Nuevamente se revive la polémica en torno a las acciones jurídicas sobre el procedimiento empleado para la venta de los locales comerciales de la plaza de mercado del municipio de Ocaña.

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Los abogados emprendieron la defensa de los copropietarios que compraron de buena fe y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad del Acuerdo 046 de 1998 donde los concejales autorizaron al alcalde de la época, José Aquiles Rodríguez Martínez, la enajenación de los locales del mercado.

El abogado defensor Francisco Antonio Coronel Julio indicó que esa plata nunca se vio en las arcas del municipio, ya que fue alcalde posteriormente y no encontró soportes del ingreso de esos recursos.

En el 2001 el profesional del derecho Henry Pacheco Casadiego, impetró una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y la sentencia salió favorable.

Declaró que un bien de uso público no se podía vender y posteriormente el alcalde Jesús Antonio Sánchez Clavijo elevó una segunda acción para solventar el problema con la escritura entregada a los 270 comerciantes. El proceso llegó hasta el Consejo de Estado, pero lo devolvieron para hacer las correcciones, ya que hay intereses de terceros involucrados que compraron de buena fe. 

Ante esa situación los copropietarios dejaron el caso en manos del exmagistrado Édgar Cortés Prieto, para contestar la demanda. “El profesional del derecho alega que los compradores obraron de buena fe y se debe analizar la causa legítima de un acto administrativo ya que no los tuvo en cuenta a ello”, señala Francisco Antonio Coronel Julio.

Manifiesta que cuando fue personero se opuso rotundamente a ese galimatías y cuando fue alcalde posteriormente no avaló escritura alguna. 

“La plata nunca ingresó a las arcas del municipio, el rollo continúa y se debe esperar la decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro en torno a la nulidad de las escrituras”, reitera.

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A lo anterior se suma que el alcalde de la época José Aquiles Rodríguez fue asesinado por el EPL el 28 de octubre del año 2000 y el proceso de enredó bastante.
 

Bienes públicos no se pueden vender

El abogado demandante, Henry Pacheco Casadiego, manifestó que el alcalde José Aquiles Rodríguez Martínez, nunca debió enajenar esos bienes públicos. 

“Un grupo de ciudadanos ocañeros de diferentes corrientes estuvieron en mi oficina, muy preocupados por la manera como unas personas se iban a apropiar de esos recursos públicos. Yo presenté la demanda ad honorem porque nunca estuve de acuerdo que se vendieran esos bienes. Hay un grupo involucrado en eso. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander nos dio la razón ratificando que esa venta fue ilegal. Cuando se declara la nulidad de un acuerdo todos los actos que se desprendan no son válidos, pierden la fuerza de ley o la fuerza vinculante. Por eso las escrituras perdieron todas las eficacias legales”, agregó. 

Asegura que no ha existido un personero o un alcalde que haga cumplir esa sentencia. “En la Registraduría de Instrumentos Públicos no se pueden reportar esas ventas porque es ilegal. Los efectos de las sentencias son hacia atrás. El Estado deberá reponer la plata a cada uno de los que desembolsaron recursos, indexada, actualizada a la fecha ya que ese bien volvió a ser del pueblo ocañero, es como si fuera una calle, un parque o el palacio municipal”, mencionó.

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Fue enfático al afirmar que no hay nada qué hacer ya que todos los actos están viciados y no se pueden registrar, ya que estaría violentando la sentencia y se tipifica como fraude a resolución judicial.
 

“Obramos de buena fe”

El copropietario Orlando Carrascal Álvarez, presidente de la Junta de Administración del Centro Comercial El Mercado, explica que a finales de la década de los 90 los obligaron a comprar esos locales, so pena de venderlos a terceras personas.

“El Concejo Municipal otorgó poder al alcalde de turno para que enajenaran los bienes y me imagino que tenían la asesoría jurídica correcta”, precisó. 

Explica que hicieron préstamos bancarios y todo se manejó a través de una fiducia.   “Pagamos un canon de arrendamiento para vender toda clase de artículos de la canasta familiar y bienes para el hogar. El abogado entabló la demanda en contra del municipio y no tuvimos la oportunidad de defendernos”. 

Dice que actuaron de buena fe y si existe alguna inconsistencia fueron engañados en esa época. Se acude a Edgar Cortés Prieto para evitar que las escrituras se declaren nulas.

Si llegase a ocurrir, estarían formulando la defensa y el proceso sería demorado, pues los jueces deben reconocer mejoramiento y la acreditación de los negocios.

A lo anterior se suma la quema del mercado ocurrido hace 15 años, el 26 de enero de 2007 donde se endeudaron nuevamente para levantar las estructuras afectadas.

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La incertidumbre está latente y sobre los recursos que desaparecieron como por arte de magia por la venta de los locales, los comerciantes indican que los alcaldes deben responder. “Se robaron al mercado como la Custodia de Badillo”, exclamó Orlando Carrascal Álvarez.

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