Seis policías, de los 10 que fueron capturados por unidades de la Dijín, el pasado 28 de noviembre, porque presuntamente habrían hecho un procedimiento irregular, recibiendo hasta dinero, quedaron en libertad, el atardecer del martes.
Un juez, en segunda instancia, consideró que no había pruebas suficientes que indicaran que los uniformados, que pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se reunieron y concertaron con los investigadores de la Sijín para hacer una actividad ilícita.
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Ante eso, la decisión que tomó el administrador de justicia fue dejarlos en libertad, por lo tanto los seis policías tendrán que ser vinculados nuevamente a la institución.
Los familiares de los uniformados siempre señalaron que ellos eran inocentes y que las acusaciones que les hacían eran un montaje para buscar resultados por parte de los altos mandos.
¿Qué pasará con los de la Sijín?
Mientras unas familias celebraron la decisión del juez de dejar en libertad a los integrantes del GOES, las de los funcionarios de la Sijín siguen pidiendo que se esclarezca todo lo antes posible, pues, según aseguran, las pruebas contra ellos no son contundentes.
“A la fiscal del proceso se le olvida que los investigadores proceden bajo órdenes judiciales que ellos mismos expiden, como lo sucedido en el allanamiento por el que son procesados, entonces confiamos que en el juicio que se va a dar, se demostrará que todo es un montaje”, indicó un allegado de los miembros de la Sijín.
Agregó: “la defensa de los policías aportó evidencia digital, videos y documentos que dan cuenta de que estos funcionarios actuaron bajo un mandato constitucional, obedeciendo a una orden de registro y allanamiento por la Fiscalía, que no arrojó capturas e incautaciones”.
La investigación
Desde que los policías fueron capturados, se conoció que durante las indagaciones, la Dijín habría establecido que presuntamente los uniformados organizaban falsos allanamientos con el fin de quedarse con pertenencias y dinero de supuestos criminales, a cambio de no presentarlos ante los fiscales.
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Además, según una fuente extraoficial, a las víctimas las amenazaban para que no denunciaran lo que estaba pasando, como ocurrió en un allanamiento en el barrio La Parada, de Villa del Rosario.
Presuntamente, la víctima les dio $20 millones para que los repartieran entre los que participaron en el falso allanamiento, “pero lo que ellos no sabían fue que todo quedó evidenciado por medio de interceptaciones y testimonios”, sostuvo la fuente.
Con el supuesto material probatorio que tenía la Fiscalía, un juez avaló la captura de los 10 policías, de los cuáles solo cuatro seguirán en prisión: intendente Iván Reinaldo López Rangel y subintendente Reinaldo Chaustre Zambrano, y los patrulleros Jairo Antonio Martínez Cuadros y Paola Andrea Peralta Becerra.
Quienes recobraron la libertad fueron el intendente Wilson Carrillo Celis y los patrulleros Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Lindarte Ramírez, Ramón Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas.
