En junio de 2022, Gustavo Petro logró convertirse en el nuevo presidente de la República, con la promesa de un cambio que fue refrendada en las urnas por más de 11 millones de colombianos. En un hecho histórico, el país dio un giro a la izquierda, sustentado principalmente en el anhelo de jóvenes, adultos, mujeres y ancianos, de empezar a ver, por fin, saldadas todas esas viejas deudas que ha tenido el Estado con los sectores menos favorecidos.
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Democratizar la tierra, el saber y el crédito, lograr la esperada reforma agraria que por años ha demandado el país, alcanzar la paz con los distintos actores armados, empezar el tránsito hacia una economía popular y productiva basada en el respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista; desmilitarizar la vida social, establecer un sistema único, público y universal de salud, y reformar el modelo de pensiones, fueron algunas de las propuestas con las que Petro ilusionó a los colombianos.
En un lugar especial de la lista de promesas, apareció también la lucha frontal contra la corrupción, flagelo que se comprometió a combatir “con mano firme y sin miramientos”, además de anunciar cero tolerancia con la politiquería.
Dos años después, cuando Gustavo Petro llega ya a la mitad de su gobierno, el descontento es evidente, incluso entre muchos sectores que respaldaron su llegada al poder, pues las esperanzas de cambio parecen diluirse día a día entre la improvisación, los escándalos, los incumplimientos y la incertidumbre por la situación económica del país.
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Las encuestas más recientes reflejan que la imagen que hoy tienen los colombianos sobre la gestión y el desempeño del mandatario es muy baja y, por ende, el pesimismo es mayor.
Según una medición de la firma Guarumo y Ecoanalítica, hecha entre el 31 de julio y el domingo 4 de agosto, el 65,9% de los 2.023 consultados consideró que lo que viene haciendo el presidente de la República es malo y pésimo. Tan solo el 27,6% le da una buena calificación.
Adicionalmente, el 74,3% piensa que el país va por mal camino y entre los temas que más les preocupan son: el acceso a la salud, la corrupción, la seguridad, el costo de vida y la falta de empleo, aspectos que, precisamente, hacen parte de la apuesta de cambio que prometió el gobernante.
Por su parte, un estudio hecho por Invamer para Caracol Noticias y Blu Radio, entre el 26 y el 29 de julio, señala que un 58,3% de los colombianos encuestados desaprueba la gestión de Petro. Solo el 34,6% la avala. En esta medición también consultaron a los colombianos sobre la percepción del país y el 65,2% cree que Colombia va por un mal camino.
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El desempleo y la situación de la economía, la mala función del gobierno, la corrupción y el orden público aparecen en esta encuesta como las principales preocupaciones de los colombianos.
En La Opinión le dimos una mirada a algunos de los aspectos que más le cuestionan hoy al presidente de la República.
Reformas sin consenso
Desde que tomó posesión de su cargo, Gustavo Petro anunció grandes reformas sociales y estas se convirtieron en una de las principales banderas de su gobierno. La primera en llegar al Congreso fue la ambiciosa reforma a la salud, después la laboral, la pensional y la de educación.
Las mismas proponían grandes transformaciones y cambios drásticos que, para algunos, necesitaban consensos, discusiones y un acuerdo nacional que permitiera escuchar a todos los sectores. Este escenario nunca se dio, pese a que fue una de las primeras propuestas que el presidente les hizo a los partidos. Por eso, las ambiciosas propuestas de transformación empezaron a naufragar.
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Hasta el momento, la única que ha salido adelante es la reforma pensional que entrará en vigencia a mitad de 2025, si no se cae antes en la Corte Constitucional, puesto que algunos partidos de oposición e independientes reclaman que el proyecto fue pupitreado.
Con la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior, hace unas semanas, Petro parece querer enderezar el rumbo y con un jefe de la cartera política más conciliador y mediador, intentará salvar sus grandes proyectos.
Corrupción: ‘promesa defraudada’
Una de las banderas que enarboló durante la campaña Gustavo Petro fue la lucha contra la corrupción. Ese discurso le permitió, en gran medida, obtener el voto de los colombianos cansados de años y años de ver el desangre de los recursos públicos.
Sin embargo, más pronto de lo que muchos esperaban, este fantasma se coló en el llamado ‘gobierno del cambio’ y empezó a minar la confianza en la nueva administración.
Denuncias por presunta financiación ilegal de la campaña en las que terminó comprometido su propio hijo Nicolás Petro, audios con las polémicas conversaciones entre el embajador Armando Benedetti y la jefe de gabinete, Laura Sarabia, en las que se hablaba del aparente ingreso de $15.000 millones a la campaña, y la presunta donación irregular de dineros por parte de Fecode, entre otros señalamientos, terminaron poniendo al jefe de Estado bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión de Acusaciones.
