En uno de esos arrebatos de curiosidad, encontré en mi biblioteca unos libros que me fueron donados por uno de esos funcionarios que conocían de mis inquietudes literarias, a quien siempre admiré por su persistencia en divulgar aspectos históricos que se quedan en los anaqueles de las bibliotecas y que sólo por virtud del azar son desempolvados y expuestos al conocimiento público. Mi gratitud es para don Leonardo Molina Lemus por el inapreciable contenido temático de sus publicaciones, que han sido fuente de algunas de mis crónicas, entre ellas la que a continuación les narro.

La primera de ellas se constituye en un hecho inédito en el país y que en la actualidad viene a ser un referente de la austeridad con que se manejaban los recursos de la época. Sin embargo, para entrar en contexto, es necesario aclarar que después de las erogaciones sufridas a consecuencia del proceso de independencia, como ha sido norma en los casos similares, en todos los países que se han visto implicados en situaciones parecidas, las arcas del Estado resultan agotadas por completos dejando a sus ejecutores con las manos prácticamente atadas para cumplir con sus compromisos, y ese era el caso de la patria cuando se reunió el Congreso de Cúcuta, en la Villa del Rosario en 1821. Pero antes de entrar en materia, conozcamos brevemente las condiciones que caracterizaron este Congreso: se congregaron inicialmente 57 diputados y a medida que transcurría el tiempo fueron apareciendo otros de la lejanas provincias que constituían la que hoy conocemos como la Gran Colombia, como aquellos que venían de Venezuela y Ecuador, como también de las comarcas alejadas del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, hasta completar 72. El Congreso que tuvo la condición de Constituyente legisló durante cinco meses y medio, tiempo durante el cual se fueron retirando algunos de sus miembros y que según rezan las crónicas del momento, el promedio de asistentes fue establecido en 65 diputados.

El lamentable estado de pobreza, no sólo del país sino de sus pobladores, entre quienes se encontraban estos “padres de la patria”, fue el principal motivo para que se entrara a discutir sobre el espinoso problema de las dietas, que es el nombre que se le da a los emolumentos de los congresistas o por lo menos, cómo llamaban entonces a su salario.

En la magnífica crónica escrita por el autor antes mencionado leemos:”…no obstante la aguda crisis invocada por y las necesidades en que se debatían los familiares lejanos, desde el primer momento se abrió campo en el seno de la corporación, la idea de rebaja a tres pesos las dietas que habían sido fijadas en diez pesos diarios para cada diputado en el Congreso de Angostura. En contra de la anterior tesis, sólo una voz se atrevió a esgrimir  el argumento del alto costo y la escasez de víveres en el Rosario de Cúcuta, en comparación con otras plazas del país. El diputado Peñalver refirió entonces que los congresistas en Guayana no tenían más que una ración de carne, y mala. El doctor José Ignacio de Márquez aprovechó la oportunidad para manifestar a sus colegas que estaba dispuesto a renunciar a su sueldo, y aún a la vida, en servicio de la patria. La discusión terminó cuando se propuso que en la sesión del día siguiente, se presentara redactado un proyecto de decreto sobre el particular, el cual fue aprobado por unanimidad”.

El siguiente fue texto presentado a consideración de los congresistas:

“El Congreso General de la República de Colombia, considerando:

1°. La necesidad urgente que hay de proporcionar recursos para la subsistencia de los diputados, especialmente cuando han venido de tan largas distancias, algunos sin haber recibido habilitación para el viaje, y la mayor parte contando ya cinco meses de haberse separado de sus casas;

2°. Que aunque por el Congreso de Venezuela está señalada la cuota de diez pesos diarios, el Tesoro exhausto y las atenciones de la milicia no permite que se haga efectiva esta asignación, ni aún en los términos que lo son otras;

3°. Que sus miembros desean dar ejemplo de moderación reduciéndose al mínimum posible, sin perjuicio de que después, si quisieren, reclamen íntegramente la asignación en los términos indicados en la ley;

Ha venido en decretar y,

Artículo primero: La asignación alimenticia en dinero efectivo de los diputados al Congreso queda reducida a tres pesos diarios, que les serán satisfechos desde el día de la instalación del Congreso.

Palacio del Congreso General, en el Rosario de Cúcuta, mayo 12 de 1821.

El Presidente del Congreso, doctor José Félix de Restrepo. El diputado secretario, Francisco Soto. El diputado secretario, Miguel Santamaría.

Palacio de Gobierno, en el Rosario de Cúcuta, a 14 de mayo de 1821.

Ejecútese, Antonio Nariño. Por su Excelencia el Vicepresidente de la República. El ministro, Pedro Gual”.

Esta disposición se cumplió hasta el 15 de octubre de 1821, fecha en que por resolución del Congreso se dispuso reconocer el justo reintegro de siete pesos diarios que había dejado de cobrar cada diputado, para completar los diez pesos decretados por el legislador de Angostura.

El historiador Leonardo Molina Lemus, culmina su crónica con el cálculo global del costo de este Congreso en los siguientes términos:”…teniendo en cuenta la tarifa diferencial fijada para el cobro de los viáticos, de conformidad con la distancia, según el decreto del 25 de septiembre de 1821, para el viaje de retorno de cada uno de los legisladores a su respectiva provincia, y considerando –como era obvio- de elemental justicia les fuera reconocida igual suma, para cubrir las erogaciones que personalmente había habían efectuado para llegar hasta el Rosario de Cúcuta, hemos podido establecer el monto global por este concepto”. Para resumir el cálculo presentado por el historiador puedo decirles que el total fue $135.160, distribuidos  en $107.250 por concepto de dietas (a $10 diarios), $27.580 por los viáticos (de ida y regreso) más $330, el valor de los sueldos del secretario auxiliar, doctor Joaquín Suárez.

A fin de cuentas, la rebaja del salario de los congresistas, resultó “puro cuento” pues antes de terminar las sesiones ya habían hecho efectiva la cláusula que les permitía recuperar los dineros dejados de pagar.

Gerardo Raynaud D.

gerard.raynaud@gmail.com