Esta región ha padecido los rigores de las crisis desde su fundación, tal vez con mayor frecuencia y más intensidad que otras. Unas veces beneficiosas bajo la forma de bonanzas, otras catastróficas con resultados desastrosos en materia de desempleo, caos e inseguridad, tanto en lo social como en lo económico. Sin mucho retroceder, digamos que las mayores crisis comenzaron luego del primer gran terremoto de 1875. En ese entonces la recuperación fue tan rápida y el progreso tan vertiginoso que en apenas quince años se estableció el ferrocarril y posteriormente el tranvía, el alumbrado eléctrico; en menos de dos años se reconstruyó el hospital, las vías de comunicación terrestres y fluviales, todo esto cuando la población local era de tan solo doce mil personas.
Vino luego la Guerra de los Mil Días, durante la cual la ciudad sufrió sus rigores durante cuatro años y sobrevivió a un sitio de 35 días en los cuales se vieron muestras de heroísmo y sacrificios sin par.
La Primera Guerra Mundial sobrevino pocos años después, presionando una crisis universal que no afectó de manera significativa la economía regional ni la vida local, pero sí contribuyó a escasear algunos productos que no impactaron el tradicional devenir de sus pobladores. En el período de la primera postguerra y hasta el año de la Gran Depresión en 1929, no se presentaron grandes variaciones en el mundo que ahora trataba de superar las dificultades dejadas por la confrontación armada del viejo continente. Desde ese año hasta comienzos de la década de los sesenta, algunas crisis que pudiéramos denominar como “menores” se fueron sucediendo, tal como brevemente paso a contarles. A comienzos de los treintas, se presenta la primera de las ya largas disputas con nuestro vecino. Por los abusos y la congestión presentados en los puertos del Lago de Maracaibo, por donde transitaban las mercancías que venían y salían de Cúcuta, el ferrocarril tuvo que suspender sus actividades con el consecuente desempleo y el malestar general que por fortuna y gracias a la intervención del presidente venezolano Juan Vicente Gómez, oriundo de San Antonio del Táchira, conocedor de las dificultades que esa situación creó, intervino para solucionar el problema y de paso, el nuestro.
Sin embargo, los rifirrafes continuaron de lado y lado de la frontera. A mediados de la década de los treintas, primero en el 34 y a raíz de los inconvenientes generados por la importación de sal y ganado, ambos gobiernos firmaron un “arreglo sobre relaciones comerciales” mediante el cual se permitiría, libre de gravámenes, la importación de hasta veinte mil sacos anuales de 60 kilos y de un máximo de 25 mil cabezas de ganado durante el mismo periodo. Este “arreglo comercial” tendría una vigencia de un año, pudiéndose renovar por períodos análogos “si no fuese denunciado tres meses antes de su fecha de expiración”.
En 1937 se dio una situación similar a la que se presenta hoy (2017), pero esta vez, fueron las autoridades colombianas las que desataron persecuciones y decomisos de moneda venezolana, toda vez que desde hacía poco más de un año se había presentado un éxodo de dinero venezolano y una inmigración de obreros del vecino país, atraídos por las perspectivas de trabajo y de comodidades que se vislumbraban, una vez terminado el conflicto con el Perú.
No existían entonces las casas de cambio, una actividad existente en las fronteras de casi todos los países del mundo, así pues, la sociedad mercantil de la ciudad y los congresistas, convencieron al gobierno nacional de tomar cartas en el asunto y por tales circunstancias se expidió un decreto que reglamentaba la circulación de moneda extranjera a los turistas que ingresaban al país por sus principales puertos, Cúcuta incluida y que en el artículo segundo decía “las personas que tengan en su poder monedas de plata venezolana tienen la obligación de venderlas a la sucursal del Banco de la República en Cúcuta”, además de otras normas que produjeron consecuencias adversas para el comercio de la ciudad, porque alejó a los compradores venezolanos, toda vez que se creó un impuesto del 5% a las mercancías que se vendieran hacia Venezuela. En este contexto, la posición asumida fue la de firmar la prórroga del convenio comercial Colombo-Venezolano expedido años atrás, a pesar de la férrea oposición que suscitó entre algunos ministros, que incluso amenazaron con demandarlo por inconstitucional; afortunadamente los impedimentos fueron aclarados y la vida económica de la región retomó su rumbo, pues las rentas departamentales de ese año permitieron que el gobierno nacional girara los recursos para impulsar las necesidades más apremiantes.
En 1942, a raíz de una serie de decomisos realizados por la Aduana Nacional al comercio local y a los visitantes venezolanos se produjo un movimiento de protesta que culminó con una serie de medidas entre las cuales figura el “Estatuto de Régimen Fronterizo Venezolano Colombiano” firmado en Caracas el 5 de agosto de 1942, refrendado posteriormente en el Congreso por la ley 13 de 1943. Esta crisis terminó oficialmente con la visita que hiciera a esta presidente venezolano Isaías Medina Angarita, reseñada en una de mis crónicas.
Con el fin de reafirmar los compromisos adquiridos años anteriores, en 1946 se estableció el llamado “Modus Vivendi Comercial” dados los excepcionales lazos de amistad que unen a nuestros dos países y a título de naciones fronterizas, según lo expresado por los cancilleres firmantes. Como en tratados anteriores se adoptó la modalidad de “canje de notas” por considerar que constituía el procedimiento más expedito para resolver los inconvenientes fronterizos menores que periódicamente se presentaban. En este nuevo tratado se reafirmaba buena parte de los acuerdos anteriores, tales como los intercambios de sal y ganado vacuno, los cobros y las exoneraciones de aranceles, el libre tránsito de las mercancías colombianas por territorio venezolano, entre los que se incluían los productos con destino a la ciudad de Arauca y los bienes y demás maquinaria que atravesaban el territorio del vecino país con destino a los campamentos de la Colombian Petroleum Company. El cobro de los derechos por los servicios prestados en ambas naciones serían los mismos que se les cobraría al comercio del respectivo país y para terminar, la duración del presente arreglo será de un año a partir de la fecha de su firma, que fue el 11 de octubre de 1946, pero que podría ser prorrogado a su expiración un año más, como efectivamente sucedió, suscitando la siguiente crisis, de la cual continuaremos en la próxima entrega.
*Gerardo Raynaud D.
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