La Fiscalía General de la Nación confirmó condena contra Gloria Milena Álvarez Quinchía, empleada de un hotel en Medellín, por su participación en una red de tráfico de migrantes. Álvarez Quinchía aceptó su responsabilidad en el alojamiento de migrantes que transitaban de manera irregular por Colombia con la intención de llegar al Golfo de Urabá, en un acuerdo judicial que fue avalado por un juez penal especializado.
La sentencia estableció una pena de cuatro años y dos meses de prisión, una multa equivalente a 1.383 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 50 meses.
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A través de un preacuerdo con la Fiscalía, Álvarez Quinchía aceptó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. La investigación fue liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, entidad que reunió pruebas suficientes para vincular a Álvarez Quinchía con la organización, que operaba proporcionando alojamiento y transporte a migrantes provenientes de distintos países de América Latina, principalmente ciudadanos cubanos.
El juez que avaló el acuerdo también dictó una multa y la inhabilitación de la mujer para ejercer funciones públicas, como parte de una medida que busca desincentivar la complicidad en actividades de tráfico de personas y reforzar la lucha contra redes delictivas que atentan contra los derechos humanos de los migrantes en tránsito.
Así operaba la red
La Fiscalía reveló que Álvarez Quinchía albergaba a los migrantes en el hotel donde trabajaba en Medellín y facilitaba la logística para que posteriormente fueran transportados a Capurganá, en el departamento de Chocó.
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Desde ese punto, los migrantes abordaban lanchas rápidas con destino a Panamá, desde donde continuaban su recorrido hacia Estados Unidos. La ubicación estratégica del hotel en Medellín facilitaba el flujo de personas hacia las rutas del norte, en especial al Golfo de Urabá, uno de los principales puntos de tránsito para quienes buscan cruzar de manera irregular la frontera hacia Centroamérica.
En mayo de 2022, las autoridades capturaron a Álvarez Quinchía junto con otros 10 individuos presuntamente involucrados en esta red de tráfico de migrantes. Durante la operación, la Fiscalía imputó a los detenidos y dictó medidas de aseguramiento, en el caso de Álvarez Quinchía, bajo detención domiciliaria. La investigación estableció que esta red de tráfico explotaba la vulnerabilidad de los migrantes y utilizaba varios hoteles y sitios de alojamiento en el país para facilitar el tránsito de estas personas.
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