Gerardo Raynaud D.
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Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que la más seria aproximación a una concertación formal y juiciosa sobre la problemática fronteriza de mediados de siglo, fue la expedición del Estatuto de Régimen Fronterizo de 1942.
Digamos que fue tan exitoso que “supuestamente” en 1959 se reunieron en las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal, capitales del departamento colombiano de Norte de Santander y Estado Táchira en Venezuela respectivamente, los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y de Venezuela, Julio César Turbay Ayala y Ignacio Luis Arcaya, para reexaminar la situación que venía presentándose en la zona fronteriza, relativa al tránsito y residencia de sus respectivos connacionales, con el firme propósito de eliminar las dificultades y fortalecer los vínculos de amistad entre los dos países.
Las pruebas muestran que el 6 de noviembre del año mencionado, se firmó el “Acuerdo Colombo-Venezolano de reafirmación de amistad”, llamado “Tratado de Tonchalá”. Menciono pruebas por la sencilla razón que no hay evidencia legal de su existencia, pues no aparece registro oficial alguno en la Biblioteca Virtual de Tratados de la Cancillería colombiana, requisito que certifica la validez de los convenios y tratados que firma el país con sus pares.
El “desaparecido” Acuerdo retoma los compromisos pactados en el anterior Estatuto de Régimen Fronterizo, adaptándolos al nuevo contexto social y político suscitado por las renovaciones surgidas con ocasión de los cambios en los regímenes políticos de ambos países al ingresar en el camino de la democracia participativa. En la práctica el “Tratado de Tonchalá” ratificó lo aprobado en el Estatuto de 1942, relacionado con el tratamiento que se les daría a los trabajadores agrícolas e industriales, entre otros, a quienes se les expediría una “cédula pecuaria fronteriza” a los primeros y un “permiso fronterizo industrial” a los segundos.
En los más de quince años transcurridos desde la firma del anterior Estatuto, no se tenían estadísticas exactas sobre la cantidad de personas a las cuales se les había otorgado su respectiva documentación, ni se llevaban controles de los permisos, licencias y cédulas expedidas, puntualmente en Venezuela, puesto que eran escasos por no decir que nulos los documentos que en tal sentido hubieran sido expedidos en Colombia, salvo aquellos casos de imprescindible necesidad. Todo ello, sin consideración de la presencia infaltable de hechos de corrupción asociados con la expedición de documentos de identidad que entonces eran obtenidos con mucha facilidad y sin mayores compromisos.
En el “acuerdo de Tonchalá” se plantea como la primera y más importante tarea de los gobiernos de ambas naciones, proceder a la realización de un censo de sus respectivos nacionales “actualmente domiciliados en el territorio del otro país, y a documentarlos debidamente, previa identificación para facilitar su permanencia, siempre que ejerzan un oficio lícito, del cual puedan derivar su honesta subsistencia.”
Desde el mismo inicio de las conversaciones que culminaron con la firma de este tratado, ambos gobiernos eran conscientes de la informalidad con que se habían manejado los compromisos adquiridos en el anterior Estatuto y para ello era necesario conocer el estado en que se encontraban los ciudadanos asentados en las localidades del conocido eje fronterizo de Cúcuta, San Antonio del Táchira y la pequeña población de Ureña. Se aclara, en el punto cuarto del “Tratado de Tonchalá”, que su propósito es “regularizar a la mayor brevedad posible, la situación de los connacionales que se hallen en circunstancias irregulares” y que para ello, se comprometen a incrementar el personal de aquellos consulados que hayan de realizar las labores censales y de identificación.
Para el exitoso cumplimiento de estas acciones, ambos gobiernos se comprometen a realizar, en la región fronteriza, una intensa campaña, tendiente a notificar a los interesados de los requisitos exigidos para entrar, tanto a Colombia como a Venezuela, señalándoles las severas sanciones que les puede acarrear el olvido o la violación de tales requisitos.
En definitiva, el “Tratado de Tonchalá” fue un instrumento diplomático que no buscaba otra cosa que formalizar el tránsito y la permanencia de colombianos y venezolanos en el territorio del vecino y para darle un toque de mayor amistad, el documento concluye con una premisa que había sido largamente esperada, la construcción de un nuevo puente internacional que uniría la población de San Antonio del Táchira con su vecino, para lo cual establecen un plazo fijado hasta el 15 de noviembre del año de la rúbrica, para canjear las notas que sobre las bases técnicas habían sido formuladas por los respectivos ministerios de obras públicas, lo cual se cumplió efectivamente pues con el pasar del tiempo, el proyecto se materializó en febrero de 1962.
Fueron testigos de la firma, los gobernadores Carlos Vera Villamizar del Norte de Santander, Ceferino Medina Castillo del Estado Táchira y el obispo de Cúcuta Pablo Correa León.
Sin embargo, el “Acuerdo Colombo-Venezolano de reafirmación de amistad” del 6 de noviembre de 1959, llamado “Tratado de Tonchalá”, sigue desvanecido, perdido en algún lugar de las nebulosas burocráticas del olvido.
A pesar de su innegable existencia, pues tanto el texto como las citas realizadas por diferentes investigadores, así lo confirman, no hay reconocimiento oficial del documento. Nadie en la Cancillería ratifica conocerlo, no hay respuestas a los interrogantes planteados sobre el tema, en definitiva reina un silencio sospechoso sobre el destino del documento y aunque la validez y existencia o no del “desaparecido Tratado de Tonchalá”, seguirá siendo trivial e intrascendente, no deja de inquietarnos su paradero.
