A mediados del siglo pasado, cuando aún prevalecía en la división política del país la figura de las provincias, se presentó en el gobierno departamental una gran controversia debido a un decreto, el 495 de 1944, mediante el cual se eliminaba la Prefectura de Ocaña.

Las prefecturas fueron establecidas en 1886, pero cuando se creó el departamento de Norte de Santander en 1910, las llamadas entonces “provincias”, perdieron su estatus en la distribución política territorial para convertirse en una dependencia administrativa que dependía de las Asambleas, las que le daban la importancia que le otorgaba la cantidad de diputados que tuviera y los intereses que manifestaran por el desarrollo y bienestar de su región.

Esta situación permaneció hasta 1948 cuando se suprimieron las “provincias” dejando la administración de los territorios a sus respectivos alcaldes, entonces de libre nombramiento y remoción de los gobernadores, quienes a su vez, eran nombrados por el presidente de la república.

Debido a la crítica situación económica mundial generada por el conflicto en el viejo continente, que desde hacía unos meses se había extendido al Pacífico por la intervención de Japón, las finanzas mundiales se veían afectadas y los recursos nacionales disminuidos, toda vez que los bienes y servicios de la mayoría de los países estaban dedicados a satisfacer las necesidades de la guerra. En el país, la economía se vio afectada por la disminución de sus exportaciones, así como la escasez de los productos importados, especialmente de los bienes de capital que se requerían para su desarrollo.

El déficit en los presupuestos regionales motivaba entonces, la toma de decisiones drásticas, una de las cuales afectó los intereses de uno de los territorios más representativos del departamento, la provincia de Ocaña. El bajo presupuesto departamental llevó al ejecutivo a decretar la supresión de la Prefectura de Ocaña, lo cual desencadenó los más candentes debates en la Asamblea Departamental, donde dirigentes y diputados de esa región se vinieron “lanza en ristre” en contra del gobernador y de sus secretarios por haber expedido un decreto inconsulto en el cual “de una plumada se había suprimido una entidad que representa la jerarquía de toda una región”.

No era para menos, pues la agitación política de esa jurisdicción había sido intensa en los últimos tiempos, al punto que en ese año habían pasado dos prefectos y cinco alcaldes ejercieron mandatos efímeros como resultado de la escasez de recursos y de las dificultades propias de la época.

En la primera sesión del mes de mayo del 45, se produce un candente debate en la Asamblea, durante la cual los diputados ocañeros Pineda Ropero y Páez Courvel, citaron a los representantes del ejecutivo regional para que justificaran su actuación con relación al decreto de eliminación de la Prefectura y se propusiera una fórmula para deshacer esa acción.

En primera exposición, el Secretario de Gobierno explica las razones que se tuvieron en cuenta para declarar la extinción de la Prefectura, por cuanto los estimativos por concepto de rentas, exceptuando los de la Fábrica de Licores, son irrisorios y son del orden de los dos millones y medio de pesos, cifra muy inferior a la de otros entes territoriales, como por ejemplo, el presupuesto de la ciudad de Pereira, que es más del doble y que por lo tanto, el departamento tendría que triplicar su presupuesto para poder atender  tales erogaciones.

A su vez, el Secretario de Hacienda, oriundo de esa provincia y representante de los intereses de esa región manifestó textualmente, “Lamento como hijo de Ocaña, encontrarme en perfecto acuerdo con mi colega de Gobierno en relación con el punto fiscal, pues con el déficit existente debo declarar que es imposible reconsiderar esa decisión.”

Ante estas posiciones, el diputado Páez Courvel argumenta que “No corresponde a ninguna urgencia de la administración pública, ni llena ninguna finalidad departamental” y remata diciendo que es evidente que tal institución consulta una primordial necesidad para la buena marcha de la administración pública. Luego de una crítica implacable a los últimos prefectos, pidió al gobierno que volviera por el decoro de esa entidad que “aprestigiaron en otros tiempos ciudadanos  probos como Luciano Jaramillo y Luis Tablanca” en torno a cuya figura hizo un merecido elogio.

En uso de la palabra, el diputado Pineda Ropero, presidente de la corporación, expuso brevemente los motivos que lo motivan a respaldar la noble aspiración del pueblo ocañero y luego de un cálido elogio de su colega y paisano Páez Courvel, pasó a solicitar el voto afirmativo para devolverle a Ocaña la jerarquía perdida, previa lectura de una carta suscrita por todos los dignatarios de Ocaña en la que solicitaban la aprobación de dicho proyecto.

El Secretario de Obras Públicas, Virgilio Barco, fue el más vehemente opositor al plan de restablecimiento y defensor del decreto 495 antes citado. Agregó además, “que la parecía ridículo que la plana mayor de Ocaña se mostrara tan vehemente en la defensa de la Prefectura, cuando ha guardado silencio en relación con la carretera a Cúcuta y otras obras importantes para la misma provincia.” Concluyó su disertación leyendo párrafos de una carta escrita por Enrique Pardo Farelo (Luis Tablanca) en los que aprobaba las medidas del gobierno contenidas en el decreto de la controversia. Al término de esta intervención y debido a lo avanzado de la hora, la presidencia levantó la sesión.

Reunidos nuevamente, la Asamblea decidió nombrar una comisión de cinco abogados expertos para estudiar los aspectos jurídicos de un proyecto de restablecimiento de la Prefectura de Ocaña, el cual fue presentado oportunamente y evaluado por todos los diputados, votando en primer debate el proyecto de Ordenanza respectivo. Finalmente, en la sesión miércoles 16 de mayo, fue sometido a último debate y después de una larga discusión y de algunas modificaciones, sometido a votación resultó aprobado por una amplia mayoría de diez votos a favor y 4 en contra. El diputado Mendoza Bonilla, calificó de “resucitado glorioso” pues estaba seguro que el proyecto se había enterrado en el momento en que se nombró la comisión de abogados. 

El restablecimiento de la Prefectura de Ocaña entró en vigencia el 1 de junio de 1945 a escaso 15 días de su aprobación.

Gerardo Raynaud D.
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