Cansados de tantas promesas falsas campesinos bloquearon la vía que conduce hacia el municipio de La Playa de Belén.
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Los labriegos reclamaron la adecuación de las arterias viales para sacar los productos agrícolas hacia las plazas de mercado.
Manifiestan que los ramales secundarios y terciarios se encuentran en pésimo estado y desde antes de la pandemia esperan la intervención.
Los tramos más críticos se encuentran en las carreteras que comunican con las veredas Curasica, Cumaná, la Esmeralda y la Vega de San Antonio. Asimismo, el corredor que comunica con el vecino municipio de Hacarí.
Igualmente, la demora en la ejecución de la recuperación de la carpeta vial hacia el Área Natural Única de los Estoraques.
También reclamaron la ejecución de programas sociales como educación, salud, mejoramiento de vivienda, alcantarillados, muros, unidades sanitarias y proyectos agropecuarios.
El mandatario de esa población, Íder Humberto Álvarez García, adelantó unas mesas de trabajo con los promotores para analizar la inversión social y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.
El alcalde explicó que todas las iniciativas se deben formular a través de proyectos, cumplir con los requisitos y asignaciones presupuestales. También dialogar con el gobernador ya que algunas soluciones son del resorte departamental. “Estamos dispuestos a la concertación, pero no podemos mirar esas necesidades como si fueran una lista de mercado. Existe la voluntad y todo está sujeto a los análisis respectivos”, agregó.
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El cierre total en el sector denominado como La División obedece al incumplimiento por parte de la administración municipal y departamental de turno. Además, argumentan que hasta que no haya un pronunciamiento o compromiso serio por parte de la alcaldía y la gobernación no desisten del taponamiento de la arteria.
Funcionarios de la personería hacen presencia en el lugar del bloqueo, con el fin de dialogar y buscar alternativas que permitan llegar a buen término y no generar traumatismos en el tráfico vehicular con las consecuencias económicas luego del paro armado de la semana pasada.
Los organizadores solamente dejan pasar personal de las misiones médicas.
Pronunciamiento de los labriegos
Los protestantes a través de un comunicado expresan el inconformismo ante el abandono por parte los gobernantes de los últimos años.
“Nos dirigimos ante la opinión pública, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, organizaciones defensoras de los derechos humanos para exponer la situación. Nos vemos en la obligación de alzar nuestra voz de protesta en contra del señor alcalde Íder Humberto Álvarez por su mal gobierno y burlas a las necesidades del pueblo”, indican.
Desde lo perspectiva constitucional, el derecho a la protesta social se encuentra consagrada en el artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Toda vez que así lo requiera.
El presente protocolo es una guía que parte de la legislación vigente y jurisprudencia aplicable tiene por objetivo establecer lineamientos para la adopción de medidas pertinentes por parte de las autoridades.
Recopilando este orden de ideas jurídicas nos sentimos discriminados por parte del señor alcalde, nos vulnera nuestros derechos y siempre con mentiras evadiendo su responsabilidad con su humilde pueblo.
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De forma concreta no realiza las obras que le corresponde por quedarse con los recursos que le corresponde al municipio, sus corregimientos y veredas, aseguran los líderes sociales.
El alcalde responde
Alcalde indica que es un tema muy complejo y se deben buscar el apoyo del gobierno departamental e incluso nacional ya que el presupuesto se queda corto ante la magnitud del problema.
“El año pasado se agotaron los 630 millones de pesos para solventar las dificultades viales, pero estamos dispuestos al diálogo y ellos derecho de a elevar la voz de protesta de manera pacífica”, señala el mandatario quien hizo claridad que La Playa de Belén no hace parte de los municipios PEDT.
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Recordó que el 4 de febrero efectuó la audiencia de rendición de cuentas donde asistieron 30 presidentes de las 52 Juntas de Acción Comunal. “Dicen que no adelantamos las obras por quedarnos con los recursos y eso no es cierto, pues si el proyecto no se ejecuta como ocurrió con el mejoramiento de viviendas se estructura la iniciativa para la siguiente vigencia”, puntualizó.
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