La Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública abrió investigación disciplinaria contra el exgobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la ejecución de un proyecto para la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones educativas del departamento por más de $18.500 millones.
Al proceso también fueron vinculados Elkin Hernando Rangel Pérez, quien era el supervisor de los 26 convenios interadministrativos suscritos con los municipios, así como Carlos Eduardo Alsina Carrascal, Leonardo Fabio Sánchez Sánchez y Mary Eusebia Torres Daza, contratados para apoyar la supervisión del proyecto TIC.
Con esta iniciativa se buscaba obtener 26.639 computadores para ser entregados en 909 instituciones educativas de 26 municipios del departamento, de los cuales 1.200 serían destinados para el uso de docentes en las respectivas sedes.
De la misma forma, los contratistas se encargarían de prestar soporte técnico durante los tres años siguientes a la entrega de los equipos, y adelantarían la asistencia técnica incluida en el pro-grama de capacitación en desarrollo de prácticas pedagógicas y métodos de enseñanza para 1.200 docentes.
De esta forma, la Gobernación pretendía aumentar los bajos niveles de incorporación y apropiación de las TIC en las sedes educativas de Norte de Santander mediante la entrega de equipos de cómputo y así poder llegar a una relación promedio de 2 niños por equipo, dado que se tenía una relación promedio de 3,3 estudiantes por cada computador.
Los recursos para poner en marcha esta apuesta tecnológica provenían del Sistema General de Regalías (SGR) para las vigencias 2017-2018.
Según conoció La Opinión, la investigación surgió luego de que el Departamento Nacional de Pla-neación detectara algunas posibles irregularidades en la ejecución del proyecto, las cuales fueron informadas a la Procuraduría General de la Nación.
Una de esas presuntas inconsistencias tiene que ver con aparentes fallas en el proceso de su-pervisión de los convenios, toda vez que, “las actividades de los contratos son ejecutadas a través de subcontratos y revisando los informes de supervisión, no se observó concepto agregado de la ejecución de estos. Adicionalmente, la entidad no contó con veedurías ciudadanas y en el marco del proyecto de regalías analizado no fueron convocadas, vulnerando lo establecido en las normas que rigen la materia”.
De ahí que la Procuraduría haya decidido abrir investigación a Elkin Hernando Rangel Pérez, pues este era el responsable de la supervisión de los 26 convenios suscritos con los municipios que se iban a beneficiar del proyecto, así como a Carlos Eduardo Alsina Carrascal, Leonardo Fabio Sánchez Sánchez y Mary Eusebia Torres Daza, quienes debían apoyar esa labor.
El ente de control también detectó que, al parecer, hubo un incumplimiento no justificado de las metas que se habían trazado para la ejecución del proyecto.
“A la fecha de revisión del sistema Gesproy, 8 de octubre de 2019, el avance físico del proyecto es de 39,37%, pese a que a la fecha final ya se cumplió el 30 de septiembre de 2019, lo que pre-suntamente puede evidenciar un riesgo en la ejecución de los recursos del SGR”, dice la Procuraduría en su decisión, al tiempo que señala como posible responsable de esta inconsistencia al exgobernador Villamizar Laguado, por ser el ejecutor del proyecto.
Como parte de la investigación que se adelanta por estos hechos, la Procuraduría Segunda Delegada le pidió a la Gobernación de Norte de Santander allegar una información que será clave dentro del proceso, como la certificación del estado actual de los convenios suscritos en aquella época, copia del informe final de supervisión del proyecto, copia de las actas de las reuniones de seguimiento a la ejecución del mismo, entre otros documentos.
Entre tanto, los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre para que entreguen la información que consideren pertinente sobre lo ocurrido.
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