Después de 84 días, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) finalmente entregó una respuesta a la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo sobre la propuesta de desescalar el conflicto armado para sacar a la población civil de la confrontación que libran en la zona desde hace casi medio siglo y que ha cobrado la vida de miles de  personas.

La última petición había sido elevada el pasado 28 de agosto, cuando diferentes organizaciones sociales, comunales, junto a fundaciones y entidades públicas y privadas hicieron público un documento en el que plantearon siete reglas mínimas humanitarias para garantizar la integridad y la vida de los catatumberos que nada tienen que ver con el conflicto.

Desde el Frente de Guerra Nororiental ‘comandante en jefe Manuel Pérez Martínez’ plantearon que dicha propuesta, al igual que todos los esfuerzos e iniciativas orientadas a proteger la vida, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una verdadera paz, son bienvenidos y abrazados por parte del Eln. “Valoramos positivo el esfuerzo hecho por ustedes y los animamos para continuar en esta búsqueda”, se lee en la comunicación.

En la misiva, el Eln dice que ratifican el compromiso para acatar las normas internacionales que regulan los conflictos armados internos, contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, así mismo, “las normas establecidas en nuestro Código de Guerra que en lo fundamental se identifican con lo planteado por la Mesa Humanitaria como propuesta”.

En su respuesta, la guerrilla insiste en los señalamientos hacia el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, al que culpan de continuar agudizando las causas que generaron el conflicto político y armado en el país, con su gestión.

“La opción por la guerra se ha mostrado claramente, entre otros, en el levantamiento unilateral de la Mesa de Diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la represión y persecución al movimiento social, el genocidio continuado contra la oposición política y los planes de intervención a los territorios”, dice en el comunicado.

Sin reconocer su papel en la confrontación que persiste en el Catatumbo y que también ha dejado miles de afectados, el Eln asegura que las iniciativas anunciadas por el Gobierno para esta subregión, desde la primera visita de Duque a Tibú, son de guerra.

 “Mientras que la región anhela la paz, el Gobierno aumenta la militarización de los territorios, fortalece su aparato represivo y promueve la expansión del narcoparamilitarismo. La regulación de la confrontación entre el Eln y las Fuerzas Militares y de Policía del Estado, será producto de acuerdos entre las dos partes”, dicen.

En ese sentido, el Eln reitera sus intenciones de volver a la mesa de negociación que fue instalada en Cuba, pero que se levantó en enero de 2019, después del atentado a la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, que dejó un saldo de 22 muertes y 90 heridos.

“Se reafirma la voluntad de allanar caminos para buscar una salida política al conflicto político, social y armado. El futuro de la Nación no puede seguir siendo de guerra y las regiones el escenario para imponer los planes violentos del Estado”, planteó la guerrilla.

El llamado de la población

Paralelo a la carta que se conoció por parte del Eln, ayer, la población del Catatumbo se movilizó en la jornada de Paro Nacional para pedir una vez más el cumplimiento de los acuerdos de La Habana.

Una de las principales manifestaciones fue de rechazo ante el ‘genocidio’ en contra del pueblo catatumbero, toda vez que recordaron que a la fecha se  han producido cinco masacres y 7 líderes sociales y 26 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados.

La semana anterior, el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) denunció que el Eln estaría teniendo como nuevo blanco de amenazas a los familiares de los defensores de derechos humanos en el Catatumbo.

Desde hace casi tres meses, la población civil y diferentes entidades estaban a la espera de la respuesta del Eln, toda vez que los  enfrentamientos en la zona no censan y  esto ha hecho que se mantengan los desplazamientos desde los diferentes municipios de la subregión hacia  otros lugares del departamento y del país, en busca de protección.

La propuesta de un desescalamiento del conflicto armado para sacar a la población civil de la confrontación había sido acogida hasta el momento por las disidencias de las Farc y el Ejército Popular de Liberación (Epl), por lo que las comunidades aguardaban la posición del Eln y del Gobierno Nacional.