El llamado que desde el año pasado le vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos a los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Catatumbo, así como a la Fuerza Pública, para que se acojan a un acuerdo humanitario y se respeten los derechos de las comunidades, escaló hasta el Congreso de los Estados Unidos.

Esta mañana, representantes de la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, con el apoyo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), se reunieron de manera virtual con congresistas norteamericanos a quienes les expusieron la radiografía de esta convulsionada región y le pidieron su acompañamiento en la propuesta de sacar adelante unos mínimos humanitarios que permitan garantizar la vida y la libertad de las personas inocentes que están quedando en medio del conflicto.

“Es una contribución importante la que puede hacer el Congreso de los Estados Unidos y el nuevo gobierno a esta situación en que nos encontramos actualmente en Colombia. Lo que hay en el Catatumbo es una verdadera tragedia humanitaria. Los enfrentamientos armados, reforzados por una presencia más militar que social, están creando unas condiciones humanitarias muy complejas”, manifestó el expresidente Ernesto Samper, vocero de la Corporación Vivamos Humanos, que durante años ha acompañado a las comunidades catatumberas.

El exmandatario les recordó a los dirigentes estadounidenses que a comienzos de 2020 se definió el acuerdo cuya única intención es la humanización del conflicto, a fin de que la población civil pueda quedar al margen de la guerra que se libra en la zona. Y les dijo que esos mínimos que se plantean son:

1. Distinguir entre combatientes y no combatientes.

2. Proteger los bienes sociales indispensables, como las escuelas, hospitales, centros de abastecimiento de alimentos y acueductos.

3. Comenzar un programa de desminado.

4. Frenar el reclutamiento de menores.

5. Darle condiciones de movilidad a la población.

6. Garantizar la supervivencia económica de las comunidades.

7. Asegurar la presencia de misiones humanitarias en la zona.

Samper señaló que el acuerdo humanitario ha sido firmado ya por el Epl, el Eln, las disidencias de las Farc y otros actores armados que hacen presencia en el Catatumbo y que solamente falta un actor, que es el Gobierno colombiano.

“El Gobierno tiene que aceptar, en aras de la humanización del conflicto y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que se haga esto que hemos denominado un cese bilateral humanitario. Que cesen los enfrentamientos armados que comprometen la vida, la movilidad y la libertad de la población del Catatumbo”, planteó.

Y agregó: “Queremos pedirles a los honorables congresistas que nos acompañen, que le ayuden a la gente del Catatumbo, donde está próximo a estallar un conflicto de alta intensidad, a que por lo menos la población civil inocente, esas 300.000 personas que no tienen nada que ver con el conflicto armado, se les garanticen sus derechos mínimos y básicos”.

Cumplir el Acuerdo de Paz

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), también les insistió a los legisladores norteamericanos en la importancia de exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento del Acuerdo de Paz que se suscribió en 2016 con las Farc, pues manifestó que la “precaria implementación” y la imposibilidad de avanzar en un diálogo con el Eln, ha conllevado a que el conflicto continúe en la región.

“Solicitamos a la comunidad internacional, a los congresistas americanos comprometidos con la paz de Colombia, a que den lugar para asumir el debate internacional en relación con el enfoque que se le da a la guerra contra las drogas, teniendo en cuenta las afectaciones que estas han generado en las comunidades, pese a la voluntad de las mismas de sustituir los cultivos declarados ilícitos”, señaló Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación.

En ese sentido, pidió a los congresistas revisar el presupuesto destinado a Colombia para la lucha contra las drogas, y los incumplimientos que se vienen dando en el programa de sustitución, dada la insistencia del Gobierno Nacional en retomar las erradicaciones terrestres y aéreas con glifosato.

Finalmente, Gimena Sánchez, representante de WOLA, aseguró que como sociedad civil estadounidense seguirán apoyando a las comunidades afectadas por la guerra e insistiéndole tanto al Congreso como al Gobierno de EE. UU. para que respalden el esfuerzo que se viene haciendo para humanizar el conflicto en zonas como el Catatumbo y mejorar la situación de crisis que se vive en esta frontera.

En el encuentro también participaron Aschkayra Arabaradora, en representación de la población Barí, y el padre Jairo López, vocero de la Diócesis de Ocaña y de la Comisión por la Vida y la Reconciliación.