Haber confiado en Jesús Rubén Suescún y su esposa María Criselia Santos, habría sido el peor error que cometió más de un centenar de personas, pues en vez de conseguir la solución que buscaban a sus problemas con las autoridades de tránsito, lo que lograron fue perder dinero.

Y es que esta pareja, junto con otra persona que tenían como secretaria, son señaladas por las autoridades de haber estafado a una gran cantidad de personas que los buscaron para hacer trámites ante las autoridades de tránsito municipal y departamental.

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Según una fuente judicial, los esposos montaron dos oficinas en Pamplona, donde ofrecían sus labores como tramitadores y poco a poco se ganaron la confianza de sus víctimas.

“Al principio, ellos les cumplieron a sus clientes, pero luego comenzaron a engañar a las personas, a decirles que los trámites se demoraban mucho más de lo debido por culpa de las autoridades de tránsito, pero nada eso era cierto, solo sacaban excusas y se iban quedando con el dinero y los documentos”, señaló la fuente.

El mayor José Daniel Ortiz Soto, comandante de la Policía de Tránsito de Norte de Santander, aseguró que hasta el momento 65 personas han puesto la denuncia en la Fiscalía, por estafa.

“Estas tres personas se aprovecharon de la nobleza y la confianza que mucha gente depositó en ellas para que les ayudaran con los trámites. Las víctimas son habitantes de Pamplona y municipios aledaños”, sostuvo el oficial.

Cómo inició la investigación

La Policía de Tránsito del departamento aseguró que al ver que en la Fiscalía se estaba dando una seguidilla de denuncias por estafa, especialmente por asuntos de trámites, y que los hechos se registraban en la Ciudad Mitrada, decidieron iniciar la investigación.

“Al ver esto y que todos señalaban a dos oficinas de Pamplona, la unidad de alertas tempranas en asocio con investigadores de la Policía de Tránsito, comenzaron a analizar la situación y de inmediato contactamos a las víctimas”, comentó una fuente judicial.

Añadió: “así se observó que los dos establecimientos eran de la misma persona y después vimos que ahí estaban los esposos y otra mujer que también sería familia de ellos. Las víctimas eran humildes, que compraban un carrito y con esfuerzo mandaban a hacer el traspaso. Además, los implicados les decían que tenían contactos con el Ministerio del Transporte o centros de enseñanza para conducir”.

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Cuando las autoridades tuvieron los testimonios y otro material probatorio suficiente, iniciaron con la identificación plena de los responsables.

“Fue así como se estableció que Jesús Rubén Suescún administraba los negocios y su esposa, María Criselia Santos, aparecía como gerente, mientras que la otra persona era la secretaria, quien se encargaba de recibir la gente y darle una supuesta factura con el NIT de la empresa. Cada uno cumplía su rol”, explicó el mayor Ortiz.

Agregó: “siempre les decían a las personas que un traspaso se demoraba como dos meses, mientras metían la carpeta y que por eso les debían pagar hasta $1.2 millones. Así llevaron a las víctimas como cuatro meses, sin cumplirles”.

Y tras ocho meses de investigación, la Policía de Tránsito logró establecer la identidad plena de los presuntos estafadores y que se habían ido de Pamplona a vivir a Toledo y Bucaramanga.

Con su ubicación, los uniformados capturaron a estas personas y al ser presentadas ante un juez, los esposos fueron cobijados con medida de detención domiciliaria, pero la tercera de ellas quedó en libertad.

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