"Vamos a vacunar a los dos millones de venezolanos que hay en el país”, dijo hace varios días la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, luego de agradecer el apoyo de Estados Unidos, Canadá, la Organización Mundial de la Salud y el mecanismo COVAX por las donaciones recibidas. 

La segunda al mando de la nación aseguró que tanto colombianos como venezolanos tendrán la oportunidad de vacunarse al mismo tiempo, siempre que ya se haya abierto la etapa correspondiente a su edad o que cumplan con las condiciones de excepción.

Salvoconductos que no salvan

Ángela tiene 59 años. Es hipertensa. Tramitó su salvoconducto en febrero de este año; de hecho, está a punto de vencerse. Su hija Lila, de 41, consultaba todos los días la página web Mi Vacuna, del Ministerio de Salud de Colombia. Luego de introducir la información de las dos, el sistema le indicaba: Datos no encontrados. 

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A sabiendas de ello, igual Lila se aventuró con su madre hasta un centro de vacunación de la ciudad. Al llegar, entregó su identificación, le preguntaron qué documento era ese, ella explicó que se trata de un salvoconducto SC2, que regulariza su permanencia en Colombia mientras tramita la condición de refugio. 

“Los venezolanos solo con pe-i-pe”, sentenció una de las vacunadoras. Lila le preguntó: “¿Quieres decir PEP? Que significa Permiso Especial de Permanencia”. La muchacha contestó: “Sí. Eso”. 

Ya Lila estaba al tanto del lineamiento del Ministerio de Salud para la vacunación de migrantes regulares: Cédula de extranjería, PEP o salvoconducto. Así se lo explicó con paciencia y respeto a los vacunadores. 

Uno de ellos le pidió el documento de nuevo. Lo buscó en distintas bases de datos, se tomó alrededor de cuatro minutos. “Su mamá no aparece registrada, lo lamento”, terminó diciéndole a Lila. 

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Ángela pidió que entonces revisaran a su hija, quien tiene PEP. Lo hicieron. Dos minutos después: ella, sí apareció en una de las bases de datos. Pero, Lila no quiso vacunarse ese día, su prioridad era su madre. 

Persistir también reivindica derechos

Al siguiente día fueron a otro centro de vacunación. Esta vez se encontraron con una fila más grande para poder entrar al lugar. Una vez adentro, fueron recibidas por un personal mucho más amable que el del día anterior, aunque la reacción fue la misma. 

“Mi mamá tiene salvoconducto”, dijo Lila.  

“¿Qué es eso?”, preguntó uno de los vacunadores del lugar. 

La hija volvió a explicar y, de inmediato, en este centro de vacunación se activaron para buscar una solución. Luego de un rato, convinieron en fotocopiar el documento para guardarlo como constancia, aunque no apareciera en el sistema, y así aplicar la primera dosis a Ángela. Otro integrante del equipo de vacunadores de este lugar, se opuso. Entonces, llamaron vía telefónica a alguien superior, quien también dijo que no era posible. 

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Lila se sintió frustrada, pero no se amilanó. Decidió acercarse hasta la sede del IDS (Instituto Departamental de Salud) y plantear la situación de su madre. El ente estatal se puso en contacto con el centro de vacunación y aclaró la confusión con los lineamientos: todos los venezolanos en condición regular, es decir, que cuenten con PEP, salvoconducto o cédula de extranjería pueden ser inmunizados.

Las venezolanas volvieron al centro de vacunación. Ambas recibieron sus primeras dosis.  

En medio de todo el proceso, Ángela conoció a otra mujer que también contaba con salvoconducto, tiene 48 años. Ella estaba detrás de la mamá de Lila en la fila de espera. Gracias al antecedente de su caso, también logró vacunarse. Relató que había recorrido en las últimas semanas, al menos unos cuatro centros de vacunación. En ninguno había podido hacer valer su salvoconducto. 

Otra historia: la de Alberto, quien tiene PEP vigente. Cuando fue al centro de vacunación, le dijeron que no podían inmunizarlo, porque no estaba afiliado a una EPS. Perdió el viaje. 

El llamado del IDS 

“El migrante que haya ingresado de manera regular al territorio nacional tiene el derecho a acceder al proceso de vacunación. No pueden existir barreras por parte de prestadores”, sentenció Carlos Martínez, director del IDS de Norte de Santander.  

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Aseguró que continuarán reforzando la información para que no se sigan “generando barreras a personas que han ingresado legalmente y quieren acceder al proceso de vacunación y no se lo están permitiendo. No hay derecho a que esto siga sucediendo”.

La academia ratifica

Sobre este tema, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario realizó recientemente su programa de radio Esto no es una frontera, esto es un río. La experta invitada fue la epidemióloga Zulma Cucunubá, médica de la Universidad Nacional con PhD en Epidemiología. 

Para el COVID-19 el factor que más pesa es la edad, “por eso el esquema de vacunación está regido por eso, luego está el factor de comorbilidad, es decir, alguna patología de base”, expuso la médica.

Si el migrante en condición regular cuenta con un certificado de salud que explique su comorbilidad y tiene menos de 30 años, puede acudir al centro de vacunación para que reciba su dosis. Lo mismo sucede con los colombianos. 

Desinformación advertida

Ya la epidemióloga avizoraba: “Pueden haber personas que sí tienen los permisos, lleguen al sitio de vacunación, y puede que haya desinformación allí, y que por eso no se les garantice la aplicación de la dosis, lo cual es lamentable y es algo que se resuelve con información”. 

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Reiteró que los migrantes en condición regular no requieren afiliación a EPS, solo deben llevar la documentación requerida. “La prioridad es que se haga lo más pronto posible”, afirmó. 

Los venezolanos también son ‘rebaño’ colombiano

Ante la inquietud sobre la importancia de vacunar a la población migrante con miras a lograr la inmunidad de rebaño, Cucunubá se refirió a la forma en que funcionan las dinámicas de transmisión. “Bolsillos grandes, llamamos así en epidemiología a las personas sin vacunación, pueden convertirse en el origen de nuevos brotes”, explicó. 

Dado el significativo tamaño de la población migrante en Colombia, su falta de inmunización frente al COVID-19 los afecta directamente por su alto riesgo de contagio, “e indirectamente puede incrementar la transmisión en el resto del país”, arguyó la epidemióloga. 

También advirtió que la imposibilidad de que los migrantes en condición irregular puedan vacunarse, atañe “un vacío legal y logístico que tiene que solucionar el gobierno prontamente”.   

Migrantes embarazadas

“La mayoría de los países en América Latina hemos venido disminuyendo lentamente nuestras cifras de mortalidad materna que son un indicador de salud pública. Por primera vez en dos décadas, el año pasado, estas cifras se incrementaron más de un 40%, principalmente debido a muertes de embarazadas por coronavirus. Y en Colombia, una proporción importante de esas muertes ocurrió en migrantes”. De aquí, la epidemióloga consideró que las venezolanas embarazadas debían acceder pronto a la vacunación contra COVID-19.

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Y en efecto, desde hace pocos días, el Estado colombiano llamó a todas las mujeres que estén entre las primeras 12 semanas de embarazo hasta los 40 días de posparto para que asistan a los centros de inmunización. 

Cucunubá está de acuerdo con la OMS en que “no estamos a salvo hasta que todos estemos a salvo”. 

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