Miembros de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría Regional del Pueblo, Organización de las Naciones Unidas, ONU y movimientos sociales visitaron la zona del Catatumbo para verificar la violación de los derechos humanos entre los campesinos de la región.
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Los líderes sociales exponen el fenómeno del desplazamiento forzado debido a la confrontación entre grupos alzados en armas y las fuerzas militares en las veredas Caño Seco y Piedras de Moler, jurisdicción del municipio de Teorama.
Desde hace un mes permanecen en la Casa Campesina del corregimiento de San Pablo 380 personas que conforman 108 familias quienes abandonaron las parcelas y temen volver ya que no están dadas las condiciones.
“El peligro es inminente por el fuego cruzado, el lanzamiento de artefactos y las municiones sin explosionar, por ello se requiere un desminado humanitario”, indicó el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Ismael López.
En reiteradas ocasiones han solicitado el traslado de la base militar ubicada en predios de los mismos campesinos que observan con preocupación la pérdida de los cultivos, animales de corral e, incluso, restricciones para acceder a los recursos hídricos por las afectaciones en los acueductos comunitarios.
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Los integrantes de la Comisión de Verificación se trasladaron hacia el lugar, observaron las afectaciones de los artefactos en las paredes de las viviendas campestres y algunos cilindros sin explosionar en la orilla de los caminos.
La pesadilla
La señora Luz Marina Prieto Lázaro de la vereda Piedras de Moler, llevó la vocería de las mujeres del Catatumbo y confesó que desde hace 4 años cuando permitieron el ingreso de las tropas al territorio no pueden conciliar el sueño.
“Estamos sufriendo desde el 18 de marzo del año 2018, cuando tomaron posesión de algunos predios de nuestras fincas convertidas en campos de batalla. No cesa el lanzamiento de cilindros bombas y estamos obligados a escondernos debajo de las camas para no ser alcanzados por las balas”, dijo.
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“Desde ese entonces mi vida cambió, los niños al escuchar los bombazos se agarran de nuestras piernas y lloran incesantes, tienen traumas sicológicos. Las explosiones dañaron el tímpano de los oídos y no he recibido la atención especializada, ya que nadie responde”, anota la desconsolada madre durante el relato.
Labriegos a la deriva
Los campesinos reclaman de parte del gobierno nacional una mirada con ojos de progreso y consideración para restituir el tejido social.
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“Estamos totalmente desamparados, yo perdí los cortes de cacao y aguacate. Los grupos alzados en armas no responden, estamos huérfanos de las acciones del Estado en medio de la zozobra de una guerra sin sentido y que no nos corresponde”, indicó el agricultor Jesús Gerardo Lozano, quien observa con impotencia cómo parte de la finca es utilizada para las operaciones militares.
Urge escuchar a campesinos
Sonia Cifuentes de la Comisión de verificación de los derechos humanos asegura que es urgente implementar acciones y generar espacios con el gobierno nacional para solventar la situación.
Indicó que las condiciones son complejas por el hacinamiento y la falta de garantías para el retorno a las parcelas. Ya que la existencia de artefactos no convencionales pone en riesgo a la población civil y va en contravía del derecho internacional humanitario.
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Las deficiencias en el sistema de salud, educación, vías deterioradas, casas afectadas y las incidencias en el aspecto emocional agrava la situación. Esperamos que el Gobierno Nacional estudie la imperiosa necesidad de reubicar la base militar, dijo Cifuentes.
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