El controvertido contratista, Emilio Tapia Aldana deberá responder por el caso de Centros Poblados y dos proyectos de tratamiento de agua en Cali, esto tras la acusación formal que hizo en su contra la Fiscalía General de la Nación.

En primer lugar, precisó la Fiscalía, dos de los eventos que se le atribuyen a Tapia Aldana, son el sonado contrato de ‘Centros Poblados’, con el que se buscaba llevar Internet a 7.000 escuelas rurales, en donde el acusado habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal.

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De acuerdo con el ente acusador, Tapia a cambio les pagaría 4.000 Cmillones de pesos. “De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato. Estas entidades no tendrían ninguna participación en el contrato, pero su presencia era determinante para reunir los requisitos esenciales para garantizar la adjudicación de la millonaria licitación”.

De los 70 mil millones del contrato, Emilio Tapia Aldana al parecer recibió 6.182 millones de pesos de los recursos iniciales entregados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías. El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos no plasmados en el plan de inversión como compra de obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta, y el pago de honorarios a abogados, por lo que fue acusado por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

De otra parte, Tapia Aldana está vinculado con la falsificación de varios documentos que fueron presentados en procesos licitatorios surtidos ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.

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“Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali. De esta manera, los funcionarios públicos incurrieron en error y permitieron que las empresas de Tapia Aldana participaran en la licitación y se quedaran con los contratos. En ese sentido, la Fiscalía los acusó por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado”, precisó el ente acusador.

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