ótica es una de las grandes tragedias de la guerra en Colombia. El proceso judicial en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos comprueba,sin lugar a dudas, que en esta operación de exterminio participaron fuerzas oscuras, con el acompañamiento y complicidad de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares. Hay responsabilidad del estado y las victimas de la UP tienen todo el derecho conocer la verdad.
Pero una cosa es afirmar que el estado fue incapaz de evitar el genocidio y algo muy distinto responsabilizar al expresidente Barco de ser el promotor o autor directo de semejante barbarie. La controvertida columna de Donadio relata episodios y reuniones muy concretas, sin fuentes que puedan corroborar. Resulta injusto que con base en esos señalamientos se destruya la imagen y el legado de un presidente que, como Virgilio Barco, defendió la salida negociada del conflicto y la democracia. Fue un mandatario moderno, progresista, defensor de los derechos humanos y de las minorías.
Son varias las razones para dudar de esa versión que alguien le dio al periodista Donadío. Barco fue el artífice y gran promotor de la constituyente de 1991, del acuerdo con el M-19 y mantuvo los esfuerzos para hacer la paz con las FARC. Recordemos también que antes del 91, el Procurador General de la Nación era postulado exclusivamente por el Presidente de la República y el primer candidato de Barco fue Carlos Mauro Hoyos, demócrata integral y abogado con prestigio, quien fue asesinado por Pablo Escobar. Después postula a Horacio Serpa, de quien nadie duda su compromiso con los derechos humanos y su consagración a la causa de la paz. Y finalmente, Alfonso Gómez Méndez, quien había sido elegido en 1986 Representante a la Cámara por el partido liberal, en coalición precisamente con la Unión Patriótica, y con una trayectoria igualmente destacada como defensor de los derechos humanos. No es posible imaginar como un presidente que tenga interés en aniquilar a un partido de izquierda, postula a tres personas con esas convicciones para ocupar el cargo más importante para enfrentar la ola de asesinatos.
Resulta entonces de la mayor importancia para el país que esa versión que le contaron a Donadío se contraste en la JEP y en la Comisión de la Verdad. Es mucho lo que ya se ha investigado y escrito sobre este capítulo de vergüenza para la democracia colombiana y es la primera vez después de 35 años que surge una versión de esta naturaleza. Ni siquiera por parte de los dirigentes de la UP. Atribuir la orden de aniquilamiento a un expresidente con esa trayectoria, sin sustento probatorio sólido,es injusto, equivocado y dañino para el país.
Finalmente, el debate de la verdad histórica es importante en la medida que contribuya a evitar que se repitan hechos tan dolorosos. El exterrminio de la UP estuvo siempre presente en las discusiones del acuerdo de paz con las FARC y se incluyeron en el texto final decisiones con el fin de garantizar la vida de los excombatientes que se reincorporaron la legalidad. Para evitar mensajes equívocos de la mezcla de política con armas, se pactó que el nuevo partido sólo se crearía cuando se protocolizara la desmovilización total de la guerrilla y se dedicó un capítulo especial a la protección de los desmovilizados. Lamentablemente, la lentitud en la implementación de la paz territorial y la negativa del gobierno a aplicar las medidas contempladas en el acuerdo, condujeron a un aumento acelerado de los asesinatos de integrantes del partido FARC, que superan ya los 250 sin que el estado demuestre eficacia en garantizar su vida. Debemos detener esta ofensiva criminal para no repetir,30 años después, la triste historia de la desaparición de un partido político por cuenta de la violencia sistemática contra sus miembros. No nos puede volver a suceder. Para eso debe servir el repaso de la historia.
