La victoria de Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos, además de venir con su promesa de la deportación masiva más grande de la historia y de impulsar la economía, también representa un cambio significativo en lo relacionado con los derechos reproductivos.

Su regreso a la Casa Blanca, con una mayoría republicana en el Congreso, trae consigo una amenaza para el derecho al aborto, que ya había sido objeto de una reconfiguración profunda desde su primer mandato.

Cuando ocupó la presidencia entre 2017 y 2021, Trump había reconfigurado la Corte Suprema de Estados Unidos y nombró a tres jueces conservadores que, en 2022, contribuyeron a la histórica anulación de Roe v. Wade, la sentencia que durante más de medio siglo había garantizado el derecho al aborto a nivel federal.

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Esta decisión devolvió la autoridad sobre el aborto a los estados, lo que provocó una rápida expansión de las restricciones o prohibiciones al aborto en varios estados del país.

Estados Unidos es un país donde el 62% de los adultos estadounidenses cree que la practica “debería ser legal en todos o la mayoría de los casos”, según una encuesta del centro de investigaciones Pew Research Center.

De acuerdo con Human Rights Watch, la próxima administración republicana “plantea una grave amenaza a los derechos reproductivos y la autonomía corporal”.

Sin embargo, las medidas sobre el aborto en varios estados revelan un panorama mixto para los derechos reproductivos en el país.

Por ejemplo, la aprobación de medidas en estados como Missouri, Arizona, Colorado, Maryland, Montana y Nevada muestra un fuerte respaldo al derecho al aborto, con varios estados consagrando este derecho en sus constituciones o revocando prohibiciones previas, con una tendencia hacia la expansión y protección de los derechos reproductivos.

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En otros estados como Florida, Dakota del Sur y Nebraska, las propuestas a favor del aborto fracasaron o resultaron en restricciones significativas. “Estas iniciativas tendrán un efecto amedrentador sobre los trabajadores sanitarios, algunos de los cuales abandonarán estados en los que podrían correr el riesgo de ser procesados por prestar atención sanitaria, incluso a personas que sufren emergencias médicas”, advirtió HRW.

Según resumió la ONG, “los resultados son dispares, pero revelan principalmente victorias para los derechos reproductivos, ya que siete estados acordaron revocar prohibiciones o consagrar el derecho al aborto en sus constituciones”.

Tras las elecciones, HRW consideró que el derecho al aborto cuenta con respaldo pero “corre un gran riesgo”. “Los defensores del derecho al aborto temen que un Congreso dominado por el partido conservador impulse restricciones nacionales o una prohibición”, aseveró la organización.

El multimillonario republicano que en 1999 se declaraba a favor del derecho de la mujer a elegir abortar fue en 2020 el primer presidente en asistir a la “Marcha por la vida”, la gran misa anual de los activistas antiaborto.

Desde octubre, Trump aseguró que impondría su veto si el Congreso adopta “una prohibición federal del aborto”. Pero según los expertos, lo que entiende por prohibición es vago. Podría por ejemplo designar solamente una prohibición sin ninguna excepción (en caso de violación, de incesto), y dejar la puerta abierta a otras opciones.

Además de la vía legislativa, un nuevo gobierno de Trump podría verse tentado a utilizar el poder del Estado federal.

Los defensores del derecho al aborto esperan que el primer blanco del nuevo gobierno sea la píldora abortiva. Se utiliza en cerca de dos tercios de las IVG en Estados Unidos.

A lo largo de los años, la Agencia estadounidense de Medicamentos (FDA) amplió las condiciones de acceso a la mifepristona, la primera de dos píldoras a tomar para someterse a un aborto por la vía de medicamentos, sobre todo al permitir su envío por correo tras una teleconsulta médica.

Expertos creen que una segunda administración de Trump podría dar marcha atrás a estas nuevas disposiciones, con consecuencias incluso para los estados donde el aborto sigue siendo legal.

El fin del envío de píldoras abortivas por correo representaría sobre todo un golpe duro debido al bloqueo de otras opciones para abortar implementadas desde el fallo de la Suprema Corte hace dos años.

Protegidos por leyes específicas que los protegen por ejemplo en Nueva York, médicos prescriben y envían píldoras abortivas a mujeres que viven en estados con restricciones. Miles de píldoras abortivas son enviadas cada mes a estados que restringieron o prohibieron el aborto, según la organización WeCount.

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