Kevin Murakami es el director de la Sección de Antinarcóricos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, una agencia que busca cooperar con Colombia en materia de seguridad, fortalecimiento de las leyes y, por supuesto, narcotráfico.

Murakami, además, es experto en temas de drogas. En entrevista con Colprensa, explicó cuál es la posición del mayor aliado internacional de Colombia frente a la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, así como cuáles son los ejes de trabajo en los que ambos países buscan fortalecerse.

¿El fentanilo está desplazando a la cocaína en consumo y tráfico?

No estamos de acuerdo con esta narrativa. La cocaína sigue siendo una amenaza.

El fentanilo y la cocaína son dos diferentes tipos de drogas. El fentanilo es un depresor y la cocaína es un estimulante. No vemos ninguna reducción de demanda en los Estados Unidos, entonces no creemos que el fentanilo esté reemplazando a la cocaína. Los dos son amenazas graves, sin duda; los dos matan muchísimo.

Además, hasta el momento no hay información que sugiera que Colombia está produciendo fentanilo adulterado para el mercado de los Estados Unidos.

Ahora, aunque Colombia no está enviando fentanilo a Estados Unidos, el narcotráfico, en general, sigue. El gobierno actual, sin embargo, ha tratado de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas.

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¿Cuál es la posición de Estados Unidos en ese cambio de paradigma?

En septiembre, el Gobierno colombiano publicó la nueva política nacional de drogas, y lo felicitamos por eso. Nos complace mucho que el Gobierno de Colombia sigue comprometido con la lucha contra el narcotráfico.

La verdad, esta nueva política es muy similar a la política holística contra el narcotráfico que lanzamos con el Gobierno de Colombia en el año 2021. El propósito de las dos políticas es abordar los diferentes aspectos del fenómeno del narcotráfico, especialmente las causas de largo plazo.

La nueva política tiene muchos elementos en los que ya estamos trabajando en conjunto con el Gobierno y la Fuerza Pública, como la interdicción, la lucha cobntra delitos de medioambiente, la lucha contra redes de lavado de activos.

Entonces, ¿no cree que enfocarse en la salud pública, en el consumidor y en otros eslabones deja por fuera el enfrentamiento al narcotráfico?

No, la verdad. Hace unas semanas tuvimos una reunión del grupo de trabajo bilateral contra el narcotráfico, en la cual los dos Gobiernos (de Colombia y de Estados Unidos) hicieron el compromiso, otra vez, de entrar a luchar conjuntamente contra el narcotráfico.

En términos de reducción de demanda y de salud pública, esos elementos son supremamente importantes con los que estamos de acuerdo. La administración de Joe Biden este año anunció un nuevo programa de millones de dólares para reducir el consujmo de droga y reducir la demanda de droga.

Aquí en Colombia, con mi sección, la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, manejamos programas de reducción de demanda de droga. Entonces, vemos que la salud pública es parte de este proceso de enfrentar el narcotráfico.

¿Usted opina que para ese fenómeno es más importante el aspecto de la Fuerza Pública, el combate a las grandes estructuras, o la mirada hacia la salud pública y la prevención?

Yo no puedo decir que uno es más importante que otro, porque el fenómeno del narcotráfico tiene tantos diferentes aspectos, tantos diferentes elementos. Tenemos que abordar el problema de una manera integral, por eso nuestra cooperación con Colombia tiene una parte de salud pública, una importante de interdicción, de lavado de dinero, de medioambiente. Además, los narcotraficantes reciben muchos ingresos de crímenes como minería ilegal.

Nosotros contemplamos temas de títulos, temas de confianza entre las comunidades y la Policía, de acceso a la justicia en zonas vulnerables, de derechos humanos; todo eso es parte de la lucha contra el narcotráfico. Hemos estado, y vamos a seguir, trabajando en conjunto con el Gobierno de Colombia y con la Fuerza Pública precisamente para abordar estos diferentes aspectos.

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Algunos grupos que económicamente se nutren con el narcotráfico mantienen diálogos con el Gobierno. El anuncio más reciente vino por parte del Estado Mayor Central de las FARC. ¿Esa búsqueda de paz es un buen camino en el desmantelamiento del narcotráfico?

Estados Unidos fue gran apoyante del Proceso de Paz de 2016. Nuestra precisión, y la ha dicho mi embajador en varias ocasiones, es que no debe haber impunidad para narcotraficantes. Esa es nuestra posición.

Por otro lado, a veces nos olvidamos del medioambiente y el impacto que sufre dentro de toda la complejidad de la cadena del narcotráfico. Usted, en cambio, lo ve como algo en lo que se debe profundizar...

Sí, yo creo que es muy importante enfatizar eso. Por ejemplo, en los laboratorios de clorhidrato de cocaína y pasta base nosotros estimamos que más de treinta millones de galones son mezclados con cemento, ácido sulfúrico y otros químicos superdañosos que contaminan de manera permanente al suelo y el agua. Es supergrave ese daño.

