A comienzos de los años cuarenta la atención de la opinión pública estaba más centrada en el desarrollo de la guerra que en los avatares de la política nacional y regional; sin embargo, en 1942, se eligió para un segundo mandato al presidente Alfonso López Pumarejo quien no la tuvo fácil por la férrea oposición de sus contradictores conservadores y de algunos de sus propios correligionarios. Posesionado de su cargo el 7 de agosto, como era costumbre entonces procedía a nombrar a sus gobernadores quienes lo acompañarían en la dura labor de administrar políticamente a sus conciudadanos.

Al Norte de Santander le correspondió en suerte el nombramiento del doctor Carlos E. Ardila Ordóñez, un prestigioso médico, que aunque originario de Bucaramanga, se había afincado en la ciudad y desarrollado su carrera médica, política y personal. Desde su llegada a la ciudad supo ganarse  el cariño y respeto del pueblo por lo cual le supieron devolver en adhesión y aprecio todo lo bueno que de él recibieron. 

Tomó posesión de su cargo el jueves 27 de agosto y a partir de ese día, comenzó las conversaciones con los distintos grupos políticos que le permitieran la escogencia de los alcaldes, pero especialmente, por su importancia, la del Alcalde Mayor de la ciudad capital del departamento. El lunes siguiente, ya definida la nominación, procedió a expedir el decreto mediante al cual se nombraba al doctor Jorge Seemonet en el cargo en mención. El doctor Seemonet era un acreditado jurista que en ese momento se desempeñaba como Fiscal del Juzgado Superior de la ciudad. El nombramiento fue recibido con muchas complacencias dadas sus excelentes condiciones profesionales y por la estrecha relación que mantenía con las gentes del pueblo, a tal punto que miembros integrantes de la Sociedad Mutuo Auxilio, para expresarle sus congratulaciones, esa misma noche del lunes, le dedicaron una serenata en el Hotel Alhambra, lugar de su residencia. Sin embargo, por motivos personales que no explicó, se excusó de aceptar el cargo media
nte carta dirigida, una semana más tarde, al Secretario de Gobierno Departamental, Jorge Lamus Lamus, en la cual le escribe “… manifiesto expresivas gracias y reconocimiento por la demostración de confianza y deferencia que tuvo para conmigo el Gobierno Departamental, al designarme como Alcalde Mayor del Municipio. Especial satisfacción habría tenido al ocupar esa posición y al servirla, colaborando así  con el gobierno tan digna y acertadamente dirigido y, me desagrada privarme de tal satisfacción, pues debo manifestar que no puedo aceptar el honroso cargo señalado”. Al parecer no tuvo el respaldo de los concejales, quienes en privado, no se habían puesto de acuerdo con el gobierno regional.

Así pues, de nuevo al comienzo, el lunes siguiente el gobernador Ardila le ofreció el cargo al doctor Francisco A. Torres, el cual fue recibido con satisfacción en los distintos sectores ciudadanos. En aquellos tiempos no se acostumbraba la consulta previa que hoy se realiza para evitar contratiempos como los que se presentaban antaño y esa fue la razón por la que a este nuevo candidato, lo tomó por sorpresa su designación. Una serie de condiciones debían cumplirse para que el doctor Torres aceptara la postulación, las cuales le fueron transmitidas al mandatario seccional y la Concejo de la ciudad toda vez que una de ellas era de su resorte y debía ser aprobada previamente. En una entrevista que le hicieran en rueda de prensa dijo: “…aún no he tomado ninguna determinación acerca del ofrecimiento de la alcaldía de Cúcuta que tan gentilmente me ha ofrecido el señor Gobernador. Pero en el caso que me decidiera a aceptar, sería bajo las siguientes condiciones: 1°. Autonomía en el ejercicio del cargo, de manera de 
poder nombrar y remover libremente los empleados de esa dependencia. 2°. Reorganización fundamental de la oficina de manera de crear un organismo eficiente como lo reclama la ciudad. Dentro de esa reorganización crear las secretarías de gobierno, hacienda y obras públicas, a fin de darle al municipio, no solo la categoría que le corresponde sino un grande impulso mediante la reorganización de las rentas, el mejoramiento de todos sus servicios y el desarrollo del progreso en forma más intensa y ordenada. 3°. Aumento del sueldo del alcalde, en forma aceptable, que corresponda a la importancia del cargo y a la capacidad de trabajo que él reclama. 

He comenzado a hablar con los concejales sobre mis puntos de vista y mis programas y si hallare para ellos toda la cooperación indispensable y me decidiera a aceptar, sería para mí señalado honor consagrarme por entero al servicio de la ciudad a cuyo prestigio y grandeza debemos dedicar nuestros esfuerzos y desvelos”.

En principio, el Concejo le había ofrecido al doctor Torres su apoyo para sus proyectos a favor de la pretendida reorganización para reformar la administración municipal, pero dos días después, en sesión que se hiciera para tratar las propuestas presentadas, el Concejo negó por 7 votos contra 5 el proyecto de reorganización, así como el aumento del sueldo del Alcalde que había sido convenido previamente, en sesión privada, a fin de hacer posible  la aceptación del candidato Torres y de coadyuvar a sus propósitos administrativos. Negado el proyecto, declaró oficialmente declinar la aceptación al cargo que “le hizo pensar en la posibilidad de aceptar la alcaldía y de desarrollar una amplia labor en beneficio de la Administración y de los intereses de la ciudad, pero negado como ha sido por el Cabildo (…) me siento aliviado de un gran peso y de una inmensa responsabilidad”. 

A finales del mes de septiembre y transcurridos casi un mes, el gobernador Ardila Ordóñez encontró al candidato ideal en el joven ingeniero cucuteño Luis Monsalve Cuberos, de quien se dijo, se esperaba una administración eficiente, justiciera y progresista, puesto que su experiencia primero como director de Obras Públicas del municipio y últimamente como ingeniero de la sección de Obras Públicas del Departamento, le daba licencia para  ejercer un cargo de tanta importancia como la Alcaldía de su ciudad. Se posesionó el 1 de octubre en el salón del Concejo Municipal ante el juez Primero Civil del Circuito, Jesús Foliaco, finalizando para el gobernador tan rebuscado quehacer.

Gerardo Raynaud D.
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