Hace un mes entró en vigencia el cese bilateral del fuego suscrito por el gobierno del presidente Gustavo Petro con varios grupos armados ilegales, entre ellos la disidencia del Frente 33 de las Farc que opera en Norte de Santander y que actualmente se autorreconoce como integrante del “Estado Mayor Central” de esa organización.

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Y si bien el balance en materia de reducción de ataques, asesinatos, afectaciones y heridos de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil es positivo en el departamento, según los resultados de la primera evaluación que entregaron las autoridades, la persistencia de las hostilidades preocupa a las comunidades de regiones con gran presencia de actores armados como el Catatumbo.

De acuerdo con el portavoz del Gobierno Nacional, el ministro del Interior, Alfonso Prada, en Norte de Santander los homicidios por cuenta del conflicto se redujeron en un 2,6% en estos primeros 30 días de tregua, demostrando de esta forma que “se ha protegido la vida y la integridad de varias decenas de miembros de nuestra Fuerza Pública”.

“Tenemos unas cifras muy consolidadas que nos muestran un porcentaje promedio muy alto de salvamento de vidas, producto de este cese bilateral en las regiones en donde operan las estructuras con las que hemos entrado, o en un diálogo de paz, o en una conversación socio-jurídica, con miras al desmantelamiento de estructuras de alto impacto del crimen organizado”, señaló Prada.

No obstante que los indicadores en lo que tiene que ver con la disminución de la violencia por cuenta de la confrontación armada son favorables en zonas como el Catatumbo, uno de los principales objetivos que persigue el Gobierno con el acuerdo al que se ha llegado hasta ahora con las organizaciones al margen de la ley no se está cumpliendo del todo: la suspensión de la afectación humanitaria de la población.

En los decretos firmados por el presidente Petro a finales de 2022 con el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas como Clan del Golfo y otros, se establecía que además de suspender las acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y estos grupos, el cese bilateral tendría como objetivo principal “suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la Nación”.

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Líderes campesinos, defensores de derechos humanos y habitantes de los municipios del Catatumbo coinciden en que, incluso desde antes de que se decretara el cese, ha sido notoria la reducción del conflicto entre los actores armados y el ambiente es otro en materia de homicidios. La zozobra a la que estaban expuestos permanentemente también mermó.

Un escenario distinto es el que se percibe en cuanto a las afectaciones a la población, y el esperado desescalamiento del conflicto que vienen pidiendo las organizaciones de la sociedad civil desde hace ya varios meses aún no llega.

“Nos parece importante que en este cese al fuego se pueda revisar el tema de las hostilidades, porque eso implica la no afectación a la comunidad y a la población civil. Creemos que es importante que en el mecanismo de seguimiento que se cree o se esté creando con los protocolos que se vayan a establecer con el Eln y el llamado Estado Mayor, se fije ese punto, porque eso ayudaría a la reducción de las afectaciones a las comunidades, líderes, población civil”, planteó Junior Maldonado, vocero de Ascamcat.

El representante de la organización campesina señaló que se siguen presentando casos de desplazamiento forzado, secuestro, afectaciones a la movilidad en ciertas zonas y dificultades para el retorno de muchas familias.

Con Maldonado coincide Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien asegura que aunque es un hecho que hay optimismo entre las comunidades por la apuesta de ‘Paz total’ de Gustavo Petro, las hostilidades contra la población civil persisten.

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“Este cese al fuego tiene esta dificultad. Lo que está ocurriendo ahora son mensajes de buena voluntad y una de esas expresiones es bajarle a las hostilidades militares y contra la población civil, y ahí las organizaciones han asumido algunos compromisos, unas más que otras, pero en términos generales las hostilidades contra la población civil no han cesado, eso no se puede negar”, manifestó.

Urgen los protocolos

Tanto Junior Maldonado como Wilfredo Cañizares y la propia Defensoría del Pueblo consideran que uno de los aspectos más importantes o que urge definir en medio del cese que está en marcha, son los protocolos.

Pepe Ruiz, defensor del Pueblo en Norte de Santander, manifestó que la entidad no ha recibido las pautas para la verificación de estos acuerdos suscritos por el Gobierno y en esa medida no ha sido posible determinar hasta ahora si ha habido violaciones o no a la tregua pactada entre las partes.

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“Han ocurrido algunos hechos, pero no se han identificado quiénes son y no podríamos decir que son los unos o los otros, pues dañaríamos de manera irresponsable los acuerdos”, señaló.

Uno de los episodios que abrió el debate en el departamento sobre la pertinencia de dichos protocolos fue el patrullaje que esta semana hicieron integrantes de la disidencia del Frente 33 de las Farc en el casco urbano de San Calixto, como ejerciendo su propia autoridad.

Al respecto, Maldonado consideró que esto es parte de lo que el Gobierno debe precisar en los protocolos, porque en este momento nadie tiene certeza de si eso se puede considerar como una violación al cese o no.

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“No conocemos bien esos protocolos. Por los medios de comunicación han dicho que va a haber un mecanismo comunitario para hacerle seguimiento al cese, pero es necesario poder conocer bien los protocolos en la región para poder saber y definir qué es y no una hostilidad”, dijo el vocero de Ascamcat.

Desde la Fundación Progresar también insisten en que es urgente que se avance cuanto antes en la definición de esas reglas y que se incluya, principalmente, la protección y respeto a la población civil. “Un cese al fuego tiene que ser también con la población civil”, consideró Wilfredo Cañizares.

Por ahora, desde el Gobierno Nacional no se ha dicho nada sobre los parámetros que rigen el cese bilateral.

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