Autor: Arturo Charria @arturocharria
El domingo 15 de marzo de 2020, en horas de la tarde, se anunció el cierre de colegios en Colombia. Desde ese día, cerca de 10 millones de estudiantes comenzaron a tomar clases desde sus casas.
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Algunos, los más privilegiados, lo hicieron de manera virtual, incluso contaron con apoyos y acompañamientos adecuados en sus hogares. Sin embargo, para la mayoría de estudiantes, la educación recibida durante casi dos años ha sido deficiente, pues su aprendizaje se limitó a unas guías enviadas por Whatsapp, sin la orientación y la retroalimentación adecuada.
La dimensión de esta tragedia se suma en millones. Más de dos millones de estudiantes terminaron este año sin volver a sus colegios y muchos de los que pudieron regresar lo hicieron con baja frecuencia.
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Pero, la situación se agrava por el desconocimiento que se tiene sobre las consecuencias de la pandemia en el sistema educativo. No hay datos sobre la pérdida de aprendizajes, deserción escolar y las condiciones socioemocionales de estudiantes y docentes.
En Cúcuta el panorama no es alentador. Según el Observatorio sobre la gestión educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, de los 162.332 estudiantes que hay en el municipio, solo han regresado a las aulas 77.536. Esto representa el 47.8% de la matrícula de instituciones oficiales y privadas. La cifra preocupa mucho más cuando se compara con el promedio nacional, que se encuentra en 78.2%.
Cúcuta es un municipio que requiere una mirada particular por las dinámicas del territorio. La migración venezolana, el flujo de estudiantes pendulares que viven en municipios de Venezuela y menores víctimas de desplazamiento forzado que llegan a Cúcuta han generado un aumento constante en la matrícula. Sin embargo, no aumenta la infraestructura educativa o el número de docentes asignados por parte del Ministerio de Educación Nacional.
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Esta situación se profundiza en los sectores del Anillo Vial Occidental, entre las comunas 7 y 8, pues son lugares en donde han aumentado los asentamientos y la oferta educativa es casi nula.
Por esta razón, muchas niñas, niños y adolescentes han sido matriculados en colegios que no quedan en su barrio, de manera que para poder asistir a clases deben tomar varios transportes, costo que aumenta cuando deben ir acompañados.
Esto dificulta el retorno a clases de esta población y, los que podrían volver, no lo hacen porque físicamente no cabe una persona más: hay salones que llegan a tener entre 45 y 50 estudiantes.
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¿Cómo darle la vuelta a esta situación?
1. Trabajar siempre con rectores y directivos docentes. Nada puede pasar sin el acompañamiento de quienes lideran las 63 comunidades educativas del municipio. Si los rectores y coordinadores no están convencidos del retorno a las instituciones las puertas permanecerán a medio abrir.
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La confianza no se decreta y ese es un factor que ha servido en municipios como Tumaco, Palmira o departamentos como Guaviare, que con pocos recursos y muchos problemas tienen porcentajes de retorno por encima del 90%. Estas cifras positivas fueron posibles por el entendimiento entre las secretarías de educación y los rectores.
Estos dos meses son fundamentales para trabajar con las comunidades educativas que mayores dificultades han tenido para iniciar la presencialidad. Un café y la disposición de escuchar pueden hacer más que una circular.
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2. Es fundamental que las profesoras y profesores se sientan reconocidos. Transformaron sus hogares en salones de clase, ayudaron en la entrega de la alimentación de sus estudiantes y en muchas oportunidades fueron a puntos imposibles de ubicar en un mapa de la Cúcuta rural para entregar las guías.
3. No se puede hablar de la educación como un pilar de desarrollo si no hay una correlación entre los recursos invertidos y el discurso. Hay inversiones urgentes y necesarias en aumento de la infraestructura educativa en las zonas del Anillo Vial Occidental y de las comunas aledañas.
También hay colegios con baterías sanitarias y problemas de ventilación que deben ser atendidos, así como la falta de personal apropiado para las labores administrativas, vigilancia y aseo.
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Sin unas condiciones mínimas no importa cuánta voluntad se tenga para regresar por parte de directivos y docentes. El cronograma de estas intervenciones debe ser transparente para las comunidades educativas y no debe hacerse con cálculos y simpatías electorales como históricamente se ha realizado.
4. No volver a clases para hacer lo mismo. Al tiempo que se debe evaluar en qué condiciones regresan los estudiantes en términos emocionales y de aprendizaje, todos los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de los colegios deben ponerse en discusión.
Esto implica crear pequeños pactos por la educación que involucren a la institución, acudientes y estudiantes. Un espacio que permita hablar de lo que han sido estos dos años, pero también de la educación y las expectativas que tiene cada una de las partes con relación a esta.
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Ese diálogo debe ser abierto y recoger, entre otros temas, la ansiedad y el miedo tan presente en estudiantes y docentes. Para muchos volver a sus aulas es como llegar a un país desconocido: rostros nuevos, temas que sus compañeros dan por vistos, rutinas que fatigan y formas de aprendizaje que no se ajustan a sus necesidades.
Para muchos estudiantes y docentes volver a la presencialidad implica un esfuerzo emocional que debe ser guiado con amor y respeto; como en los primeros días de escolaridad, cuando la felicidad de aprender las vocales era suficiente para saber que algo maravilloso estaba ocurriendo en sus vidas.
5. Poner en el centro de la agenda pública la crisis educativa. La sociedad en su conjunto debe entender el daño que han sufrido los estudiantes en estos dos años. Durante este tiempo una parte de la opinión pública ha tomado posiciones en defensa o en contra del retorno.
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Este debate, lleno de pasiones y juicios de valor, debe moverse a una pregunta común ¿qué hace falta para que el colegio de mi barrio vuelva a la presencialidad y para que mis hijos regresen a sus clases?
Para esto es necesario entender que esta no es una discusión sobre las posiciones de los adultos, sino sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Además, entender las distintas situaciones y costos que ha tenido para la sociedad una educación remota: aumento en el desempleo, con fuerte énfasis en las mujeres que han tenido que renunciar a sus trabajos para dedicarse al cuidado de sus hijos; aumentos en embarazos tempranos; vinculación de menores a grupos armados y criminales.
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A lo que se suma la pérdida de oportunidades futuras por el aumento en las brechas de aprendizaje con relación a quienes no han regresado a sus colegios. Pensar que todo un municipio tiene esta desventaja nos hará menos competitivos incluso como territorio.
No se trata de señalar responsabilidades por la respuesta ante una tragedia sin precedentes, sino de buscar una respuesta colectiva. En Cúcuta estamos acostumbrados a la polémica como parte del debate público, eso está bien, siempre y cuando se tenga la certeza de que al final debemos construir acuerdos.
Sería bueno que en un ambiente tan complejo como el que se vive en la frontera, lográramos hacer un pacto por la educación, un pacto que sería por el futuro de la ciudad.
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