El 7 de agosto de 1998 cuando Andrés Pastrana Arango asumía como presidente de Colombia, el entonces dignatario del Senado, el conservador Fabio Valencia Cossio, en su discurso dio una frase que parecía ser la sentencia de un resultado que siete años atrás había dado paso a la Constituyente.

"O cambiamos o nos cambian", fue lo que le dijo Valencia Cossio a la vieja clase política que aún dominaba el Congreso de la República, pese a que apenas el país estaba estrenando las novedades y avances que trajo la Constitución Política de 1991. Una frase en donde el jefe conservador le advertía a esa dirigencia que debería estar más identificada con la ciudadanía y no sólo ser la caja de resonancia de los gobiernos de turno para aprobarles las leyes que tramitaban.

Y precisamente esa expresión de Valencia Cossio es la que ha vuelto a retumbar en la clase política actual, que ahora ve el reclamo popular de miles de ciudadanos que llevan más de dos semanas en las calles pidiendo cambios que también dependen del Legislativo se deben dar.

Al lado de los reclamos de los colombianos que no les impusieran las reformas tributaria y la salud, cambios al esquema laboral vigente y la necesidad de la educación universitaria pública gratis, entre otros reclamos, se ha escuchado de forma insistente que la gente está aburrida de los vicios de los políticos, sus mañas, los altos salarios por tan poco trabajo y las llamadas zancadillas que se le hacen a las leyes para favorecer a los más poderosos o al gobierno del momento que con "mermelada" o los auxilios burocráticos del pasado, les plegaba a su lado.

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, asegura que "el Congreso de la República ha estado muy ausente de lo que ha sido el proceso del paro y la protesta social, es sorprendente que quienes tienen que ser vaso comunicante entre demandas de ciudadanas y los que toman las decisiones y el Estado, que son los partidos políticos y sus representantes en el Congreso no hagan presencia".

Precisamente en ese "mea culpa", de todos los sectores pero en especial de los partidos de la coalición de gobierno, fue que se empezó a ver como en las dos últimas semanas el Legislativo se ha dispuesto para atender el clamor ciudadano, tanto la compleja situación de orden público en Cali, como también por los pliegos de peticiones expuesto en las tres jornadas de paro nacional que se han dado.

La primer reacción fue el viaje de la Comisión de Paz que fueron a Cali a escuchar los reclamos de los jóvenes, lo cual sirvió porque se dio en medio de las tensiones del orden público que había suscitado una exageración en su función de parte de la Policía con el Esmad. Los congresistas buscaron la mediación con las autoridades y que se garantizara la protección de los derechos humanos.

Luego vino una sesión plenaria del Senado de la República, en donde se escucharon a los voceros del comité nacional de paro, los jóvenes, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, pero también a los empresarios, la ciudadanía en general y los voceros del gobierno nacional y los organismos de control.

Durante esta última semana la Cámara de Representantes fue la que permitió abiertamente que todos estos sectores que están en las jornadas de protestas hablaran, abiertamente en la sesión plenaria de la corporación, para lo cual se destinaron tres sesiones. Una más se dio en Cali, el jueves, en donde incluso algunos representantes estuvieron en medio de una acción del Esmad que intentaba frenar a los manifestantes.

Sin embargo, esta postura del Congreso no ha sido liderada por su presidente, el senador barranquillero de Cambio Radical, Arturo Char, quien tan sólo en esa audiencia pública se ha referido al tema de las manifestaciones y dijo que la misma se enmarcaba en el compromiso democrático del legislativo.

"Sorprende que en todo este tiempo no se ha escuchado al presidente del Senado, no se le ha escuchado la más mínima propuesta, pareciera que no tiene que ver con la Presidencia del Congreso de la República, ni que tampoco que tuviera que pasar por allí las reformas legales, está a tiempo de corregir el rumbo", manifestó la directora de la MOE.

El analista Luis Estrada plantea que la discusión se debe sacar del Congreso de la República, para llevarla a las regiones, escuchar de viva voz a los ciudadanos para saber qué es lo que apremia. "Los congresistas deben escuchar a la ciudadanía, es la misma ciudadanía que esperan que voten por ellos en marzo próximo cuando sea la elección del Congreso", manifestó.

