Pedro Castillo pasa su diciembre en prisión. El expresidente de Perú, depuesto del cargo tras su intento de golpe a la democracia, fue enviado a la cárcel de forma preliminar por la Corte Suprema peruana mientras se avanza en la investigación en su contra por el delito de rebelión.

Esa pesquisa surgió tras su fallido intento de declararse como un poder único en el país latinoamericano e implementar un régimen de excepción para gobernar por decretos. En resumen: ser un pseudodictador que se quedó sin respaldo de sus ministros, el Congreso y de la Fuerza Pública.

Contra Castillo decretaron una medida de siete días de arresto, hasta el 13 de diciembre, para evitar que se vaya del país mientras las autoridades investigan por qué quiso cerrar el legislativo y qué funcionarios habrían actuado a su favor para intentar fraguar un boicot a las instituciones.

Por ahora es tan solo una semana de arresto, pero los jueces peruanos encabezados por el fiscal supremo Marco Huamán están trabajando a toda máquina para conformar toda una causa judicial que determine el futuro de Castillo.

Así, él entró a engrosar la lista de expresidentes enjuiciados de la región en la que están Cristina Fernández de Argentina, Rafael Correa de Ecuador y otros. Es más, sus antecesores peruanos como Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski son protagonistas en ese catálogo, incluso ahora Castillo comparte cárcel con Fujimori en el penal de Barbadillo.

Mientras avanza la investigación, la ahora presidenta Dina Boluarte pone los primeros peldaños de un Gobierno que se perfila como un Ejecutivo de transición mientras ella convoca a elecciones presidenciales y, probablemente, también para renovar el Congreso.

Con solo dos días de mandato ella ya pasó a la historia como la primera mujer en la casa presidencial del Perú.

De maestro a preso

Pedro Castillo es el profesor sindicalista que se convirtió en presidente en 2021. En el año y medio que duró como mandatario tuvo casi 80 ministros dentro de su gabinete y acumuló 200 escándalos, según el conteo que hizo el diario local El Comercio.

Jamás tuvo gobernabilidad. Asumió el poder con un Congreso en contra en el que la derecha de Fuerza Popular –el partido de su acérrimo contrincante Keiko Fujimori– era mayoría. Ese legislativo intentó sacarlo del poder en otras dos ocasiones, también aplicó mociones de censura a sus ministros, y las cuentas del Capitolio fueron mostrando que el mandatario se quedaría sin apoyos. Tenía los días contados.

En la soledad del día después de su Presidencia se confirmó que su intento de escapatoria fue real y fueron sus aliados de la izquierda latinoamericana los que intentarlo salvarlo, sin éxito, de quedar preso.

El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que estuvo en contacto con Castillo tras el fallido golpe y su intento de huida cuando el exmandatario intentaba llegar al consulado mexicano ubicado en Lima para pedir asilo político. El canciller, Marcelo Ebrad, también tuvo su parte porque fue él quien llamó a la Embajada para pedir que le abrieran la puerta al izquierdista.

“Habló aquí a la oficina para que me avisaran que iba hacia la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono e iba a solicitar asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé, que hablara con el embajador y le abrieran la puerta”, reconoció el jueves López Obrador.

México tiene una tradición de recibir políticos perseguidos, pero el caso de Castillo va más allá de una solidaridad diplomática. El político del sombrero es cercano a López Obrador, a quien lo une la izquierda y el discurso anticapitalismo. Esa amistad no le alcanzó para llegar hasta el consulado porque las protestas y las autoridades lo cercaron.

El protegido de la izquierda

La teoría de los aliados de Castillo es que su teléfono estaba intervenido porque momentos después de esa conversación la embajada quedó cercada por las manifestaciones y él fue detenido por la Fuerza Pública.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se jugó su carta por Castillo. El mandatario le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del depuesto expresidente.

“Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”, aseguró el mandatario. Petro sostiene que se estaba fraguando un “golpe parlamentario” contra Castillo, quien a su juicio “fue arrinconado desde el primer día” de su Gobierno.

López Obrador y Petro se alienaron con Nicolás Maduro, quien desde Venezuela alegó que Castillo vivió una “persecución sin límites”. Pero mientras en Latinoamérica lo blindan, las máximas instituciones democráticas respaldan la solución que aplicaron las instituciones peruanas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “todo intento de subvertir el orden democrático”, mientras que la Unión Europea y OEA felicitaron a la nueva mandataria Boluarte. A ella le quedó el reto de recomponer un país que ha tenido seis presidentes en seis años.

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