Después de hacer público el mapa de riesgo extremo y alto que pesa sobre casi 400 municipios del país para las elecciones del 29 de octubre, la Defensoría del Pueblo decidió elevar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que se proteja la vida y los derechos de funcionarios públicos, políticos y los candidatos que están participando en la contienda actual.
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“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
De acuerdo con el titular de la entidad, la petición responde al nivel de amenaza en el que se encuentran tanto los actores políticos de varios regiones del país, como los aspirantes a los comicios locales y regionales que están desarrollando sus campañas.
Y es que según Camargo, son al menos 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido objeto de intimidación en departamentos como Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.
“No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023 para advertir los riesgos que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que se mejore la respuesta institucional, inmediata, con base en las recomendaciones que formulamos en la alerta”, aseguró Camargo.
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La Defensoría del Pueblo identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.
En el caso particular de Norte de Santander son 16 los municipios que están considerados en riesgo extremo para las elecciones que se avecinan. Estas localidades son: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Tibú, Sardinata, El Tarra, San Calixto, Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, La Playa de Belén y Ábrego.
Según la radiografía que ha hecho la entidad del Ministerio Público, el autodenominado Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia (disidentes de las Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc–Clan del Golfo), entre otros, son los grupos armados que hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos, y quienes tienen bajo zozobra a las poblaciones.
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“A todos, absolutamente a todos, se les debe respetar y garantizar la vida. Por eso le solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los servidores públicos y candidatos que están en riesgo por cuenta del accionar de los actores armados”, manifestó el defensor Carlos Camargo.
Descartan aplazar o suspender elecciones
Mientras desde la Defensoría del Pueblo insisten en el nivel de riesgo al que se enfrenta el proceso electoral que se avecina, el Gobierno Nacional volvió a dar un parte de tranquilidad con relación al desarrollo de los comicios.
Durante la más reciente sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirmó que no hay ninguna posibilidad de que se aplacen o suspendan las elecciones en algunas regiones.
“Evidentemente hay unas zonas en donde tenemos que mejorar nuestras acciones de seguridad. En zonas como Chocó, Cauca, Arauca, Meta y Valle tenemos que mejorar nuestra presencia”, reconoció Velasco, pero insistió en que no se contempla la posibilidad de no adelantar la jornada democrática en algunas zonas del país.
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