Ese llamado en parte ya se empezará a cumplir, por ejemplo en el Senado una comisión de senadores de todos los partidos, tanto los de gobierno, los independientes y quienes lideran la oposición, viajarán a diferentes partes del país con ese propósito, escuchar. Las visitas están previstas Cali, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Medellín, Bogotá y Soacha, como también a los municipios y distritos que se consideren necesarios viajar a recoger ese sentimiento popular. Las sesiones de esas reuniones serán transmitidas por el Canal Congreso y se implementará un espacio digital para que quienes no pueden asistir hagan sus aportes.

Desde la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano, considera que “hay que empezar y hay que salir y escuchar. Esta institución debe sintonizarse en medio de la crisis de la democracia representativa porque muchos dicen que no los representa nadie, cuando el Congreso fue elegido por voto popular y eso ha sido desconocido por mucha gente”.

En la Cámara de Representantes de la misma forma la llamada bancada joven del Congreso, compuesta por los representantes Juanita Goebertus, Catalina Ortiz, Katherine Miranda y Mauricio Toro, de la Alianza Verde; Gabriel Santos y Edward Rodríguez, del Centro Democrático; José Daniel López, Ángela Sánchez y Jorge Benedetti, de Cambio Radical; Adriana Matiz y Juan Carlos Wills, del Partido Conservador; John Jairo Hoyos, del Partido de la U; Juan Carlos Losada, Carlos Ardila, Alejandro Vega y Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal, han dispuesto que en las próximas 10 semanas, se harán 10 encuentros en las ciudades con más altos índices de desempleo juvenil, como Ibagué, Riohacha, Neiva, Cúcuta, Quibdó, Valledupar, Armenia, Tunja, Manizales y Villavicencio.

Desde el uribismo, el senador John Harold Suárez, considera que "la agenda legislativa debe ir encaminada a reducir los gastos del Estado incluyendo la reducción del número de senadores, diputados concejales y su salario, tal como he venido insistiendo hace meses, y todos aquellos proyectos encaminados en lucha contra la corrupción, el contrabando y la evasión tributaria. Se requiere dejar de lado intereses políticos y construir consensos que permitan devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y avanzar en los procesos de reactivación económica y agenda social en beneficio especialmente de los jóvenes".

Pero ese optimismo legislativo del senador Suárez, no es acogido por Alejandra Barrios, quien considera que se podrá llegar a unos acuerdo mínimos sobre temas menores, pero no se llegará a las grandes reformas. "Es fundamental primero construir una agenda, para llegar a unos acuerdo mínimos para una agenda ideal, pero con la dinámica que lleva el Congreso es muy difícil que pueda salir esto", sostuvo.

Para el exprocurador general de la Nación, Fernando Carrillo, "si este Congreso no se sintoniza con la calle va a ser decapitado en las elecciones del 2022, ésta es la última oportunidad que tienen".

Frente a la agenda de urgencia que se debería estudiar, considera Carrillo que ya hay una identidad de cuáles son los puntos. "No puede haber una agenda tan ambiciosa en donde se ponga a todo el Estado, pero si las más urgentes, la reforma a la educación, la reforma a la salud, la reforma a nivel del ingreso del gasto público, esto no es sólo una reforma tributaria".

Una ley más que podría entrar en esa prioridad del Congreso sería la reforma al funcionamiento de la Policía, la fuerza pública más controvertida a lo largo de las jornadas de paro desde el año 2019 a la fecha. En tal sentido el expresidente César Gaviria Trujillo, jefe del liberalismo, pidió a esa bancada que se trabaje rápidamente para encontrar los consensos para tramitar dicha ley.

“Es una tarea que no es menor y que se debe asumir con toda la seriedad, hay que crear una comisión que ofrezca mucha credibilidad para reformar nuestra Policía. No nos podemos dejar llevar a las cosas que han ocurrido en Estados Unidos en donde hay ciudades enteras pidiendo que se acabe la Policía”, expresó Gaviria sobre los cambios que se deben dar en esta institución.

Le llegó el momento al Congreso de escuchar el reclamo popular, la agenda legislativa que tradicionalmente se ha dedicado a sacar las leyes del gobierno y que para esta legislatura estaba proyectada para 19 leyes parece que no se cumplirá, su principal referente, la reforma tributaria fue la que detonó ese malestar que tiene la ciudadanía con los congresistas que en muchos casos votan primero pensando en intereses personas que en los nacionales.