El presidente Gustavo Petro, en su más reciente acto de confrontación con las instituciones, ha intensificado una peligrosa narrativa de ataque a los pilares de la democracia. Ayer mismo, mientras firmaba una directiva que supuestamente buscaba proteger la libertad de prensa, Petro no dudó en arremeter nuevamente contra los medios, acusándolos de ser parte de una conspiración en su contra. La contradicción no podría ser más evidente: mientras promulga protección para los periodistas, los tilda de cómplices de intereses oscuros.

Este ataque se suma a una serie de acciones que desestabilizan el sistema democrático. La prensa no es la única en la mira de Petro. También ha dirigido su desdén hacia el Congreso y las altas cortes, insinuando que todos conspiran para frenar su agenda. Al calificar las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los topes de su campaña como “pruebas chambonas”, el presidente no solo desacredita los mecanismos de control, sino que intenta minar la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia.

Aún más preocupante es la amenaza de aprobar el presupuesto de 2025, de 523 billones de pesos, por decreto si el Congreso no lo aprueba. Esta medida, inédita en la historia reciente del país, es un claro desprecio por la separación de poderes. Aprobar el presupuesto sin el aval del Congreso sería un acto que rompe con la tradición democrática y establece un peligroso precedente de concentración de poder en manos del Ejecutivo.

El constante llamado de Petro a sus seguidores para que salgan a las calles también añade una dimensión de amenaza velada. Si no se aprueban sus reformas, insinúa que el país podría caer en el caos. Aunque el presidente no lo dice directamente, la movilización de las masas y la confrontación callejera son herramientas que utiliza para presionar a las instituciones y crear un ambiente de tensión social.

El verdadero golpe de Estado no lo están dando los medios, ni el Congreso, ni las cortes. El golpe lo da el propio presidente al intentar gobernar sin los controles y contrapesos que la Constitución establece. Petro debe recordar que en una democracia no se gobierna por la fuerza ni por decreto, sino mediante el diálogo y el respeto a las instituciones.

Es momento de dejar de lado esta retórica incendiaria y de respetar la institucionalidad. La democracia no se sostiene sobre la confrontación, sino sobre el respeto a los mecanismos que la protegen.

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