Mientras los concejales de Ocaña elevan las consultas jurídicas y escuchan a expertos sobre el impacto socioeconómico sobre el proyecto de acuerdo encaminado a rebajar los subsidios de agua potable para lograr un equilibrio financiero, se deben esperar las sesiones ordinarias del mes de noviembre.
Aunque la secretaria de Hacienda, Yakaira María Galvis Torres, hizo la exposición de motivos, los miembros de la corporación indican que no existe suficiente ilustración.
La funcionaria explica que se deben equiparar los valores para brindar ese beneficio a todas las personas que aparecen en los estratos 1 y 2.
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La presidente de la corporación, Yurima Isabel Sánchez Rincón señala que la iniciativa queda en estudio en aras de la equidad financiera y evitar inconvenientes posteriores a la administración local que atraviesa por una difícil situación económica.
Pasos certeros
El concejal del municipio de Ocaña, Deiby Alberto Arias manifestó que no pueden “dar palos de ciego”, ya que carecen de una información exacta sobre la situación socioeconómica de los usuarios de la Empresa de los Servicios Públicos de Ocaña.
“No queremos cometer errores, ni extralimitación de funciones aprobando las iniciativas del ejecutivo. La verdad no entendemos las razones del mandatario local al suspender la aplicación de la estratificación socioeconómica recomendada por el Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE, al anterior alcalde”, recalcó.
Indicó que, al parecer, ese procedimiento es ilegal, por lo que se carece de las cifras reales para otorgar los subsidios. Además, señala que los esquemas utilizados para definir la entrega de los subsidios son anticuados.
Alumbrado público de los campesinos
Otra de las iniciativas presentadas por el alcalde de Ocaña a la corporación está relacionada con la sobretasa del alumbrado público cobrada a la población dispersa que no cuentan con ese servicio.
Muchos de los concejales están indecisos hasta que la empresa AGM Desarrollos entregue información sobre el manejo de esos recursos.
El concejal Luis Eduardo Botello Sarmiento manifestó que el proyecto de acuerdo pretende aliviar el gasto del alumbrado público en el sector rural disperso que no cuenta con ese servicio. “Una iniciativa que fortalece al sector rural le da garantías y se piensa en la comunidad. Sin embargo, para tener la tranquilidad y dar desarrollo a los debates se ha solicitado información a la Secretaría de Vías e Infraestructura en cuanto el servicio se encuentra concesionado”, agregó.
Luces jurídicas
Licitaciones hechas en anteriores administraciones al concesionar el servicio de alumbrado público, frena a los concejales a tomar decisiones inmediatas.
Esperan el aval de la firma, ya que no quieren pecar por extralimitación de funciones pues se trata de dineros públicos manejados a través de una concesión.
Para el concejal Botello prevalecen los lineamientos nacionales. “Hay un Plan de Desarrollo Nacional donde el presidente Gustavo Petro establece en el artículo 271 cómo se debe cobrar el alumbrado público para el sector rural, las zonas dispersas sin servicio y establece unas fórmulas encaminadas al cobro que corresponde al uno por mil sobre el gravamen del impuesto predial, esos indicadores deben revisarse a fondo”.
Están a la espera de un informe por parte de AGM, la interventoría de la empresa que no se ha emitido. Estuvieron representantes sentados en un control político donde anunciaron fecha del 20 de septiembre para entregar el concepto. “Es por ello que el proyecto queda en estudios y será retomado en el periodo ordinario del mes de noviembre”, puntualizó.
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