Diez personas capturadas, cuatro laboratorios destruidos y más de cinco toneladas de estupefacientes incautadas fue el resultado de la más reciente ofensiva de las autoridades en Norte de Santander, operación que permitió desmantelar una organización narcotraficante con presencia en varias zonas del departamento y conexiones internacionales.

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Desde los municipios del Catatumbo, donde funcionaban laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y base de coca, hasta Cúcuta, Los Patios y Chinácota, desde donde operaban algunos de sus principales cabecillas, esta estructura criminal había consolidado una red de narcotráfico que extendía sus tentáculos hasta Centroamérica y Europa.

En un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército, fueron capturados 10 presuntos integrantes de la organización, señalados de coordinar el envío de cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales utilizando corredores ubicados en la frontera con Venezuela y la costa Caribe colombiana.

Según las investigaciones, para garantizar la producción y movilización de los alijos, la organización pagaba impuestos ilegales al Frente de Guerra Nororiental del ELN, que ejercía control sobre las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

Las capturas fueron ejecutadas de manera simultánea mediante órdenes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Las diligencias hicieron parte de la denominada Operación Rosario, desarrollada dentro de la estrategia institucional Esmeralda Plus.

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La investigación permitió establecer que la estructura operaba bajo las órdenes de alias Grillo, un hombre con más de cinco años de trayectoria criminal, identificado como el principal articulador de la producción de cocaína en la región del Catatumbo.

Los investigadores también determinaron que la red utilizaba vehículos acondicionados con compartimentos ocultos para evadir los controles de las autoridades y transportar los cargamentos hacia puntos estratégicos de acopio y distribución internacional.

Para asegurar el funcionamiento permanente de sus centros de producción y el libre tránsito de la droga por las rutas del narcotráfico, la organización mantenía acuerdos económicos con el ELN, al que entregaba importantes sumas de dinero como tributo ilegal por operar en la zona.

Las acciones operativas y judiciales permitieron la incautación de 5,2 toneladas de estupefacientes y la destrucción de cuatro laboratorios dedicados al procesamiento de alcaloides.

De acuerdo con las autoridades, el material decomisado corresponde a 3,7 toneladas de clorhidrato de cocaína y 1,5 toneladas de base de coca.

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