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Tras nueve años presos, liberaron a militares acusados de conspirar contra Nicolás Maduro
Los uniformados permanecieron detenidos desde 2017, señalados de participar en una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro vinculada al fallecido general Raúl Isaías Baduel.
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Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Miércoles, 27 de Mayo de 2026

Tras más de nueve años privados de libertad, el martes fueron excarcelados los militares vinculados al denominado “Caso Paracaidistas” o “Caso Baduel”, uno de los expedientes más emblemáticos de presos políticos militares en Venezuela.

La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, así como el Comité por la Liberación de los preos Políticos (Clippve), confirmaron la liberación de los siete sargentos de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista (con sede en Maracay, Aragua) y del general Ramón Lozada Saavedra.

Los uniformados habían sido detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Entre ellos están los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero.


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Todos fueron acusados de presuntamente participar en una conspiración para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, vinculada al fallecido general Raúl Isaías Baduel, quien murió en prisión en octubre de 2021.

Durante su prolongada detención, principalmente en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, los militares denunciaron constantes violaciones al debido proceso, diferimientos indefinidos de audiencias, falta de juicio definitivo y presuntas torturas. Organizaciones como el Foro Penal los reconocieron como presos políticos.

Este caso se convirtió en símbolo de la represión contra militares disidentes o sospechosos durante el gobierno de Nicolás Maduro. Los sargentos permanecieron más de 3.300 días detenidos sin sentencia firme.

La liberación se produce en medio de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos anunciado por las autoridades desde inicios de 2026. Familiares y defensores de derechos humanos celebraron la noticia, aunque exigieron justicia por las irregularidades y las condiciones sufridas durante casi una década.


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