Luego de que un juzgado de la ciudad ordenara enviar a la cárcel al exalcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez París, el Inpec no ha podido hacer efectiva esa medida, toda vez que el exmandatario no se encuentra en la residencia que le fue autorizada para cumplir con el beneficio de casa por cárcel del cual gozaba desde el año pasado.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario le confirmaron a La Opinión que ya en dos oportunidades se han acercado a su vivienda a pasar revista y cumplir con la orden que emanó el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta, de trasladarlo a un centro carcelario, pero no aparece en su casa.

“Nosotros ya enviamos a recogerlo y no está en la casa. Ayer (miércoles) se hizo la primera visita y hoy la segunda y no se encuentra en la casa. Mañana pasaremos nuevamente revista. Ese hecho ya se le informó al juez, a ver qué decisión toma”, indicó el Inpec.

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La situación en que se encuentra el exgobernante local sería irregular, toda vez que hasta el momento no hay registro o confirmación de que haya hecho una solicitud formal ante el juez de primera instancia, de un cambio de residencia que justifique su ausencia en el lugar en el que lo están intentando localizar actualmente.

En ese sentido, La Opinión conoció que si en un plazo de 72 horas no se tiene información del paradero del exalcalde cucuteño y no se puede hacer efectiva la orden del juez, se procederá a declararlo como prófugo de la justicia.

El miércoles, una vez se conoció la decisión adoptada por el Juzgado Sexto Penal, de revocar la medida de casa por cárcel que beneficiaba a Ramírez y ordenar su traslado a prisión, también se supo que la defensa del exmandatario estaba haciendo gestiones para recluirlo en un centro médico de atención especial, por un cuadro de depresión y ansiedad que presentó.

Hasta el momento, sin embargo, no hay reportes de su ingreso a una institución de carácter público.

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Donamaris Ramírez, alcalde de Cúcuta entre 2012 y 2015, afronta un proceso penal desde hace unos ocho años, por las presuntas irregularidades que rodearon la ejecución del contrato 876 de 2013 para la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Cormoranes, Ciudad Rodeo, Torcoroma Siglo XXI y Comuneros, cuyo valor alcanzaba los $4.695 millones.

Por estos hechos le imputaron los delitos de prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en calidad de coautor.

Y si bien en un principio fue cobijado con medida de aseguramiento en su residencia, como la decisión fue apelada, el juez que analizó el caso decidió revocar el beneficio, al considerar que la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en el domicilio no resultaba jurídicamente viable.

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