Una difícil situación humanitaria atraviesan desplazados de la zona rural del municipio de Teorama, que temen regresar a las parcelas ya que no hay condiciones de seguridad.
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Los líderes sociales solicitaron la presencia de organismos internacionales y del Gobierno Nacional para verificar la situación e insisten en la reubicación de la base militar con el fin de mitigar las confrontaciones.
Llevan varios años esperando una respuesta a nivel nacional y el clamor no ha hecho eco en los oídos de las fuerzas militares. El presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Pablo, Ismael López Téllez, indicó que en la casa campesina del corregimiento se encuentran 108 familias, lo que suma 300 personas entre niños, mujeres y adultos mayores, a quienes les ha llegado ya la ayuda humanitaria básica. Los labriegos se desplazaron el 6 de agosto desde las veredas Caño Seco y Piedras de Moler debido al fuego cruzado entre las tropas y los grupos subversivos que operan en la zona.
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Ante la magnitud del problema la directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Johanna Gélvez Ascanio, acordó con el alcalde de esa población Robinson Salazar Benítez la entrega a partir del próximo lunes de las ayudas para brindar la asistencia humanitaria a esa población en condición de vulnerabilidad.
La atención primaria
El personero de esa población Luis Serafín Vega Madariaga, solicitó a los violentos excluir a la población civil del conflicto armado. “Temen regresar a las labores agrícolas en las parcelas ya que existen municiones sin explosionar y claman el traslado de la unidad táctica del ejército”, anotó el defensor.
Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal conjuntamente con los organismos de derechos humanos dirigieron un oficio al Ministerio de Defensa e incluso al nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, para que interceda ante la difícil situación vivida por los habitantes de la zona del Catatumbo.
“La solicitud es que se aleje un poco la base militar de la población ya que la gente queda en medio del fuego cruzado durante las confrontaciones”, indicó Vega. El alcalde de esa población, Robinson Salazar Benítez visitó a los desplazados y entregó las ayudas primarias para mitigar los efectos del fenómeno social. Espera el aporte de otras instancias nacionales e incluso internacionales.
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La defensora regional del pueblo, Deisy Mabel Díaz Torrado, conjuntamente con el Consejo Noruego, ACNUR y la ONU ingresó a la zona para verificar las afectaciones y mitigar la violación de los derechos humanos.
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