Hace más de un mes el Gobierno Nacional le puso fin al llamado aislamiento obligatorio que fue decretado desde que comenzó a propagarse el coronavirus en el país, como una medida de contención, y poco a poco le ha ido dando paso a la reactivación de los diferentes sectores económicos golpeados por la pandemia.

En Cúcuta, sin embargo, persisten las molestias, pues si bien las restricciones se han flexibilizado, el cierre con vallas que se ordenó por parte de la administración municipal en la zona céntrica, calles 10 y 11, con avenidas 5 y 6, se mantiene, pese al insistente pedido de los comerciantes de los alrededores del parque Santander que se han visto afectados con la medida.

Atendiendo este reclamo y las protestas que se han hecho en los últimos meses, el Concejo de Cúcuta, por iniciativa de la concejala del Partido Liberal, Carime Rodríguez, requirió a la administración y en particular al secretario de Gobierno, Francisco Javier Cuadros, para que explique las razones por las cuales sigue cerrado el centro de la ciudad.

En la proposición, que fue respaldada por todos los integrantes de la corporación, se advierte que este cerramiento ha terminado “perjudicando y lesionando enormemente los intereses de los comerciantes tradicionales de estos sectores y, por ende, poniendo  en la calle a cientos de personas trabajadoras, es decir, al comercio formal y a las familias que dependen económicamente de ellos”.

Por esa razón, le piden al secretario Cuadros  responder cuáles son las razones de legalidad y conveniencia que le permiten a la administración municipal mantener bloqueadas estas vías, y si dicha medida fue socializada con los comerciantes. También, bajo qué decreto o resolución se mantiene en pie.

El gobierno local deberá explicar, igualmente, por qué solo estas calles permanecen cerradas, pues para los concejales esta decisión viola la libre circulación peatonal y vehicular por la zona, y no permite cumplir con la iniciativa nacional de reactivación económica que se viene dando en el resto de la ciudad.

Aunque el cuestionario no obedece a un control político, la concejala Carime Rodríguez manifestó que la idea es que  el secretario de Gobierno pueda asistir al Concejo el próximo 21 de octubre, cuando estarán escuchando en plenaria a un grupo de comerciantes afectados por el cierre.

Lo que dice el secretario

Sobre el requerimiento hecho por la corporación municipal, el secretario de Gobierno, Francisco Cuadros, manifestó que el tema será analizado por la administración municipal.

“A las 8:00 de la mañana tenemos una mesa de trabajo con el señor alcalde y con distintas entidades para presentar distintos informes sobre el espacio público y el centro de la ciudad”, dijo.

Con relación al cuestionario elevado por los concejales, Cuadros señaló que tienen toda la disposición de “tener un diálogo sincero y profundo con el Concejo Municipal, que es una entidad que representa de manera legítima las voces de los ciudadanos de Cúcuta”.

Al ser preguntado sobre si en la mesa de trabajo se podría ordenar la reapertura del centro de la ciudad, el funcionario reconoció que esa posibilidad se analizará con todos los asistentes.

El cerramiento del centro de Cúcuta fue ordenado bajo el amparo del Decreto 153 del pasado 30 de mayo, en el que se adoptaron medidas de prevención y aislamiento con restricción vehicular o cierre de vías en el sector céntrico que comprende las avenidas 4 y 7, y las calles 4 hasta la 12. La medida posteriormente se redujo solamente a los alrededores del parque Santander.

Tras esta decisión, gremios como Fenalco y la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Andi y entidades como Asobares, Camacol, Acodrés, Cotelco, entre otras se quejaron por el cerramiento.

Informales también se quejan

Así como los comerciantes formales se han quejado por el cierre, los otros afectados son los vendedores informales que, en algunos casos, han vivido toda la vida de los productos que ofertan en el parque y en tiempos de pandemia han pasado necesidades, por lo que también piden la apertura.

El pasado 23 de septiembre, un grupo de informales se acercó a las instalaciones de la Alcaldía para exigir el retiro de las vallas y la posterior apertura de la zona, pues alegaron que llevan meses sin poder conseguir el sustento de sus hogares.

Ese día, según registró La Opinión, un funcionario de la Secretaría de Gobierno les informó a los manifestantes que entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre las vallas serían retiradas y que, lustradores, barquilleros y fotógrafos podrían volver a su sitio de trabajo.

Desde ese momento han pasado 24 días  y la apertura del sector no se ha llevado a cabo, por lo que la Alcaldía deberá responder ante el Concejo Municipal por esa decisión.