Y sin que el país se hubiera sacudido todavía de este episodio que empezó a poner en tela de juicio la promesa de cambio del primer gobierno de izquierda, estalló el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por cuenta del manejo irregular de millonarios contratos que habrían ido a parar a manos de políticos.
Transparencia por Colombia, en un balance sobre la lucha anticorrupción en estos primeros dos años del gobierno, concluyó que la promesa de enfrentar las redes enquistadas de corrupción se encuentra “defraudada” por la gravedad de los escándalos que enfrenta el Gobierno.
“El perdón que el presidente Petro pidió por el escándalo de la Ungrd corre el riesgo de caer en el vacío, por no contar con una estrategia clara, coordinada y que llegue a resultados concretos. De fondo, está en juego la credibilidad de la ciudadanía, cuyo pesimismo está aumentando de manera dramática”, manifestó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Un escenario fiscal desalentador
En junio pasado, el presidente de la República admitió públicamente que el escenario fiscal del país no era el mejor y que por cuenta de un error del Gobierno, al querer demostrar que la reforma tributaria con la que inauguró su mandato aumentaba el recaudo, terminaron desfinanciados.
“Mortal, porque ahora los grandes contribuyentes ya pagaron el impuesto el año pasado y entonces estamos desfinanciados, así de simple. Por eso el ministro de Hacienda recortó el gasto”, reconoció Petro. Dicho recorte está por el orden de los $20 billones e impactará a los diferentes ministerios.
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Desde antes de que el presidente admitiera la situación, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ya había alertado que el escenario actual no era para nada alentador.
“El gasto público ha crecido de manera exorbitante durante los últimos años, el recaudo reciente de impuestos ha caído por la desaceleración económica y el endeudamiento durante la pandemia está pasando factura. Desde distintos sectores hemos advertido desde el año pasado que el Gobierno Nacional se viene quedando sin margen de maniobra para cumplir la regla fiscal”, decía el informe.
Fedesarrollo advirtió también, el fin de semana, que el presupuesto del próximo año presenta un déficit de $26,6 billones y no de $12 billones como afirma el Gobierno, “lo que sugiere que la Ley de Financiamiento sería insuficiente”.
La desaceleración económica, la caída de la inversión por cuenta de la incertidumbre que producen las decisiones de Gobierno y el balance negativo de algunos sectores claves para la economía como la construcción, hacen parte del escenario poco favorable de estos primeros dos años de Gustavo Petro.
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“La desaceleración ya le está pasando factura a las cifras sociales como el empleo, pero seguramente va a tocar la pobreza y a la equidad. Por eso se debe pensar en cómo minimizar esos efectos negativos, pero para que ocurra hay que corregir el rumbo para trabajar mancomunadamente con el sector empresarial en un plan de reactivación económica y sobre todo en propuestas de reforma que contribuyan a la mejor dinámica de la inversión privada y no lo contrario”, planteó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo en el diario Portafolio.
Volvió el miedo
Otra de las duras críticas que ha recibido el gobierno Petro en estos primeros dos años ha sido el notable deterioro de la seguridad y el orden público en zonas en las que el proceso de paz con las Farc alcanzó a esperanzar.
A pesar de que su apuesta principal ha sido la llamada ‘Paz total’, el escenario de negociación con diferentes grupos armados ilegales con los cuales está sentado a la mesa y los ceses al fuego han permitido un fortalecimiento de estas estructuras en regiones como el suroccidente del país.
El propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció recientemente que la disidencia de las Farc que lidera Iván Mordisco y con la que hasta hace unas semanas estaba negociando el Gobierno, ha sacado provecho de esa condición.
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“Ha habido un aprovechamiento del cese para incrementar capacidades de esa organización, pero las Fuerzas Militares han respondido adecuadamente. Ha habido un fortalecimiento en Cauca, un corredor hacia Caquetá, lo que implica Huila y Tolima”, dijo a medios nacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló en su más reciente balance humanitario que entre enero y mayo de 2024, las consecuencias humanitarias de los ocho conflictos armados que existen en el país se intensificaron de forma considerable, como resultado del recrudecimiento de las acciones armadas y de la disputa territorial entre actores armados no estatales.
Los otros lunares del Gobierno
-Baja ejecución presupuestal: la Procuraduría ordenó la apertura de 14 indagaciones previas a funcionarios del Gobierno, por la presunta baja ejecución de recursos de inversión durante la vigencia 2023.
-Crisis ministeriales: en dos años, el presidente ha tenido 37 ministros.
-Falta de gas: las reservas probadas de gas en Colombia cayeron hasta 2.373 gigapies cúbicos (Gpc), es decir, solo quedan para un período de 6,1 años.
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