En medio del actual panorama de violencia que vive el país, no es tarea sencilla ejercer la función de personero en Colombia. 

El secuestro y asesinato de Jimmy Alejandro Rosero Chaves, personero del municipio de Cumbitara, Nariño, el pasado 5 de noviembre de 2024 por grupos armados ilegales, es el ejemplo más diciente sobre los riesgos que enfrentan estos funcionarios del Ministerio Público. 

Por esta razón, bajo el slogan ‘Ni un personero más’, ayer tuvo lugar en todo el país, una protesta a través de la cual amigos y familiares de Rosero, exigieron justicia y respeto por la vida de estos servidores públicos.

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Norte de Santander se sumó a la manifestación, no solo como un gesto de solidaridad, sino también porque la situación es complicada en el territorio, donde al menos tres personeros se encuentran bajo amenaza, según refirieron desde la Asociación de Personeros del departamento.  Con esta impresión se fue la procuradora Margarita Cabello, quien estuvo recientemente en Cúcuta, donde aprovechó para reunirse con los personeros de la región y conocer de primera mano la situación. 

“En esa reunión manifestamos todas las dificultades que hemos tenido en materia de seguridad y riesgo de amenaza que presentan los personeros en los diferentes municipios, por lo que pedimos su apoyo para solicitar ante la UNP y el Ministerio del Interior, que se ajusten las medidas de seguridad, de acuerdo al riesgo de cada funcionario”, explicó Delia Torres, representante y vocera de la asociación.  

Según comunicado de la Procuraduría, los casos más preocupantes son los de los personeros de Ocaña y Cácota, para quienes se buscará celeridad para el reforzamiento de sus medidas de seguridad. 

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Desprotegidos

Ludy Páez, personera de Cúcuta, señaló que si bien no ha tenido inconvenientes en los ocho meses que llevan en el cargo, no niega que los riesgos son latentes. Para Páez lo sucedido con el personero de Cumbitara es lo suficientemente grave como para que se tomen medidas urgentes. 

“Esto nos preocupa muchísimo a todos los personeros, porque nosotros no contamos con ningún tipo de seguridad y debemos atender a las diferentes comunidades que, en mi caso, no siempre es en el casco urbano, sino también en la zona rural”, dijo Páez, quien señaló que esos desplazamientos los hace en vehículo particular y sin mayor respaldo de seguridad. 

La funcionaria se solidarizó con los compañeros que están bajo amenaza en el departamento y su clamor es porque se les asigne cuanto antes los esquemas de seguridad necesarios, aunque reconoce que en estos procedimientos el tiempo juega en contra, pues el protocolo establece un estudio de los potenciales riesgos en cada caso. 

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