La Procuraduría General de la Nación remitió la queja disciplinaria presentada contra  Ángela María Robledo, María José Pizarro e Inti Raúl Asprilla a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes.

Esto porque el Ministerio Público consideró que la Comisión es la instancia competente para evaluar la queja presentada por presunta falta de respeto a miembros de la Policía Nacional.

Esta queja fue radicada por medio de la página web de la Procuraduría, por una ciudadana quien solicitó investigar a los representantes ante la presunta falta de respeto, humillación y gritos a los que habrían sometido a miembros de la Policía, en desarrollo de la sesión de la Cámara de Representantes del 26 de mayo de 2021.

Solicitan garantías

Por otro lado Robledo, Pizarro y  Asprilla acompañados de Jhon Jairo Hoyos, Iván Cepeda, Wilson Arias, Alexander López, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino, le enviaron al Secretario General del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, de la Unión Interparlamentaria, un informe con los hechos de persecución que han atentado contra su actividad parlamentaria.

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En este informe piden a la Unión Interparlamentaria, que solicite al Estado colombiano, adoptar las medidas necesarias, para que las actuaciones administrativas que adelanta la Procuraduría General de la Nación en su contra, se realicen respetando sus garantías constitucionales y procesales.

Esto especialmente según los representantes: “si se tiene en cuenta que se abrieron de manera paralela a la discusión y votación de un proyecto de Ley presentado por la propia Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, que pretende reformar la entidad y que a todas luces desconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Urrego Vs Colombia”.

Agregan que han sido objeto de señalamientos, en los que los tildan de ser “incitadores” o “responsables”, no sólo de las movilizaciones sociales que ha realizado la ciudadanía desde el pasado 28 de abril, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta social, sino de las presuntas alteraciones al orden público que se han presentado en algunas ciudades del territorio nacional.

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