Hoy se cumple una semana desde que comunidades campesinas levantaron un campamento humanitario en las veredas Monte Tarra e Islitas, en el corregimiento de San José del Tarra (Hacarí), para pedirle al Ejército Nacional el traslado de una base militar que, a juicio de los protestantes, aumentó el riesgo de la población, debido a los combates con los grupos al margen de la ley.

El malestar se originó a comienzos  de febrero, cuando  los grupos armados atentaron contra varias viviendas de la zona que, si bien no cobró vidas, generó el desplazamiento de 38 familias al casco urbano de Hacarí. Actualmente, 13 de esos núcleos familiares se mantienen a la espera de una solución.

Tras cuatro días de dormir en cambuches, ranchos y algunos a la intemperie, el lunes de esta semana tuvo lugar un consejo de seguridad para evaluar el pliego de condiciones de los manifestantes, quienes solicitan, entre otras cosas, el traslado de las tropas del Batallón No. 7 de la Fuerza Especial de Despliegue Rápido (Fudra III).

Otra de las peticiones elevadas a las autoridades es que se brinden garantías integrales para el retorno de las familias víctimas de desplazamiento forzado y “garantías de no repetición ante las vulneraciones sistemáticas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Según el alcalde de Hacarí, Deyvy Bayona Guerrero, en el acta del consejo de seguridad quedó consignado que el Ejército Nacional elaborará un diagnóstico para mover sus tropas a otro lugar, cuyos resultados se deben revelar mañana.

“Ya se debe tener el diagnóstico completo y el estudio que hicieron las Fuerzas Militares para decir ‘nosotros ya tenemos el punto donde nos vamos a ubicar’. De ahí se debe pactar el tiempo que van a durar en mover el personal y los materiales que tengan en ese sector”, le dijo a La Opinión el mandatario.

Según Bayona Guerrero, hasta el momento no hay garantías para que las familias que están desplazadas en el casco urbano, en el Espacio Multifuncional y Albergue, regresen a sus viviendas. “Esta situación nos preocupa, porque de una u otra manera donde está la base es un predio privado”, sostuvo.

El alcalde también hizo un llamado directo para que los grupos al margen de la ley “sean respetuosos con las comunidades que están en el lugar, porque eso ha generado un conflicto interno”.

Ejército no cedería

Aunque el lunes se acordó hacer el diagnóstico para el traslado de la base, compromiso que fue asumido por el  teniente coronel Javier Arturo Quintero Poveda, comandante del Batallón de Despliegue Rápido No. 3, las últimas acciones de los grupos ilegales en el departamento conllevarían a que la decisión sea mantener la base en el mismo lugar, para salvaguardar a la población, según lo dio a conocer a La Opinión el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Felipe Corzo.

“Tuve la oportunidad de hablar con el general (Marcos Pinto) y la postura de ellos es que no van a retirar el Ejército de la zona. No lo pueden mover, es su misión constitucional. Realmente, esa solicitud no es sensata y viable. Entendemos la posición de la comunidad porque se presentan enfrentamientos, pero no es realizable”, afirmó el funcionario.

Corzo instó a la comunidad a que en lugar de pedir la reubicación de la base del Ejército, se unan para rechazar la presencia de grupos subversivos en el lugar. “Si van a hacer protestas, que sean contra los grupos armados y no contra el Ejército Nacional, porque lo único que ellos hacen es proteger a la comunidad”, manifestó.