El lunes, la tensión entre Venezuela y Argentina volvió a escalar, pero esta vez no en el ámbito diplomático ni en intercambios de acusaciones entre los presidentes Nicolás Maduro y Javier Milei. Ambos mandatarios ahora enfrentan órdenes de captura emitidas por las justicias de sus respectivos países, una situación inédita con implicaciones que podrían ser más profundas en un caso que en el otro.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una orden de arresto contra Javier Milei, presidente de Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Las acusaciones incluyen delitos como robo agravado, legitimación de capitales y asociación ilícita, todos relacionados con el caso del avión de Emtrasur, una aeronave venezolana retenida en Buenos Aires en 2022 y entregada posteriormente a Estados Unidos.
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Sin embargo, en horas de la noche de este lunes 23 de septiembre, la Justicia Federal de Argentina contraatacó, ordenando la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del chavismo, acusándolos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta denuncia, presentada en 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a cualquier país procesar delitos graves contra los derechos humanos, sin importar dónde se hayan cometido.
A pesar de las órdenes de captura, la detención de Milei parece improbable, mientras que en el caso de Maduro, aunque su arresto también es complicado, la decisión argentina marca una nueva etapa de aislamiento para el líder venezolano.
Elisa Trotta, secretaria general del FADD, enfatizó que “Maduro se ha convertido en un prófugo de la justicia” y que esta medida envía un fuerte mensaje a la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome acciones concretas contra la impunidad en Venezuela.
Tomás Farini, abogado que apoya la causa, aseguró para El Tiempo que las acusaciones contra Milei y Bullrich son improcedentes, ya que Milei no ocupaba la presidencia cuando se confiscó el avión de Emtrasur.
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Para Farini, las órdenes venezolanas carecen de sustento legal, mientras que las órdenes argentinas sí podrían llevar a la emisión de alertas rojas por parte de Interpol, lo que dificultaría que Maduro y otros altos mandos del chavismo abandonen Venezuela sin ser arrestados.
En paralelo, la situación de los seis refugiados opositores en la embajada argentina en Caracas ha generado preocupación tras la emisión de la orden de captura venezolana. Estos refugiados, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, han estado bajo asedio constante de las fuerzas de seguridad venezolanas, lo que genera temores sobre su seguridad y la posibilidad de nuevos intentos de exilio forzado.
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El antecedente más significativo de la aplicación de la jurisdicción universal ocurrió en 1998, cuando el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres, tras una orden emitida por la justicia española por crímenes de lesa humanidad. Lo que está en juego ahora es si más países se sumarán a esta iniciativa para aumentar la presión internacional contra el régimen de Maduro.
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