El presidente Gustavo Petro alcanzó en menos de cinco meses un acuerdo de cese bilateral al fuego con las cinco principales organizaciones criminales del país, responsables de secuestros, extorsiones, narcotráfico y ataques a la Fuerza Pública. Como un regalo de fin de año, Petro anunció que “la paz total será una realidad”, sin embargo, esa tregua ya tiene que superar varios retos en los primeros días de enero. Se espera que no pase como dice el dicho: “El que mucho abarca, poco aprieta”.

Al parecer, la que fue la bandera de campaña de Petro ya va por buen camino. El cese al fuego empezó a regir desde este 1 de enero y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2023, claro está, con posibilidad de prórroga dependiendo de los avances en las negociaciones con el Eln, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Agc y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

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Con este pacto se tendrán que suspender entonces todas las acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y dichas organizaciones al margen de la ley. Además, “para el inicio de estos pactos de cese de violencia, el Gobierno expedirá un decreto específico por cada una de las organizaciones, donde se determinará la duración y las condiciones de dicho cese del fuego”, se explicó desde presidencia.

En principio, la decisión se sentirá con fuerza en las regiones más afectadas por estos grupos criminales como Arauca, Putumayo, Cauca, Norte de Santander, Chocó y el nordeste antioqueño, pero la señal de tregua podría caerse si no se atienden temas específicos como la verificación, el actuar de la Fuerza Pública, la lucha contra el narcotráfico y la protección de civiles en zonas donde comandan otras estructuras criminales que no pactaron.

Si bien Petro anunció que ya se estableció un mecanismo de verificación nacional e internacional en la que participarán la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, la Defensoría del Pueblo y otros veedores internacionales, algunos analistas coinciden en que este es precisamente el punto más problemático del asunto.

Colombia ha tenido muchos procesos de paz, pero lo inédito acá es tener que cuidar que se cumpla la interrupción de hostilidades con cinco grupos a la vez, lo cual se complejiza todavía más ante la existencia de otras bandas y organizaciones que no se montaron en el pacto de cese al fuego.

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A esto se le suma la credibilidad que deben representar los verificadores tanto a nivel nacional como internacional, lo que estaría mediado por las garantías para que realicen su trabajo de manera objetiva.

Para Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, fuera de lo anterior, va a haber dos elementos relevantes en esa verificación: la participación de la sociedad civil, con la instauración de canales de denuncia eficaces y la garantía de que no haya intimidaciones; y el empoderamiento de las autoridades locales no en la negociación pero sí en el seguimiento a los compromisos del cese al fuego. “Es indispensable que haya un altísimo nivel de credibilidad”, concluyó.

Precisamente, la verificación ha sido el punto de quiebre para otros sectores políticos que ya se han pronunciado sobre la decisión de Petro.

Desde la oposición, el Centro Democrático, lamentó la decisión y manifestó las posibles complicaciones de una medida de este tamaño.

Incluso, el exprecandidato presidencial Rafael Nieto publicó en su cuenta de Twitter que esto podría convertirse en una oportunidad para que se siga delinquiendo pero sin atacar a la fuerza pública, “un cese al fuego bilateral, sin concentración de tropas, favorece a los elenos”, aseguró.

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Y en esta visión coincide Omar Yepes, expresidente del partido Conservador, quien cuestionó la decisión de pactar con grupos armados y se mostró temeroso porque se podría correr el riesgo de que las estructuras ilegales “aprovechen para ampliar el dominio territorial y consolidarse”, dijo.

Así mismo, para el excandidato presidencial, Enrique Gómez, la tregua que anunció Petro es una estrategia para “amarrar las manos de nuestro Ejército” y beneficiar solo a los delincuentes.

Por otro lado, la mayor parte de la bancada del Pacto Histórico aplaudió y apoyó a Petro. El primero en celebrar fue el ministro del Interior, Iván Velásquez, quien en su comentario contradice los miedos de la oposición al anunciar que hasta las Fuerzas Armadas están de acuerdo con la tregua.

Y uno de los comentarios más polémicos hasta el momento ha sido el del exsenador Gustavo Bolívar, quien se refirió a Petro como “comandante” y lo felicitó por el “regalo” de fin de año.

A otros el anuncio los cogió por sorpresa, como a Ariel Ávila, senador por el Partido Verde.

“Esto no lo esperaba tan rápido, es un gran paso”, dijo, pero a la vez, advirtió que es un cese al fuego bilateral, es decir que cobija al Estado con las cinco organizaciones mencionadas, “pero no es que haya un cese al fuego entre ellas (es decir multilateral)”, explicó.

La diferencia en los términos resulta esencial en la medida en que, en realidad, la mayor cantidad de muertos por el conflicto actual no se presentan en la confrontación entre la Fuerza Pública y cada grupo criminal, sino en la guerra que estos tienen entre sí por la conquista de territorios.

A fin de cuentas, queda esperar la salida del decreto que actuará como marco jurídico del cese bilateral al fuego y que en este documento se logren abordar los retos para que la paz no vuelva a fracasar.

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