También se necesita reconocer el daño de los mismos cultivos. Según el último informe de la UNODC (Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), hay 230 mil hectáreas de cultivos de coca. Es decir, toda esa área está deforestada, no se puede utilizar para productos agrícolas, por lo que se afecta la seguridad alimentaria. Y más o menos el 11% de todos esos cultivos están en parques naturales, o sea, áreas protegidas, tesoros de todo Colombia.

Buena parte de los cultivos, asimismo, está en zonas sagradas para las comunidades indígenas.

¡Exacto!

¿Ustedes se han acercado directamente a ellas?

No directamente, pues nuestra cooperación llega a través del Gobierno nacional y la Fuerza Pública. Pero hay otro problema con los cultivos y con esa parte de toda la cadena del narcotráfico: Donde hay coca hay narcotraficantes, y donde hay narcotraficantes hay más violaciones de derechos humanos, hay más homicidios de líderes sociales, hay más abuso de niños, hay más violencia basada en género. Todos esos delitos existen donde hay coca y narcotráfico, y creo que es muy importante reconocerlo.

Pero ¿cuál es su apuesta frente a la sustitución de cultivos y el tránsito de la población a la legalidad?

Un buen aspecto de la nueva política de drogas es hacer este programa (de sustitución) a nivel de las comunidades. De esta manera, se pueden evitar incentivos perversos para sembrar coca.

Sin embargo, tenemos unas inquietudes con la propuesta de legalización de la hoja de coca. No vemos que la legalización vaya a ayudar al Gobierno de Colombia a reducir la cifra de cultivos ilícitos. No vemos un camino en el cual la legalización de la hoja de coca vaya a reducir la producción de droga, el consumo de droga, el narcotráfico o la violencia asociada a todo eso.

¿Hay, entonces, fuera de la regulación, maneras que ustedes crean más efectivas para combatir tanto el narcotráfico como la gran cantidad de hectáreas, evitando, precisamente, daño al medioambiente?

Repito, es un proceso bien complicado que va a necesitar un abordaje integral. Seguridad, desarrollo económico, la parte social, acceso a la justicia, el medioambiente; todas esas cosas son importantes. En todas esas áreas el Gobierno de los Estados Unidos está apoyando al colombiano.

Por ejemplo, tenemos un programa de becas que se llama ‘Vamos Sumando’, con el que cada año hay más de mil muchachas y muchachos, jóvenes de comunidades afro, indígenas y de comunidades rurales, que vienen de zonas vulnerables, se forman como policías o como oficiales de la Armada y vuelven a esas comunidades. Son ellos los que conocen los retos y oportunidades de seguridad de su territorio. Ese es un programa que hemos apoyado orgullosamente por catorce años.

Para hacerle frente a los cultivos, ¿ustedes le apuntan a la fumigación aérea?

No. Eso es una decisión del Gobierno colombiano. No ha habido fumigación aérea desde 2015.

Además de drogas, la Sección INL —y usted personalmente— ha colaborado con el Ministerio de Justicia para brindar equipos y demás elementos a las cárceles. Luego de haber abordado su posición en la temática de drogas, ¿podría contar cómo observa la idea de una política carcelaria más humana?

¡Sí! De hecho, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Justicia para mejorar el sistema carcelario aquí en Colombia. Tenemos programas muy importantes, por ejemplo, para luchar contra la corrupción en La Picota y para mejorar condiciones en general en términos de seguridad, hacinamiento y corrupción en todo el sistema carcelario de Colombia.

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¿Podría explicar más a fondo esas iniciativas?

En La Picota hemos brindado tanto capacitación como equipamiento para que los funcionarios tengan mejor seguridad. También donamos equipamiento para salas de audiencias virtuales para que los privados de la libertad no tengan que moverse a otros lugares para sus audiencias.

Tenemos un programa por el cual la Asociación Estadounidense de Correccionales (ACA) capacita con mejores prácticas al Inpec. Hay un sistema de acreditación con el que, hasta la fecha, doce diferentes cárceles han recibido esa acreditación.

Tenemos también un proyecto muy importante sobre alternativas al encarcelamiento, tanto para los jóvenes como para los adultos. Eso es muy importante. Eso incluye un nuevo proyecto que estamos diseñando para las madres cabeza de familia.

La humanización carcelaria genera oposición en algunos sectores, por la diferencia que podría traer en beneficios penales, por el tratamiento diferente a algunos delitos, por los reclamos de algunas personas sobre supuesta impunidad, etcétera. ¿Ustedes, por el contrario, sienten confianza en ese enfoque?

Nos toca revisar el proyecto de ley de humanización, porque el proyecto anterior está en revisión con el Ministerio de Justicia, en consultas con la Rama Judicial, con las Cortes. Nos toca revisar qué saldrá del Gobierno.

Pero quiero reiterar que el Ministerio de Justicia ha sido muy buen colaborador con nosotros y que estamos trabajando, repito, muy de la mano para mejorar el sistema carcelario.

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