La semana pasada, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció la conformación de las ocho regiones de paz que se anunciaron desde finales de 2022, como parte de la llamada Ley de ‘Paz total’ y cuyo objetivo principal será avanzar en procesos de diálogo territorial que aporten a la reconciliación del país.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, los espacios en que se divide este ‘mapa de la paz’ tienen la particularidad de que cuentan con organizaciones de base que están construyendo iniciativas de paz, son de control hegemónico o fuerte influencia por parte de un grupo armado ilegal, están en disputa, tienen condiciones de miseria y exclusión, además de la presencia de economías ilícitas.

Norte de Santander aparece ubicada en la zona número cuatro, en la que también fueron priorizados La Guajira, Cesar, Santander y Boyacá. Aunque hay varios departamentos que se encuentran segmentados en más de una región de paz a la vez, este no es el caso de la zona fronteriza, pese a las particularidades que comparte también con Arauca, que está en la zona 5.

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Tal y como quedó contemplado en la ley de ‘Paz total’, el presidente de la República podrá designar comisionados regionales “para que bajo la dirección del alto comisionado para la Paz dialoguen con la comunidad y faciliten la consolidación de los acuerdos alcanzados”.

No obstante, estos delegados no tendrán facultades para iniciar procesos de paz o firmar acuerdos con grupos armados ilegales, ni contarán con autorización para adelantar acercamientos, conversaciones o firmar términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

Aunque el Gobierno todavía no confirma a partir de cuándo entrarán en funcionamiento dichas regiones de paz, ni cómo será el proceso para nombrar los comisionados, las sedes en las que funcionarán y otras características propias de esta figura, en la Ley 2722 se hacen algunas salvedades:

-Las regiones de paz no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la Fuerza Pública.

-Se promoverá la participación de la sociedad civil a través de instancias como los Consejos de Paz, Comités de Justicia Transicional, organizaciones sociales y de derechos humanos, mesas de víctimas, así como de empresarios, comerciantes y asociaciones de la zona, que manifiesten su intención de participar.

-La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus funciones, deberá acompañar los procesos de atención y seguimiento a las víctimas del conflicto.

Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que la división del país en zonas responde a la necesidad de poder aterrizar la paz, una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro, a nivel regional.

“Seguramente, y va a ser así, se van a encontrar unas lecturas sobre la  paz total diferentes en la zona 5 que en la zona 1. También porque responde a que en la zona 5 hay unos actores armados, en la zona 1 hay otros, hay dinámicas diferentes de violencia, hay diferentes necesidades en clave de mensajes de la sociedad civil a estos grupos y al Gobierno. Creo que esta división contribuye a especializar la mirada sobre cada una de estas zonas y las necesidades que tienen en materia de la paz total”, señaló Daza en un artículo publicado por la Fundación.

¿Qué espera el departamento?

Aunque en Norte de Santander la expectativa se mantiene en torno a los alcances de la política de ‘Paz total’ y los procesos de diálogo que están en marcha, como el del Eln, y los que podrían arrancar próximamente, como el de las disidencias de las Farc, también son muchas las inquietudes que surgen en torno a esta figura de las regiones de paz.

Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz y la reconciliación del departamento, aseguró que hasta el momento es poca la información que se conoce sobre la dinámica de las zonas en que se dividirá el país, cuándo se harán realidad, a quién nombrarán como comisionado regional, entre otros detalles.

Niño dijo que le preocupa que estas zonas terminen sin una función real que beneficie al departamento, pues el subcomisionado que se delegará tiene muchas limitaciones y todo se puede seguir concentrando en el nivel central.

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“Realmente, como lo planteó el comisionado de paz, no le vemos mucha función, porque el único que puede dialogar con los grupos es él y estos subcomisionados lo que van a hacer es socializar los acuerdos. Entonces, es lo mismo que nada, porque quienes estamos todos los días en la región somos nosotros. Aquí veo es una figura de más funcionarios, más gente, más de lo mismo, pero nada concreto”, señaló.

En ese sentido, el representante del gobierno departamental consideró que será necesario esperar que el Gobierno les comunique sobre el funcionamiento de estas regiones de paz, pues lo que esperan es trabajar verdaderamente en equipo y que los comisionados que se nombrarán sean reales y efectivos en el territorio.

Por su parte, Enrique Pertuz, presidente del comité ejecutivo del Consejo Departamental de Paz en Norte de Santander, considera que toda iniciativa que esté encaminada a conseguir el fin del conflicto es bienvenida y es necesario rodearla.

Sin embargo, reconoció que hay una preocupación con el mapeo hecho por el Gobierno Nacional, en la medida que el departamento quedó ubicado con otros que no guardan las mismas similitudes y, en cambio, lo separa de algunos con los que las características del conflicto son mucho más afines, como es el caso de Arauca.

“Eso facilitaría mucho más los encuentros y la presencia de sectores que de una u otra forma van a estar en el proceso entre el Gobierno y las Farc”, dijo.

El defensor de derechos humanos, al igual que Niño, planteó que es indispensable que la sociedad civil y los representantes de la región sean la “espina dorsal” de las conversaciones y no terminen siendo una figura decorativa en el funcionamiento de estas regiones de paz.

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