El Presidente de la República Juan Manuel Santos llamó ayer a consulta al embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, como una respuesta a la posición que ha asumido el gobierno de Nicolás Maduro frente a la situación de deportados colombianos y la consecuente crisis que se vive en la frontera desde la semana pasada.

La llamada a consulta es una medida potestativa del Gobierno y se entiende como un paso previo al rompimiento de relaciones entre los dos países.

Santos recalcó que Venezuela no tiene intención de diálogo con Colombia, pues incumplió la reunión prevista para las 2 de la tarde con el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, que se había pactado como un primer paso para atención en la frontera.

En esta reunión, Otálora pasaría al lado venezolano para verificar cuál es la situación de los colombianos, pero se quedó esperando al gobernador de Táchira, José Vielma Mora.

Por otro lado, el jefe de estado instruyó a la Canciller María Ángela Holguín a que convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur, porque –dijo– “queremos contarle al mundo, comenzando por Unasur, lo que está sucediendo (en la frontera), porque eso es totalmente inaceptable”.

Anunció que la presidencia pro tempore de la Unasur, en cabeza del uruguayo Tabaré Vásquez, convocará la reunión de cancilleres para analizar las supuestas denuncias que ha hecho el gobierno de Maduro contra Colombia y tomar una decisión al respecto.

La canciller, María Ángela Holguín, reiteró que el gobierno de Maduro ha tenido una actitud poco amigable con los colombianos en Venezuela.

El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, en una primera reacción tras conocerse la noticia del llamado a consultas del embajador de Colombia en Venezuela, dijo estar de acuerdo con Santos “pues hay que poner fin a los atropellos de Maduro, quien se cree un reyezuelo”

El cierre de la frontera, que ya se extiende por ocho días, ha generado la deportación de más de mil colombianos que residían en Venezuela, lo que ha desatado una crisis humanitaria que ha sido atendida por el Gobierno Nacional en Cúcuta y Villa del Rosario.

^{El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el director nacional de la Policía, general Rodolfo Palomino, entregaron ayudas a los ciudadanos deportados que están en los albergues.}

Se optimiza el apoyo

El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, dijo que para dar mayor operatividad al apoyo del Gobierno nacional y a las labores de logística con los colombianos deportados, se establecieron los siguientes mecanismos: se separó la mesa humanitaria unificada que ahora funcionarán una bajo la coordinación de la Unidad de Gestión de Riesgo en la frontera cerca del puente Simón Bolívar y en donde actuarán la fuerza pública, Unidad de Riesgo, Cancillería y Ministerio del Interior, y otra, en la sala de crisis de la Gobernación con el apoyo de todos los ministerios y entidades del Estado para el seguimiento y monitoreo a los compromisos anunciados por Santos.

Cristo ratificó la entrega de subsidios de vivienda durante los próximos tres meses a quienes salieron de Venezuela, no necesariamente deportados. “Ese subsidio se garantizará para quienes se queden en Cúcuta como otros colombianos que quieran volver a sus lugares de origen en otros lugares de Colombia, además se les pagará los tiquetes de regreso a sus lugares”.

Control en 47 pasos informales de contrabando

Por otro lado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien estuvo en compañía del director nacional de la policía, general Rodolfo Palomino, entregando ayuda en los albergues donde se encuentran los deportados, anunció que a partir de ayer se puso en marcha un control para vigilar los 47 pasos informales fronterizos por donde se ingresa contrabando a Cúcuta.

“Esperamos que el gobierno de Venezuela libere los pasos tradicionales por donde siempre ha circulado la integración binacional.