Militares mexicanos tienen responsabilidad, por sus acciones u omisiones, en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014, según un informe de una comisión gubernamental divulgado esta semana.

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“Sus acciones, omisiones o participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior), al presentar el reporte en un acto público.

“No se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en la zona al momento de los hechos, añadió el titular de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, quien no detalló si esos agentes siguen activos.

Encinas aclaró, no obstante, que es necesario seguir investigando hasta dónde llegó la participación de militares en lo que volvió a catalogar como un “crimen de Estado”.

El pasado 29 de marzo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que miembros de la Marina eran investigados por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras pesquisas, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos alumnos identificados hasta ahora.

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“Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron”, señaló entonces el mandatario izquierdista, que creó la comisión para esclarecer el caso.

 
Soldado infiltrado

La desaparición de los 43 estudiantes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.

Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional.

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Encinas aseguró que el Ejército incluso tenía infiltrado a un soldado en la escuela, quien informaba de las actividades estudiantiles y cuyo paradero se desconoce también desde el 26 de septiembre, cuando envió su último reporte.

“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado”, dijo. Una veintena de personas que daban información sobre el caso han sido asesinadas desde 2014, según el documento.

La responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas no fue incluida en la llamada “verdad histórica” planteada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.

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Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis, rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Sin indicios de vida

Como parte de las indagaciones, el gobierno de Peña Nieto aceptó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su tercer informe de marzo pasado, ese grupo denunció las manipulaciones en el basurero y acusó a autoridades de haber ocultado información clave desde el día que ocurrieron los hechos.

Según el GIEI, algunas instituciones -a las que no identificó- se resisten a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia.

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También sostuvo que miembros del Ejército seguían los movimientos de los normalistas dos días antes de su desaparición, por lo que sabían “qué estaba ocurriendo”. Pese a ello, esos datos no fueron entregados para las averiguaciones.

Encinas reiteró lo dicho por el GIEI en cuanto a que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida, pero apuntó que los 43 jamás volvieron a estar juntos tras salir de la escuela y por tanto se debe seguir la búsqueda de los restos en otros sitios.

El informe fue presentado el jueves pasado a López Obrador y familiares de los alumnos, que se resisten a admitir que están muertos. Fue una reunión “muy dolorosa”, afirmó Encinas.

El subsecretario dijo igualmente que la Fiscalía determinará hasta dónde llegan las responsabilidades, al ser interrogado si estas pudieran alcanzar a Peña Nieto. El funcionario de mayor nivel que es buscado por este caso es Tomás Zerón, quien era jefe de la Agencia de Investigación Criminal y es acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia.

Zerón, quien alega persecución política, se encuentra en Israel, donde ha pedido asilo, y México gestiona su entrega en base a un acuerdo de colaboración jurídica.

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