documentales de nuestros connacionales. También, desde Colombia, hemos podido brindar asesorías jurídicas y apoyos sociales para nuestros compatriotas.
Hace unas semanas, medios venezolanos denunciaron que funcionarios de la Cancillería estaban forzando la entrega de sedes de los Consulados y toda la información se tendría que trasladar a la Embajada en Caracas, con el riesgo de que los documentos que soportan su condición de víctimas y nacionales colombianos se puedan extraviar. ¿Cuál fue la situación?
Como le expliqué desde que el régimen ilegítimo de Maduro nos expulsó, los Consulados están cerrados y las oficinas no cuentan con ningún personal. La consecuencia de esta expulsión es la necesidad de proteger los bienes muebles y la documentación que reposa en esas oficinas, por lo que se decidió que era más seguro trasladarlos a un sitio de propiedad del Estado colombiano, como es el Consulado en Caracas. Estos bienes y documentos están detalladamente inventariados y registrados en los programas y archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con los requisitos de la Registraduría Nacional.
¿Cree usted que los mecanismos de visado vigentes para extranjeros son realmente aplicables a la población venezolana en Colombia? Tomando en cuenta que la mayoría no tiene acceso al pasaporte.
¿Por qué la Cancillería no acepta los pasaportes venezolanos vencidos, para la emisión de estas visas, si existe una resolución que los aprueba?
La Cancillería y las autoridades migratorias aceptan pasaportes venezolanos vencidos, pero hay situaciones distintas para considerar. La Resolución 872 de 2019 permite que los venezolanos pueden ingresar al país con su pasaporte vencido hasta por dos años. Para los pasaportes con mayor tiempo de vencimiento solo se aceptan si la persona ha acudido ante las autoridades consulares de su país y ha obtenido una prórroga.
