Quince días completó cerrada la carretera Ocaña – Cúcuta a raíz de la avalancha en El Tarrita que causó serias afectaciones en la vía nacional, particularmente en el tramo comprendido entre los kilómetros 47 y 52, donde el impacto socioeconómico y ambiental ha sido considerable.
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Pese a que existe una ruta alterna habilitada para llegar a la capital, entre Aguachica-Bucaramanga- Pamplona-Cúcuta, esa vuelta implica mayores costos operacionales, ha disminuido significativamente la movilidad y ha generado afectaciones en varios sectores económicos.
Buscando alternativas de solución, representantes de diferentes gremios de la región sostuvieron una reunión en la granja de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.
En el encuentro, solicitan al gobierno nacional y departamental la implementación de acciones contundentes para habilitar la vía, pues argumentan que las pérdidas son millonarias.
La Cámara de Comercio de Ocaña, liderada por Fabio Rincón Ortiz, en compañía del director del alma mater, Édgar Antonio Sánchez, el gerente encargado de la Empresa Social del Estado, hospital Emiro Quintero Cañizares, José Manuel Galeano, y Hugo Armando Arévalo Franco, director de Asociación de municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo adelantan el análisis para gestionar una solución más rápida a la emergencia invernal.
Como delegado del Instituto Nacional de Vías, estuvo el ingeniero Jhon Prado, quien explicó las afectaciones de la avalancha.
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El propósito fundamental del trabajo mancomunado entre las organizaciones es generar alianzas que permitan apoyar a las familias afectadas, adicionalmente presentar proyectos en aras de fortalecer interconexiones terrestres y aéreas, establecer estrategias encaminadas a disminuir el impacto de este tipo de desastres naturales que afecta el desarrollo social, económico y del sistema de salud en Ocaña y la región, indicó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, ingeniero Fabio Rincón Ortiz.
El transporte, motor de desarrollo de la zona
El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros seccional Norte de Santander, Yamil Antonio Galeano Arenas, indicó que la situación es bastante compleja por las repercusiones en los sectores económicos, sociales y ambientales en esta zona del territorio nacional.
“A grandes males, grandes soluciones y se requiere la intervención del alto Gobierno con la declaratoria de la calamidad pública nacional para canalizar recursos de inversión”, agregó.
El gremio estima unas pérdidas cercanas a los 3 mil 200 millones de pesos diarios, una situación que, aseguran, el Gobierno Nacional no ha visualizado.
“Son casi 4 mil vehículos al día los que transitan por esa arteria vial afectando a restaurantes, hoteles, estaciones de combustibles, almacenes de repuestos, lubricantes, soldadores, mecánicos, lavadores, pintores, latoneros, llanteros, lavadores, parqueaderos y muchas actividades afines a lo largo del tramo vial hasta la zona de frontera”, aseguró Galeano.
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Por el cierre de la vía, se han dejado de vender 180.000 galones de combustibles, de movilizar 400 pasajeros y arrendar 900 habitaciones diarias. “Es necesaria una alternativa inmediata, con la instalación de los tres puentes metálicos en Paramillo, El Tarrita y El Turco, ya que las pérdidas son millonarias”, agregó.
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